PRIMERA PLANA

Corrupción en lo

del Bicentenario

MEXICO, DF.--La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados recibió del arquitecto Carlos Pérez Becerril un legajo de documentos que acreditarían las irregularidades y corrupción en el otorgamiento del diseño, concesión y ampliación del costo de la Estela de Luz del Bicentenario, que debía estar lista para los festejos de septiembre, pero aún está en construcción.

El presidente de la comisión, Pablo Escudero Morales (PVEM) informó que se entrevistó con el arquitecto Pérez Becerril a quien se encargó el diseño de la obra, y que denunció las presiones de que es objeto por parte del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, de la empresa I.I.I. Servicios y del corporativo Gutsa.

El legislador explicó que revisa los documentos y que solicitó su certificación ante notario público para acreditar su autenticidad y evitar que la SEP “después los declare desaparecidos o inexistentes”.

El 15 de junio, el arquitecto Pérez Becerril le envió a Pablo Escudero un oficio para solicitarle una entrevista, y en el cual señala que Lujambio, su personal y las dos empresas “me han presionado de distintas formas para que no hable ante los medios de comunicación ni denuncie la corrupción existente”.

Por ejemplo, dijo en esa carta, “es falso que yo pedí que el abastecimiento y laminado de los páneles de cuarzo y la fabricación y transformación de acero se realizara en Brasil e Italia. Esta fue una decisión de Gutsa, I.I.I. Servicios (filial de Pemex) y la SEP”.

El legislador del PVEM afirmó que el gobierno federal de inicio no debió permitir la participación de Gutsa en la licitación para la Estela de Luz, debido a que está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

“El costo inicial de la columna era de 400 millones de pesos, y aún así el gobierno le entregó a Gutsa un anticipo de 200 millones, después acordaron una ampliación del contrato por otros 400 millones con la misma compañía. Así le volvieron a entregar otro anticipo de 200 millones, lo cual explica en parte por qué el precio se ha elevado a más de mil millones de pesos. También, la compañía italiana a la que se le encargó el acero amenazó con no enviarlo si la SEP, a través del fideicomiso que operó, no le cubría a tiempo los requisitos del contrato. Todo eso y mucho más está en los documentos que revisamos”, afirmó el legislador.