PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Cacería aguirrista

contra dirigentes

Javier Francisco Reyes.—Después de la represión a los maestros de Acapulco el pasado miércoles 12 de octubre, los actos de represión del gobierno perredista encabezado por Angel Heladio Aguirre Rivero está desatando una cacería de brujas contra dirigentes populares del estado de Guerrero.

Mediante un comunicado de prensa hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, denunciaron lo anterior los representantes del Movimiento Popular Vicente Guerrero, Cooperativa La Esperanza de Iguala, Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Guerrero, Comité Organizador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en Iguala, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc y Taller de Desarrollo Comunitario.

Los denunciantes afirman que Continúan las acciones de represión del Gobierno de Angel Heladio Aguirre Rivero contra el movimiento y las organizaciones populares de Guerrero, por lo que ha iniciado una cacería de brujas.

Omar Moreno Ayvar, uno de los campesinos que desde hace 11 meses participa en la defensa del arroyo de Juluchuca del cual se mantienen de la pesca artesanal de camarón, concesionado por CONAGUA a la empresa extractora de material pétreo AGRITSA, S.A. de C.V. propiedad de Napoleón Lacunza Santos, hermano del alcalde priista de Petatlán Albino Lacunza Santos.

Ahora por su lucha a favor de más de mil quinientos afectados, todos ellos campesinos y pescadores pobres, que buscan la revocación de esta concesión ha sido encarcelado y le han fijado una fianza de 2 millones 700 mil pesos y hay 15 órdenes de aprehensión más, entre ellas contra José Luis Vargas Izazaga, comisario municipal.

Otro caso es la del consejero de la CRAC Agustín Barrera Cosme, de la comunidad de Pajarito Grande, anexo de Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis Acatlán, quien en una incursión militar en territorio comunitario fue aprehendido acusado de un supuesto delito ambiental.

Afirman los quejosos que estos hechos significan el fin de una muy corta etapa del actual gobierno aguirrista que se cansó de hablar de tolerancia y concertación y ha empezado a cancelar el diálogo para imponer su voluntad política a través de la represión con aquellos movimientos y organizaciones que no ha podido mediatizar y cooptar mediante dádivas y canonjías.

Ante esto, los denunciantes, piden al movimiento popular guerrerense a mantenerse alerta y sostener por encima de cualquier tipo de prebendas y de tentaciones de poder, el principio de nuestra independencia ante el estado, «a no ceder en la lucha por nuestros derechos aceptando dádivas ni migajas y a solidarizarnos y defendernos mutuamente para seguir construyendo una fuerza social anticapitalista y antineoliberal suficiente para transformar de raíz nuestro país, desde abajo y a la izquierda».

Los firmantes, convocan «Llamamos a las organizaciones del pueblo a fortalecer las luchas por nuestros derechos, contra la violencia social, a reivindicar y hacer propia la demanda de justicia de los familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero, a impulsar la lucha por la paz con justicia y dignidad desde sus propios espacios y a reforzar las organizaciones y colectivos de manera autónoma del estado para detener esta terrible guerra que solo afecta al pueblo».