PRIMERA PLANA

Ante la CIDH exponen

el problema La Parota

WASHINGTON, D.C.—Este jueves se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos de infraestructura supuestamente diseñados para otorgar un servicio público de interés general, en casos como carreteras, presas hidroeléctricas, y desarrollos inmobiliarios y turísticos, lo cual ha desatado conflictos sociales en diversas regiones del país, entre ellos el caso de La Parota.

Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Alianza Sierra Madre, Tlachinollan, Colectivo Coa, Comunidad Indígena Wixárika (Huichol )Tuapurie, AJAGI y Conservación Humana expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura que inciden sobre territorios y recursos naturales de las comunidades.

Esto, además de contravenir también artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el acceso a la información pública y a la participación en asuntos de interés público, ha dado pie al desplazamiento forzado de miembros de la comunidad y al hostigamiento armado de líderes comunitarios.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que solicite información al Estado sobre los procesos de consulta llevados a cabo en proyectos de interés público en México; que realice una investigación in situ en los lugares señalados y presida una mesa de trabajo con el Estado mexicano y la sociedad civil sobre la iniciativa de Ley de Consulta Indígena; requirieron también que se inste al Estado mexicano a respetar los tratados internacionales que ha ratificado.

Entre los casos expuestos fue el de la presa hidroeléctrica La Parota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en connivencia con el ejecutivo del estado de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, pretende imponer a campesinos de Acapulco rural. No se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que desplazarían a 25 mil campesinos y afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y el CDHM/Tlachinollan expusieron como el 12 de agosto de 2007 más de 5 mil comuneros emitieron su voluntad en la Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec, convocada según los usos y costumbres y acorde al art. 169 de la OIT. A pesar de ello, el gobierno del estado continúa en su empecinamiento de construir la presa hidroeléctrica, prueba de ello son las asambleas realizadas el 18 y 28 de abril de 2010, en la comunidad de La Concepción y en Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Cabe destacar que estas Asambleas incurrieron en los mismos vicios que cuatro que se realizaron en 2005 - San Marcos, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma - y que fueron declaradas nulas por los Tribunales Agrarios por falta de tiempo en la convocatoria, presencia policiaca, cierre del acceso a los campesinos opositores a la presa o acarreamiento de personas favorables al proyecto.

Por estas razones, tras las Asambleas del 18 y del 28 de abril, el CECOP solicitó la nulidad de las Asambleas.

Posteriormente el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Acapulco, emitió una medida cautelar que impide que existan convenios de ocupación previa, convenios de expropiación y la realización de trabajos en la zona mientras no se resuelva el Juicio agrario 360/2010 que versa sobre estas Asambleas.