POLICRONICA

Mercenarios…

La sombra negra de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, definitivamente sigue operando en Guerrero, y lo peor es que el actual gobierno de Angel Heladio Aguirre Rivero, no ha puesto orden, principalmente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde debe llamar a cuentas a estos servidores públicos. En primera instancia lo debe hacer el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, a fin de que corrija las fallas que están ocurriendo en esas instancias laborales en donde la justicia se vende al mejor postor, al menos dos funcionarios han amasado fortunas y hasta han comprado propiedades ofensivas, y que no se justifica con sus precarios ingresos. Pero es más lo que ganan vendiendo la corrupción, que como servidores públicos, por ello es necesario que el gobierno Aguirrista si quiere caminar por el camino de la honestidad y la transparencia, debe hacer cambios inmediatos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en cada una de las Junta Local de Conciliación y Arbitraje que hay en la entidad suriana. Por lo menos en Chilpancingo, hay dos casos emblemáticos, que realmente debe ocupar y preocupar a Salgado Gómez, de donde dependen esas instancias de justicia laboral y que no le vean la cara, y sabiendo de su rectitud y sensibilidad, seguro que va a poner orden en cuanto antes, porque las quejas vienen de los mismos trabajadores que no están de acuerdo con su proceder estas alimañas dejadas por el zeferinato. La voz de alerta y hasta de preocupación es de los mismo servidores públicos, quienes están demandando la intervención del gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, quien ahora con su bandera de «izquierda y democrático» tiene que hacer caso este tipo de señalamientos que afectan la buena imagen de su gestión, por segunda ocasión, que tiene la oportunidad. Vayamos por partes, en cuanto al Tribunal de Arbitraje su presidente Ricardo Quiñones Orozco, condiciona los tramites de los expedientes a cambio del 20 por ciento de comisión, asimismo retiene los cheques depositados de los trabajadores como forma de presión, además de obstruir los expedientes de demandas contra los ayuntamientos de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Acapulco de Juárez, Tlalchapa y Ajuchitlán del Progreso a cambio de 10 mil pesos quincenales. Es un verdadero negocio que está haciendo con los asuntos laborales Quiñones Orozco en ese tribunal, y para presumir que le va muy bien, a la fecha luce dos flamantes camionetas, cuyo valor es superior al millón de pesos, es tal la corrupción de este funcionario que en cuanto se ve obligado a dictar un embargo a los ayuntamientos, de forma inmediata se comunica con los presidentes municipales para ofrecer sus servicios, bajo una cierta cantidad. Por cuanto, a Martina Martínez Fierros, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, su accionar es idéntico, cuando se presenta una demanda laboral en contra de las empresas Sam’s, Aurrerá, Walmart, Comercial Mexicana, entre otras, los contacta por medio de los apoderados legales, se pone a sus órdenes y les exige cinco mil pesos en forma quincenal por cuidar sus intereses y antes de dictar el laudo se comunica con las partes litigantes para ver quien le ofrece mas dinero, gracias a ello ya adquirió una propiedad de mas de un millón de pesos en la calle principal de la colonia Cooperativa. Los dos funcionarios son manipulados por los intereses de Porfirio Librado Daza Rodríguez, por haberlos nombrado en su momento le deben lealtad, agradecimiento y respeto, pues si analizamos su historia, a este flamante abogado el ex gobernador, le cedió todo el mando y poder en la subsecretaria del trabajo y previsión social y de la secretaria general, por ello los anteriores secretarios de gobierno jamás contradijeron sus instrucciones. Bajo esta influencia y poder de Porfirio Librado Daza Rodríguez siguen operando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas de Conciliación y Arbitraje del estado, debido a que Ricardo Quiñones Orozco y Martina Martínez Fierros se reúnen todos los viernes en Acapulco con Daza Rodríguez, a quien le informan de cumplimento de sus instrucciones y les da línea de cómo resolver los asuntos de su interés. Por todo lo anterior, los trabajadores del tribunal y juntas de conciliación solicitan al Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero su intervención inmediata a fin de que se realicen las investigaciones y se ponga un alto a la corrupción en dichas dependencias., porque dicen «nuestro compromiso es por el respeto y cumplimiento a la ley»

