Torreblanca atropellará
derechos de burócratas
Texto y foto :Agustín Nava Escobar/.--»Yo solito no puedo, por eso te pido que me ayudes, así no puedo leer la iniciativa del ejecutivo (Carlos Zeferino Torreblanca Galindo) ¡por que va a pasar a traer a muchos trabajadores del gobierno!, clamaba prácticamente el diputado de Nueva Alianza José Natividad Calixto Díaz a su homólogo priista Francisco Javier Torres Miranda, para que lo respaldaran en retener la «Ley 51» que contraviene a la propia Constitución.
Miles de trabajadores de confianza entre los que «encajan» los propios funcionarios de primero y segundo nivel se verán afectados por una ley oscura que envió al congreso el gobernador perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, lo que ha provocado en el seno de la legislatura local, una polémica entre los diputados para ver si la modifican.
La famosa «Ley 51» que envió el poder ejecutivo al congreso lleva pretensiones violatorias a los derechos laborales de los servidores públicos, mientras que el diputado de Alianza José Natividad Calixto Díaz quien leería el documento, mostraba su desacuerdo con dicha iniciativa.
«Yo estoy solito dentro de mi comisión, no tengo una fuerza un poquito grande como los del PRD o del PRI, por lo que me veo en la necesidad de hacer un «cabildeo» en el mismo sentido», explicó preocupado el legislador.
Dicha Ley tendría que ser turnada a la comisión de Desarrollo Económico de la que forma parte Calixto Díaz por las pretensiones oscuras del mandatario, quien violenta los derechos de los trabajadores y evitar que se exponga a una serie de demandas laborales en cuanto termine su mandato constitucional.
Uno de los párrafos a que se refiere señala: «Los trabajadores de confianza carecen de acción para demandar la indemnización constitucional o reinstalación por despido», de conformidad con dicha Carta Magna. Sin embargo la Constitución en su artículo 123 manifiesta que «solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada». Entonces hay una mala fe en pretender que los diputados aprueben dicha «ley 51» (del estatuto de los trabajadores al servicio del estado) para que perjudique a cientos de trabajadores y el mandatario no tenga problemas de reinstalación o pago de indemnizaciones. Para el diputado José Natividad Calixto Díaz
derechos de burócratas
Texto y foto :Agustín Nava Escobar/.--»Yo solito no puedo, por eso te pido que me ayudes, así no puedo leer la iniciativa del ejecutivo (Carlos Zeferino Torreblanca Galindo) ¡por que va a pasar a traer a muchos trabajadores del gobierno!, clamaba prácticamente el diputado de Nueva Alianza José Natividad Calixto Díaz a su homólogo priista Francisco Javier Torres Miranda, para que lo respaldaran en retener la «Ley 51» que contraviene a la propia Constitución.
Miles de trabajadores de confianza entre los que «encajan» los propios funcionarios de primero y segundo nivel se verán afectados por una ley oscura que envió al congreso el gobernador perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, lo que ha provocado en el seno de la legislatura local, una polémica entre los diputados para ver si la modifican.
La famosa «Ley 51» que envió el poder ejecutivo al congreso lleva pretensiones violatorias a los derechos laborales de los servidores públicos, mientras que el diputado de Alianza José Natividad Calixto Díaz quien leería el documento, mostraba su desacuerdo con dicha iniciativa.
«Yo estoy solito dentro de mi comisión, no tengo una fuerza un poquito grande como los del PRD o del PRI, por lo que me veo en la necesidad de hacer un «cabildeo» en el mismo sentido», explicó preocupado el legislador.
Dicha Ley tendría que ser turnada a la comisión de Desarrollo Económico de la que forma parte Calixto Díaz por las pretensiones oscuras del mandatario, quien violenta los derechos de los trabajadores y evitar que se exponga a una serie de demandas laborales en cuanto termine su mandato constitucional.
Uno de los párrafos a que se refiere señala: «Los trabajadores de confianza carecen de acción para demandar la indemnización constitucional o reinstalación por despido», de conformidad con dicha Carta Magna. Sin embargo la Constitución en su artículo 123 manifiesta que «solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada». Entonces hay una mala fe en pretender que los diputados aprueben dicha «ley 51» (del estatuto de los trabajadores al servicio del estado) para que perjudique a cientos de trabajadores y el mandatario no tenga problemas de reinstalación o pago de indemnizaciones. Para el diputado José Natividad Calixto Díaz