Principal de Primera Plana

Zeferino criminaliza

trabajo periodístico

Javier Vega Almazán.—Ante la clara intención del gobierno de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo de criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, lo cual representa un grave atentado contra el estado de derecho, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), exige se garantice el trabajo de los comunicadores sociales.

Mediante un comunicado hecho llegar la tarde de hoy a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, la APEG, también exige que se garantice el libre ejercicio de la Libertad de Expresión; El esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros reporteros ocurridos desde 1997 a la fecha; Alto al hostigamiento y persecución a los reporteros de El Sur; Alto a la judicialización de la labor periodística contra la Agencia de Noticias IRZA.

En el comunicado, se señala que ante la difícil situación en la que se desarrolla el ejercicio periodístico en el estado y en el país, los integrantes de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) hemos tomado la decisión de reagruparnos y fijar nuestra posición respecto de tres casos que sintetizan la impunidad, la falta de mecanismos de protección a los periodistas y la prevención de agresiones, así como la urgente necesidad de despenalizar los llamados delitos contra el honor.

Recuerdan que en el año 2007, El Sur publicó una nota firmada por el reportero Ezequiel Flores, en la que se consignaba la asignación directa por parte de la SEG de contratos a empresas constructoras, que según empresarios estaban ligadas al hermano del gobernador, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Alberto Torreblanca Galindo.

No tardó mucho, y la respuesta, fue inmediata, el hermano del mandatario estatal interpuso una demanda en contra de cinco compañeros reporteros: Mónica Martínez, Teresa de la Cruz, Ezequiel Flores, Jesús Saavedra y Hugo Pacheco, a quienes ahora les reclama, por medio de una demanda en un juzgado civil del puerto de Acapulco, el pago de diez millones de pesos por un supuesto daño moral.

Desde luego que preocupa a los comunicadores, por lo que puntualizan, «que este hecho constituye una muestra clara de la intención del gobierno de Carlos Zeferino Torreblanca de criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, lo cual representa un grave atentado contra el estado de derecho».

Añaden, «extrañamente, el desahogo de la demanda civil en contra de los comunicadores se postergó durante más de tres años, y ahora, a punto de acabar el sexenio de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, se cita a los reporteros a declarar. Mañana miércoles (3 de agosto) tienen que presentarse los cinco compañeros en un juzgado de Acapulco, donde es previsible la intención de que se dicte una resolución favorable al hermano del gobernador antes de que finalice el sexenio.

Los denunciantes enfatizan que resulta paradójico que a pesar de que el propio secretario estatal de Educación, José Luis de la Vega Otero, reconoció que tal como lo consignaba la nota motivo de la demanda, el procedimiento de adjudicación fue irregular, porque las obras en cuestión debieron licitarse, e incluso el secretario de Obras Públicas, Guillermo Torres Madrid, reconoció que dos de las empresas beneficiadas con tales asignaciones ni siquiera estaban registradas en el padrón de contratistas del gobierno del estado, el gobierno fue omiso y no investigó estas irregularidades ni mucho menos fueron sancionados los responsables, pero en cambio se pretende criminalizar el trabajo periodístico, con la clara intención es silenciar la denuncia pública.

Ante esto, la APEG se solidariza con los reporteros citados a declarar y repudia este hostigamiento, persecución y acoso, que tiene el claro propósito de amordazar el trabajo periodístico, y que es evidente tiene su origen en el gobierno del estado que encabeza Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

Por ello, la APEG hace un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, a que reivindique la autonomía del Poder Judicial, a fin de que el juicio civil se desahogue de forma imparcial y sin responder a la consigna del titular del Ejecutivo, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

Otro caso de acoso en contra de comunicadores que la APEG repudia categóricamente es la queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) del senador del PRD David Jiménez Rumbo en contra de la Agencia de Noticias IRZA, a la que acusa de la elaboración y distribución de una encuesta sobre las preferencias electorales de los aspirantes del PRD a la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En el ejercicio de la libertad de expresión, la Agencia de Noticias IRZA se limitó a cumplir con su labor de informar los resultados públicos de una encuesta que no elaboró, pero que en un acto de intolerancia ahora se pretende utilizar como mecanismo para intentar acallar su labor.

