viernes, 20 de diciembre de 2013

COLUMNA

Sin Concesiones
Armando Patrón

Los intentos de los diferentes actores políticos por deslegitimar el informe de la Comisión Nacional  de los Derechos Humanos (CNDH), pone de manifiesto el estiércol de que está hecha la clase política en el estado de Guerrero, y su posible colusión con el crimen organizado, que goza de cabal salud y protección de estos siniestros personajes que dirigen la entidad.

Para tratar de hacer creer a la sociedad de que sus políticas sociales tienen un amplio respaldo de la oposición política y para intentar lavar su corrupta imagen,  inmediatamente después del informe de la CNDH, el gobernador priista del estado de Guerrero, que dirige la entidad en nombre del Partido de la Revolución Democrática, solicitó una reunión urgente con todos los presidentes municipales del PRI encabezados por el dirigente de ese partido Cuauhtémoc Salgado Romero, para que defendieran su política represiva y autoritaria.
A cambio de ese apoyo, el gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero, les entregó importantes sumas de dinero para que paguen los aguinaldos, olvidando que los Ayuntamientos están en quiebra porque los anteriores presidentes municipales priistas los desfalcaron. El caso más representativo es el de Acapulco, que fue gobernado por su primo, Manuel Añorve Baños, el cual tiene una deuda que no ha podido pagar.
Y esa ha sido la política de un gobernador incapaz, torpe, autoritario y represor, como Angel Heladio Aguirre Rivero,  que se ha dedicado a comprar conciencias de líderes, diputados priistas, perredistas, petistas, y alcaldes de todos los partidos políticos. Y los que no se dejan comprar terminan asesinados o encarcelados por fuerzas oscuras que el gobierno señala tienen ligas con el crimen organizado.
Angel Heladio Aguirre Rivero, desde hace mucho tiempo maneja un doble discurso al llamar al dialogo y después avalar que se encarcele a los líderes sociales e integrantes de la Policía Comunitaria que defienden verdaderamente los intereses de los pueblos. Primero dialoga y después pacta con el gobierno federal la represión contra los líderes de la CRAC, para después lavarse las manos aduciendo que son detenidos por delitos del orden federal.
Para qué sirve un gobernador, si permite los atropellos en contra de quienes le están haciendo el trabajo de brindar seguridad a la ciudadanía, que él no ha podido hacer, y que avala el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa, el de los líderes sociales de Iguala y de la Costa Grande.
El gobernador del estado, ha declarado que el informe de la CNDH no está bien sustentado y que tiene motivaciones políticas, pero no especifica cuáles, prefiere escudarse en los priistas amantes del dinero y de los placeres, en lugar de personas serias y honestas, tratando de ocultar la realidad de una sociedad que día tras día se hunde en la incertidumbre y la violencia.
La CRAC está legitimada por la Ley 701, y porque a lo largo de su existencia ha demostrado más eficacia y honestidad que las demás corporaciones policiacas, porque en sus comunidades de origen ha sido posible erradicar los asesinatos, los robos, el abigeato y otros delitos del fuero común y federal.
A partir de la creación de la CRAC, el mejoramiento social de los pueblos ha ido avanzando, debido en gran parte a que sus habitantes ya pueden tener en posesión crías de animales, algo que en tiempos pasados, no se podía debido a los constantes robos de animales por parte de la delincuencia. Los secuestros se han terminado, no así en las grandes ciudades donde existen todo tipo de corporaciones policiacas y las más avanzadas tecnologías de investigación. La llegada de más policías federales, sólo es una faramalla más, porque mientras las corporaciones policiacas y sus funcionarios estén infiltrados seguirá la delincuencia en auge

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