NOTA ROJA

Exigió $60 mil MP para no

consignar a 6 universitarios

Ezequiel Flores Contreras.CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de seis universitarios detenidos por policías federales en la región de Tierra Caliente, acusados de delincuencia organizada, denunciaron que un agente del Ministerio Público federal les exigió 60 mil pesos para no consignarlos.

No obstante que el dinero solicitado fue entregado al agente Édgar Bueno Villar, asistente del titular del Centro de Operaciones Estratégicas en Iguala, Mario Ballinas, éste determinó arraigar a los estudiantes.

Tras ello, los familiares instalaron un plantón frente a la sede de la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, en demanda de una audiencia con el titular de la dependencia federal en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera.

Y es que, de acuerdo con los familiares de los estudiantes de la unidad académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), los cargos que se les imputan «son fabricados».

La noche del jueves 13, un grupo de policías federales detuvo a los seis universitarios en las inmediaciones de Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, y al día siguiente fueron consignados ante el Ministerio Público federal radicado en Iguala por los delitos de portación de arma y drogas, y delincuencia organizada.

Los estudiantes detenidos y acusados de formar parte del crimen organizado son: Jesús Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Alan Alarcón García y Ricardo Muñoz Arzate, todos de entre 20 y 22 años.

Entrevistados en el lugar de la protesta, familiares y amigos rechazaron que los jóvenes sean delincuentes, y explicaron que previo a su detención, los seis estudiantes y dos compañeros más realizaron una práctica escolar en un rancho ubicado en el poblado de San José Poliutla, municipio de Tlapehuala, propiedad del profesor Domingo de la Sancha Catalán.

Al respecto, Norma Andraca, hermana de Juan, uno de los seis universitarios inculpados, señaló que la posible causa por la que los universitarios fueron detenidos y consignados se debe a que los agentes federales encontraron una foto en el teléfono móvil de uno de los detenidos, en la que se le ve portando un arma de fuego.

Documentos oficiales a los que tuvo acceso Apro indican que el teléfono móvil pertenece a Jesús Moreno, quien portaba un rifle AK-47.

El viernes 14, un día después de la detención, los policías federales trasladaron a los universitarios a la ciudad de Iguala, donde fueron puestos a disposición del titular del COE, Mario Ballinas.

Tras ello, el funcionario de la PGR, a través de su auxiliar, exigió a los familiares 20 mil pesos por cada estudiante para dejarlos en libertad, denunciaron los padres de los inculpados.

Mencionaron que sólo pudieron reunir 60 mil pesos y se los entregaron a los funcionarios, sin importarles la extorsión a la que estaban siendo sometidos por autoridades federales encargadas de procurar justicia.

Pese a ello, Mario Ballinas arraigó por 20 días a los seis universitarios y los envió al Centro Nacional de Arraigo de la PGR en la Ciudad de México.

Los familiares de los universitarios advirtieron que permanecerán plantados en la sede de la delegación estatal de la PGR, en esta capital, para exigir la liberación de los jóvenes, ya que –insistieron– les están fabricando los delitos.

Al respecto, Jesús Alarcón García, padre de uno de los inculpados, criticó la estrategia de seguridad que se instrumenta en la entidad, debido a que la inseguridad persiste y los actos de abuso de poder de las autoridades son cada vez más evidentes, dijo.»¿Cómo pueden decir que Guerrero es seguro, cuando la misma autoridad está fabricando delitos y encarcelando a personas inocentes?», expresó el padre de familia.

Tras ello, pidió modificar la estrategia de seguridad, debido a que la sociedad se encuentra en estado de indefensión ante la violación sistemática de los derechos humanos.