Periodistas: Muerte e
impunidad en México
Sara Lovera, MÉXICO, mayo (Especial de SEMlac).—Con indignación e impotencia, periodistas de todo el país marcharon el 5 de mayo por calles y plazas de diez Estados para pedir que cese la persecución, el hostigamiento y el asesinato de los trabajadores de la prensa nacional. México está considerado el país más peligroso para la prensa en América Latina, según diversas organizaciones.
Profesionales de la comunicación han sido víctimas de una violencia irrefrenable que cubre con un velo negro a la población mexicana, que en los últimos seis años contabiliza más de 50.000 ejecuciones, .30.000 viudas, miles de huérfanos y víctimas. No por gusto este ha sido calificado como el peor de los momentos del país.
En ese contexto, con los asesinatos de cinco periodistas (dos mujeres y tres hombres) entre el 29 de abril y el 4 de mayo de este año en el estado de Veracruz -situado en la margen del Golfo de México, frente a Cuba- son más de 85 los profesionales del sector que han sido asesinados en cinco años.
Según registros de los organismos civiles y de la Casa de protección a periodistas del Distrito Federal, solo en 2012 han sido ultimados 10 periodistas: uno en Nuevo León, una en el Distrito Federal, dos en Chihuahua y cuatro en Veracruz. Adicionalmente, el 29 de marzo se hizo estallar una bomba frente al diario El Expresso de Tamaulipas, y se han reportado 49 agresiones diversas en el primer trimestre de este año.
«Parece una burla todo esto», señaló a SEMlac la periodista Judith Calderón, presidenta de la Casa de Protección a Periodistas (CPP) y dirigente del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, instancias burocráticas de protección a estos profesionales, creadas sin resultado alguno.
La dirigente explica que el asesinato a Regina Martínez, el 29 de abril último en Veracruz, sucedió en medio de tres momentos significativos.
El primero, el acuerdo del Congreso para una Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que todavía no es sancionada por el ejecutivo y que se suma a la existencia de cinco instancias burocráticas que funcionan desde hace cuatro años y que no han conseguido frenar los agravios, puesto que el 97 por ciento de los expedientes permanecen en la impunidad.
Los otros dos hechos son la celebración del 3 de mayo como día internacional de la libertad de prensa, que solo se sumó al luto y la desesperanza, y una inexplicable ratificación del gobierno de que continuará con la política de confrontación frente a lo que se llama crimen organizado.
Los últimos acontecimientos han generado numerosas peticiones, cartas, reacciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un frente Cívico en el estado de Veracruz y cartas de protesta de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Casa de Protección a Periodistas y los trabajadores de la revista Proceso, en la cual laboraba Regina Martínez.
La nueva Ley no es vinculante a las entidades del país, según expertos como Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras; Rogelio Hernández, encargado de la protección a periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas, y Darío Ramírez, de la organización Artículo 19.
Además, está creando una nueva instancia burocrática, un monto importante de recursos para las medidas de protección a periodistas y un comité que, sin embargo, no podrán funcionar sin voluntad política.
La declaración de la CPP, al día siguiente del asesinato de Martínez, señala que en septiembre de 2011, debido a ocho crímenes en poco tiempo en Veracruz, solicitaron un operativo para proteger al menos a 15 periodistas que se encontraban en zonas de alto riesgo. Pero no hubo respuesta a la petición.
La realidad ha sido contundente: el 4 de mayo, a seis días de la muerte de Regina, y cuando las autoridades del gobierno de Veracruz ya circulaban la versión de que se trató de «un asalto», cuatro nuevos asesinatos sucedieron en la zona conocida como Boca del Río.
Según indagaciones de organizaciones civiles y gremiales sobre la violencia a periodistas, más de 65 por ciento de las víctimas son resultado del caciquismo, los intereses, acciones de dirigentes políticos y de la intervención militar en la guerra desatada por la política frontal, armada y violenta del gobierno de Felipe Calderón, que entregará la presidencia el próximo primero de diciembre.
Un mínimo porcentaje puede ubicarse entre acciones de los cárteles de droga y sus brazos armados, como el conocido grupo de los Zetas. Es decir, el gobierno federal y las administraciones locales podrían frenar esta ola contra los trabajadores de la prensa, ha dicho reiteradamente Darío Ramírez, de Artículo 19.
Las numerosas instancias surgidas desde hace seis años recuerdan que la libertad de los medios de comunicación supone libertad de opinión, entraña el derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, como se enuncia en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esa libertad es esencial para la existencia de sociedades sanas y dinámicas, por lo que no respetarla atenta directamente contra la democracia, señaló a SEMlac Judith Calderón.