La justicia laboral en Guerrero se vende al mejor postor, gracias a que hay un zeferinista moviendo los hilos, a quien le rinden pleitesía y cuentas de su accionar en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.…Tardío… hace unas horas nos encontramos al ex alcalde de Mártir de Cuilapan, escritor y periodista, Edilberto Nava García, y comentamos de las ventajas y desventajas de las audiencias públicas que ha comenzado a llevar a cabo el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero. Para ilustrar a nuestros lectores, nos hizo algunos referentes, de que estos no es «histórico», ni novedoso que las lleve a cabo un gobernador. Para ello, nos llevó a la historia reciente y comentó que tiene ya se tiene su antecedente e historia. Nos comenta el colega Edilberto Nava García, que en sus años de juventud anduvo en el Estado de Veracruz, enviado por la CNC nacional y que el gobernador de aquel estado, Rafael Hernández Ochoa acudía quincenalmente, a dichas audiencias, convocadas por la liga de comunidades agrarias de aquella entidad. Se trataban, desde luego, asuntos relacionados con el agro, pero en el agro también hay problemas de construcción de escuelas, de falta de maestros, de inseguridad, de abigeato, de los cañeros, del alcohol, de sus derivados, del seguro social, de los cafetaleros, en fin. El caso es que el gobernador acudía acompañado de casi todos sus funcionarios de primer nivel y lo primero que exigía, era el rendimiento de cuentas de la audiencia anterior, por lo que los funcionarios o cumplían o cumplían, pues de los contrario, en poco tiempo de fallar, eran removidos, llevados a áreas de menor importancia de aquel gobierno o de plano dados de baja, porque los campesinos no se andaban por las ramas; eso sí, estaban obligados a conducirse con verdad. Aquí en Guerrero, se hizo algo similar con José Francisco Ruiz Massieu, pero fue apenas algo que se intentó semejar, pues lo hizo Nabor Ojeda Delgado, como dirigente de la Liga de Comunidades y Sindicato Campesinos. Fue una especie de baño de pueblo, pero, según Edilberto Nava García, las audiencias públicas en Guerrero en los tiempos de Ruiz Massieu estuvieron muy lejanas al logro de aquellas del Estado de Veracruz. Ahora las ha iniciado el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero y quizá los primeros resultados no sean como los desea el propio jefe del ejecutivo estatal, pero si tiene voluntad, buena fe y la fuerza suficiente, Aguirre Rivero puede hacer de las audiencias públicas, un foro en que los gobernados expresarán no sólo solicitudes de obras públicas, de mejoras en otros rubros, sino también quejas del desempeño de ayuntamientos, de ministerios públicos, de los judiciales ahora llamados ministeriales, pero también de agradecimientos, de saludos afectuosos, porque luego se da que grupos ciudadanos se trasladan de una región a otra para agradecer públicamente al gobernador, por los resultados de una gestión hecha ante él mismo o hecha por éste hacia dependencias como la CFE, la Conagua o el propio ejército u otras dependencias federales…Denuncia…Hasta nuestra redacción, nos ha llegado la siguiente denuncia misma que damos paso íntegramente. «Un delincuente y porro de los tecos de la UAG pretende distraer sobre el gobierno fallido de Zeferino Torreblanca. ¿Acaso por ser Acapulco sede del Simposium Nacional de Rendición de Cuentas, el teco (Universidad Autónoma de Guadalajara) Arturo Latabán López, nos convencerá que no es delincuente de cuello blanco? Nunca hubo transparencia en el uso de los recursos públicos sobretodo en la Secretaria de Educación Guerrero. Con las auditorias afloran las corruptelas del gobierno de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo. Gracias a la compra de votos del Congreso del Estado, Zeferino Torreblanca, sojuzgó a los legisladores de Guerrero para que votaran a favor del abogado Arturo Latabán, como Auditor General del Estado, quien ahora es cuestionado por los dislates, complicidad, omisiones y negligencia cuando fue Contralor Interno de la Secretaria Educación Guerrero, en la pasada administración gubernamental. Ahora trata de encubrirse