Esta es una prueba más la intolerancia de los actores políticos que desde diversos ángulos presionan a los medios de comunicación cuando éstos no se someten a su dictados.

En este contexto, consideramos oportuno este momento para reactivar a la APEG, porque como es de todos conocido en este sexenio de Zeferino Torreblanca, se ha atacado a la prensa como nunca, al extremo de que en este periodo se ha perpetrado el mayor número de asesinatos de comunicadores, amen de otras agresiones en contra de la libertad de expresión.

A propósito de estos asesinatos, el gobernador ha reiterado que no tienen nada que ver con la labor periodística, lo cual es inadmisible en un gobernante, ya que si él sabe quienes fueron los autores de estos crímenes tiene la obligación de darlo a conocer.

Al margen de que si los homicidios tiene o no su origen en el quehacer periodístico, es obligación de la Procuraduría de Justicia esclarecer los casos y no descalificar a los comunicadores asesinados.

Nuestra postura está sustentada en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se plantea que la censura previa, interferencia, o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, así como las restricciones en la circulación libre de ideas u opiniones, como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la Libertad de Expresión.

Impedir los periodistas sean

rehenes de la delincuencia

MEXICO, D.F.—Tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada por el secuestro de cuatro periodistas en la región de La Laguna, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) desea dar a conocer su posición.

1.- La Fundación para la Libertad de Expresión se sumó al silencio de los medios informativos cuyos periodistas fueron secuestrados. Por ello y por la necesidad de tenerlos vivos, es que nos pronunciamos hasta hoy.

2.-La Fundalex se solidariza con Héctor Gordoa, Alejandro Hernández, Javier Canales y Óscar Solís y con los medios de comunicación masiva para los que laboran.

3.- De la misma forma cómo hemos criticado el trabajo de las autoridades de los distintos niveles de gobierno cuando justificadamente lo merecen, esta ocasión reconocemos que el sistema de inteligencia logró dar un golpe a la delincuencia organizada y trajo con vida a dos de los periodistas.

Esto puede ser una prueba de que el sistema de inteligencia desmantelado en el sexenio pasado, se está reconstruyendo y si es así, esperamos sea utilizado para el bienestar de todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros que vivimos en este país.

4.- Para la Fundalex estos acontecimientos son uno de los más graves ataques de que se tenga memoria en la historia de México contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el periodismo en general, sólo después de los asesinatos de nuestros compañeros periodistas.

5.- El mensaje es de chantaje: «Ya no los mato. Ahora los secuestro y los mato si no haces lo que yo te digo o actúas contra lo que yo te digo». Mediante el chantaje, los criminales pretenden dictar los contenidos en los medios de comunicación masiva.

6.- Para el periodismo (empresarios, periodistas y organizaciones afines) este es un momento de decisión. ¿Nos acompañamos para crear una política de alcance global que nos permita sortear en unidad los futuros ataques o permitimos que la libertad de expresión y el derecho a la información también sean rehenes de la delincuencia y con ellos la sociedad entera?

7.- La Fundalex hace un llamado a los medios, a los periodistas y a las organizaciones a discutir la forma de unificar políticas y protocolos para salir librados del embate, porque mientras no lo hagamos en unidad, el periodismo y sus trabajadores seremos vulnerables a los ataques.

8.- El Estado mexicano no puede aparecer ajeno a esta política. Tiene facultades para ayudar a impedir los riesgos contra el periodismo y debe utilizarlas. Ya lo hizo la semana anterior.

9.- La Fundalex estará presente en el reclamo espontáneo que se realizará el próximo sábado 7 de agosto, desde las 12:00 horas en el Monumento al Ángel de la Independencia en la CIudad de México y hacemos un llamado a los periodistas de nuestro país y el extranjero, que de manera simbólica, también se manifiesten en la medida de sus posibilidades.

10.- Por el bien de todo México y porque la incipiente democracia que vivimos no se revierta de la mano del crimen organizado, no nos debemos callar. La libertad de expresión y el derecho a la información son principios fundamentales para ser verdaderamente libres y los mexicanos lo somos y queremos seguirlo siendo.

«Sin la libertad de expresión, ningún hombre puede decir que es libre.»