COLUMNA

Hablemos con hechos

Cayetano Cervantes Barrera

***Víctor Valencia de los Santos no debe de imponer candidatos

***Que se les aplique la ley a los normalistas antes de que suceda otra desgracia***La izquierda bien controlada por Aguirre Rivero

Distinguidos priístas del estado de Guerrero advirtieron que no debe de ver intromisión de VICTOR VALENCIA DE LOS SANTOS, Delegado Nacional del CEN del PRI con funciones de presidente de este instituto político para designar en la elección interna de los próximos candidatos para presidentes municipales, diputados federales, senadores, diputados locales, iniciaría «la destrucción» del partido. Adelantaron que confían en la dirigencia estatal del PRI de que no habrá intromisión en esta elección interna, que tienen mucha confianza que en las encuestas saldrán arriba los mejores priístas que darán la batalla para poder ganar de manera transparente en este proceso electoral del 2012.

Afirmaron que VICTOR VALENCIA desconoce los problemas de los priístas en esta entidad guerrerense, debe de ser relevado lo más pronto posible y que se nombre en su lugar a un priísta guerrerense que busque la unidad del partido sino nos va llevar la jodida. Los priístas también se quejaron que VICTOR VALENCIA DE LOS SANTOS se hospeda en un hotel que es propiedad del priísta ERNESTO VELEZ MEMIJE se puede precisar que ERNESTO VELEZ podría ingerir mucho en la elección interna para los candidatos, se debe de cambiar de departamento para que sea imparcial en esta elección interna, no se preste a malos comentarios….El gobernador ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, en coordinación con autoridades federales les debe de aplicar la ley y darles solución a las demandas de los normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa y de esa manera evitar otra desgracia en Guerrero, los normalistas están dolidos por la muerte de sus compañeros JORGE ALEXIS HERRERA y de GABRIEL ECHEVERRIA DE JESUS que murieron en un enfrentamiento con elementos policiales el 12 de diciembre del año pasado, cuando bloqueaban la Autopista del Sol. Días más tarde, falleció GONZALO MIGUEL RIVAS CAMARA, trabajador de la gasolinera Eva II, por quemaduras que sufrió al apagar una de las bombas que se había encendiado por los hechos. No se vale que un grupo armado proteja la impunidad de los normalistas de Ayotzinapa y perjudiquen a la ciudadanía por sus atropellos en busca de provocar al gobierno estatal para que suceda otro enfrentamiento. Los estudiantes normalistas se deben de apegar a la ley para que no sean repudiados por el pueblo de Guerrero….El dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO y el dirigente estatal del PRD CARLOS REYES TORRES coincidieron en sus declaraciones que ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, no ordenó reprimir ni disparar en contra de los normalistas de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre. Con estas declaraciones ambos dirigentes perredistas pretenden cobijar al gobernador de Guerrero y exonerarlo públicamente de la represión con armas de fuego de una manifestación, que costó la vida a dos estudiantes. Pueda que JESUS ZAMBRANO Y CARLOS REYES tengan rezón al decir que AGUIRRE RIVERO no ordenó disparar. Pero eso no lo exime del todo. GUSTAVO DIAZ ORDAZ tampoco ordeno disparar contra los estudiantes el 2 de octubre de 1968, ni LUIS ECHEVERRIA ordenó la matanza del 10 de junio de 1971. O por lo menos no se ha comprobado que así haya sido. Sin embargo, ambos ex presidentes asumieron una responsabilidad política y quedaron estigmatizados para siempre por esos actos de represión. Y quedaron estigmatizados precisamente porque desde hace más de 40 años la izquierda no ha dejado de recordar y de condenar sistemáticamente los actos de represión de los gobiernos que encabezaron los dos ex presidentes, lo cual ha sido correcto. Pero al paso de los años, las izquierdas, como se autodenominan a partir de su éxito electoral, se convirtieron en gobierno y ahora ya tienen su propia cifra acumulada de muertos por actos de represión. Los muertos pertenecen a los gobiernos de LAZARO CARDENAS BATEL, en Michoacán; MARCELO ABRAD en el Distrito Federal, y ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO en Guerrero. Las constantes en esos tres casos han sido la impunidad, la minimización o justificación de los actos represivos y la ausencia de responsabilidades políticas por parte de los titulares de los gobiernos.