PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Por salida de castrenses

CRAC bloqueó carreteras

Javier Francisco Reyes.—En demanda de la salida del Ejército Mexicano, y la Marina de sus territorios, en contra de las reformas que impulsa el presidente priísta Enrique Peña Nieto, y en apoyo a los policías ciudadanos de El Pericón, en su lucha contra de militares, la mañana de hoy martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres bloquean las carreteras federales en la Montaña, Zona Centro, y Costa Chica.

En tanto que en El Pericón, municipio de Tecoanapa, región de la Costa Chica, entrada la tarde se mantenían retenidos cerca de cien soldados luego de que ayer desarmaron a cinco elementos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana(SSyJC), de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y a quienes no les han regresado sus armas, bajo el argumento de que son de uso exclusivo del ejército.

A los cinco miembros del grupo de autodefensa y les decomisaron igual número de armas de grueso calibre, una subametralladora tipo Uzi y cuatro pistolas calibre .45 y .9 milímetros.

Ante esto Pastor Coctecón Plateado, comisario de Acatempa, municipio de Tixtla, y Gonzalo Molina, promotor de la CRAC-PC, encabezaron desde las siete de la mañana los bloqueos en la carretera federal que comunica a Chilapa y la Montaña Alta; a Chilpancingo y a Zumpango e Iguala.

Gonzalo Molina, dijo que también desde las siete de la mañana se bloquearon las carreteras Tierra Colorada a Ayutla de los Libres, que comunican con la Costa Chica “lo mismo se hizo en Olinalá, en sus dos salidas rumbo a Tlapa y Chilapa, y a Huamuxtitlán, y el estado de Morelos; y en Huamuxtitlán, la policía comunitaria bloqueó la carretera que comunica con el estado de Puebla, y la que va a Tlapa”.

Destacó “Esta es una prueba del descontento de los pueblos en contra de los tres niveles de gobiernos que están aliados con la delincuencia organizada; y en contra de las reformas de Peña Nieto, que si no luchamos, hará más pobres a nuestros pueblos. Desde Tixtla, la tierra de nuestro general Vicente Guerrero, le decimos al gobierno que lucharemos en contra de sus reformas”.

La CRAC demanda alto al hostigamiento por parte del Ejército. Sus integrantes reiteran que las autoridades están empeñadas en desarmarlos, cuando es su única manera de defenderse, mientras que no hacen lo mismo con los grupos criminales que tienen amenazadas a las comunidades.

Por la mañana, integrantes de la UPOEG comenzaron a liberar la carretera interestatal que conecta la región Centro con la Costa Chica de la entidad. Los inconformes aún retienen a aproximadamente un centenar de militares.

Desde las 08:45 horas, los pobladores de El Pericón y miembros de la guardia comunitaria desbloquearon esta vía de comunicación como una muestra de su interés para negociar con las autoridades gubernamentales,  indicó el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.

La noche de ayer, el gobernador perredista Angel Heladio Aguirre Rivero admitió que fue rebasado por la protesta de la  UPOEG, y por ello planteó una reunión para este martes con autoridades federales para discutir el tema de los operativos de desarme que encabeza el Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan con el apoyo del gobierno estatal.

Asimismo el gobierno del estado, mediante un comunicado, acusó a los miembros de la guardia comunitaria de la UPOEG de violar un acuerdo donde “se comprometieron a no salir de sus territorios armados y no portar armas de grueso calibre”.

El gobierno estatal, agrega el boletín, anuncia el respaldo a las acciones del Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan en cinco de siete regiones de la entidad con el aval y subsidio del mandatario estatal.

Los guardias comunitarios desarmados estaban encabezados por Gerardo Telefor, “El Comandante Garza”, quien también fue detenido y liberado una hora después, luego de que los pobladores de este lugar, como medida de presión, bloquearon las entradas y salidas del poblado a la altura de los cruceros de Las Cruces y Las Ánimas.

Pobladores denunciaron que desde hace dos meses el Ejército instaló un campamento en una zona arqueológica, en el poblado de El Pericón, y que en este lugar convivían con civiles armados que portaban uniformes negros.

Incluso señalaron que en el momento en que los militares fueron cercados por la población que se manifestó sin armas, al menos dos hombres que portaban playeras negras huyeron a pie del campamento militar, en tanto que los soldados se agruparon y encañonaron a los civiles.

Enseguida, los pobladores descubrieron un presunto puesto de tortura en el campamento militar: un cable atado a un árbol y rastros de que en ese punto personas habrían sido sometidas a tormentos.

Por ello, los miembros de la UPOEG exigieron la entrega del armamento decomisado a sus guardias comunitarios que se dirigían a una reunión regional en Tierra Colorada y demandaron que se investigue al capitán identificado sólo como “Bron”, quien fue acusado de brindar protección a delincuentes.

Sobre esto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, señaló que el Ejército viola un acuerdo que se suscribió la semana pasada entre autoridades y el grupo de autodefensa.

Ese pacto plantea el respeto del Ejército, Marina y policías de los tres niveles al brazo armado de la UPOEG y reprochó el hecho de que el gobierno federal hostigue a los ciudadanos que decidieron armarse para enfrentar a la delincuencia ante la omisión gubernamental.