La CPP también declaró que, aun cuando existen una Fiscalía Especial en la Procuraduría General de la República (PGR), una comisión especial en la Cámara de Diputados, un nuevo Mecanismo de Protección en la Secretaría de Gobernación y otro en el gobierno del Distrito Federal, no se ha logrado una sola condena contra los responsables de crímenes a periodistas.
Lo más grave es que la política del miedo impacta en la labor de las y los informadores: autocensura, silencio, abandono del empleo y exilio son cada vez más cotidianos en el país.
La existencia de al menos 50 organismos de protección y defensa de los derechos humanos, oficiales, gubernamentales o autónomos, no ha detenido el número de 200 ejecuciones de personas a la semana, con graves repercusiones, incluso económicas.
El economista Raúl Felíz precisó a SEMlac que, entre 2003 y 2010, se han perdido entre 80.000 y 90.000 millones de dólares que podrían haberse invertido en empleos y productividad. Al adelantar el contenido de un ensayo suyo próximo a publicarse en la revista Nexos, Felíz advirtió que, si eso continúa, la economía mexicana no crecerá como debiera.
LA NUEVA LEY
En 67 artículos y una voluminosa argumentación, la nueva Ley -que deberá entrar en vigor en los próximos meses- se funda en un diagnóstico poco alentador y se complementa con los informes de 2011 de los Relatores sobre Libertad de Prensa y Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esos textos recomendaron «hacer esfuerzos acelerados para que cortemos los ciclos de impunidad de estos crímenes que tienen un número abultado, que ponen a México en la categoría de país donde no hay libertad de prensa».
El problema estructural de fondo es la disfuncionalidad de los sistemas de procuración de justicia en México y Latinoamérica.
«Si tuviéramos por lo menos ya un bloque sólido de casos paradigmáticos, en los cuales se hubiera podido condenar a autores materiales e intelectuales, podríamos tener la sensación de un mensaje claro de combate firme a la impunidad, pero estamos todavía muy retrasados en producir resultados», dijo Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para llegar a la nueva legislación se desarrollaron 25 reuniones entre el 12 de noviembre de 2011 y el 5 de marzo de 2012, en las cuales también intervinieron como acompañantes las organizaciones Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz.
Por su parte, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU asesoró a la mesa, que también contó con la colaboración del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación.
La ley será complementaria del mecanismo que ha desarrollado la Secretaría de Gobernación en virtud del Decreto presidencial emitido el 10 de julio de 2011, en el contexto de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para su eficaz implementación, se deberá elaborar, de conjunto con la sociedad civil, tanto el Manual de Reacción, como el Protocolo de Atención, así como los reglamentos necesarios estipulados en la normativa.
A nivel mundial es el primer ordenamiento con jerarquía de ley que regulará la protección de estas poblaciones, estableciendo obligaciones y responsabilidades claras para las autoridades. La ley provee un marco institucional para su protección y señala el procedimiento para la elaboración de la evaluación del riesgo, con plazos precisos para el otorgamiento de las medidas.
Esta norma responde a diversas recomendaciones dirigidas a México por organismos internacionales y regionales para la protección de derechos humanos. Además, es en sí misma un reconocimiento para la destacada labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la construcción de una sociedad democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.
En materia presupuestal, la Cámara de Diputados etiquetó desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 un partida por 26 millones de pesos (poco menos de dos millones de dólares) para el mecanismo de protección a periodistas y, adicionalmente, un millón de pesos (80.000 dólares) para el de protección a comunicadores, defensoras y defensores de derechos humanos.
La organización Artículo 19 consideró que se trata de una reacción a la violencia en México y una medida que duplica los mecanismos existentes sin atacar la impunidad.
«Cada vez que se registra el asesinato de un periodista en México, a un político o a un funcionario se le ocurre inventar algo, en vez de cumplir con la obligación de capturar a los responsables y llevarlos a tribunales», denunció el sitio Al Margen.
La ley fue aprobada el 30 de abril, en el último día de sesiones de la Cámara, y un día después de que los relatores de la ONU y de la Organización de Estados Americanos presentaran un informe sobre la Libertad de Expresión en México, donde resaltan la falta de acciones del gobierno para castigar e investigar delitos contra la prensa.
Rogelio Hernández, de la Casa de los Derechos de los Periodistas, informó que, pese a la aprobación de la Ley en el Senado, la Secretaría de Gobernación se ha mantenido inmóvil, no obstante que de febrero de 2010 a la fecha «han caído 24 compañeros» y se han cometido 250 agravios contra periodistas. (saralovera@yahoo.com.mx)
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