con un Simposium, involucrando a funcionarios y legisladores federales para que avalen su corrupto comportamiento administrativo, cuando Arturo Latabán es corresponsable de los errores administrativos del extitular de la SEG, José Luis González De la Vega Otero. Para encubrir su cinismo, compró espacio en el Grupo «Cuicalli» y en el Grupo ACA. Nunca lo invitaron él pagó los desayunos para «informar de los trabajos de la AGE», y aprovechó para difamar al exsenador Lázaro Mazón Alonso, actual secretario de Salud del Gobierno del Estado. Sus declaraciones fueron para «frenar o controlar» la denuncia de las corruptelas de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, en la secretarias de Salud y de Educación en Guerrero. La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Esthela Damián Peralta, informó sobre las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento legal de nuestra entidad, y de los resultados que arroja, la ASF a la administración desastrosa de Zeferino Torreblanca Galindo. Los días 25 y 26 será el Simposium Nacional de Rendición de Cuentas, en el puerto de Acapulco:Adjuntamos la relación de los funcionarios que se prestan a avalar -de hecho- las corruptelas del Auditor General del Estado, Arturo Latabán López: C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública;Ing. Juventino Pineda Pinto, Auditor especial del gasto federalizado de la auditoria superior de la federación;Dr. Moisés Alcalde Virgen, Secretario técnico del Conac y titular de la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública, de la SHCP; C.p.c. Francisco Macías Valadez Treviño, Presidente comité ejecutivo nacional 2010-2011 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.;C.p. Rafael Morgan Ríos, Subsecretaría de control y auditoría de la gestión pública de la secretaría de la función pública; Dr. Mauricio Merino Huerta, Director de la división de administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide); M. En C. Luis Gaitán Cabrera, Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de Contralores estados-federación; C.p. Humberto Blanco Pedrero,Auditor Superior del estado de Chiapas; C.P. Verónica Esther Mendoza Torres, Auditora superior del estado de Michoacán; L. E. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo, Auditor general del órgano de fiscalización Superior del estado de Nayarit; C.p.c. Eugenio Pablos Antillón, Auditor mayor del Instituto Superior de auditoría y fiscalización de Sonora; Dip. Esthela Damián Peralta, Presidenta de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Dip. Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, Presidenta de la comisión de vigilancia y evaluación de la auditoría general del estado de Guerrero;Dip. Carlos Alvarez Reyes,Presidente de la comisión de de presupuesto y cuenta pública del H. Congreso del estado de Guerrero; Lic. Federico Reyes Heroles, Presidente del Consejo rector de Transparencia mexicana;Mtro. Julio Cesár Hernández Martínez, Contralor general del estado de Guerrero; Dr. Gabriel Farfan Mares; Catedratico e investigador del Cide; Mtra. Almudena Ocejo, catedrática e investigador del CIESAS» …Plazo…Disculpen, pero esa campañita de finanzas del gobierno estatal referente al pago de tenencia vehicular, requiere de mayor impulso, ya que en tiempos de crisis en las familias, a muchos que nos tentamos los bolsillos y al comprobar la escasez de dinero, pues no nos acercamos a las oficinas recaudatorias, pues o la información es incompleta o los medios de comunicación la están haciendo de tos al subsecretario de Finanzas y Administración, Abel Echeverría Pineda. Cuestión de tiempo, porque la crisis no mengua. Entonces, ¿con qué vamos a pagar los derechos al Estado? Los vehículos se van a enmohecer si ya no circulan, porque luego las infracciones son muy caras, y resulta más caro el caldo que las albóndigas. Se sabe que hay descuentos, pero no se dice de los montos reales y la verdad es que no cuesta mucho hablar claro. Así que Echeverría Pineda debe pensar en ampliar el plazo de pago y ser más claro en la promoción, porque eso de dar «mordidas» a los agentes de tránsito no es nada recomendable ni a los dueños de vehículos ni al propio gobierno, porque estaría fomentando la corrupción desde muy abajo...Frase…»Bienaventurados los que no tienen nada que decir, y resisten la tentación de decirlo». James Lowell.