NOTA

Poner candados a

concesión de agua

MEXICO, D.F.--Los diputados Dora María Talamante Lemas y René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA), advirtieron que en la Ley de Aguas Nacionales puede observarse la ausencia de mecanismos que permitan el aprovechamiento y explotación eficiente del agua, así como prácticas que eviten el derroche del mismo, debido a actos de corrupción en cuanto a la gestión del líquido.

A fin de contribuir en la solución de problemas como la escasez del recurso hídrico disponible con seguridad; desigualdad en la distribución regional del mismo; y desproporción entre la disponibilidad del recurso y la densidad demográfica, los integrantes del GPNA presentaron una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la intención de poner candados al procedimiento de otorgamiento de concesión o asignación de agua y garantizar un manejo sustentable y transparente de la misma.

Propusieron la creación de mecanismos que obliguen a la autoridad a tomar en consideración la situación de la disponibilidad de agua en una región determinada y ponerla en relación directa con la demanda de agua existente que se le presenta específicamente para tal región, solicitud que debe resolver mediante el otorgamiento o la denegación de concesión de agua.  

Los legisladores aliancistas mostraron su preocupación ante los indicadores que señalan que en nuestro país más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso al líquido; además de la sobreexplotación de las aguas subterráneas que sigue al alza, pues de 1975 a 2012 el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 a 163.

Señalaron que el mal uso del recurso acuífero dista de ser gestionado de manera sustentable. En este sentido, puntualizaron que en México, mientras el recurso hídrico escasea en la mayor parte del territorio nacional, el número de permisos para aprovechar las aguas nacionales va en aumento. Así, tan sólo en la administración pasada, las concesiones subieron a 370 mil, las cuales fueron en su mayoría otorgadas para consumo agrícola y de abastecimiento público.

Talamante Lemas y Fujiwara Montelongo, integrante de la Comisión de Energía y presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados, respectivamente, puntualizan en su propuesta la necesidad de obligar al solicitante a incluir en su solicitud de concesión o asignación, como documento adjunto, un certificado de disponibilidad de recursos hídricos, en la calidad y la cantidad requerida por la actividad y en la zona de emplazamiento del proyecto.

De tal modo, la autoridad del agua tendrá en su poder los datos sobre la disponibilidad en agua de la zona específica en la que se le solicita concesión o asignación para confrontarla con la demanda hidrológica específica; y así estar en la aptitud de determinar si es sustentable o no otorgar la concesión o asignación en dicha zona.

Además, aseguraron que al obligar a la autoridad a publicar, en el Diario Oficial de la Federación, tanto el título de concesión o de asignación otorgada, así como del certificado de disponibilidad de agua, se permite al ciudadano tener libre acceso a la información. Situación que “permitiría que la ciudadanía se encuentre en la posibilidad de erigirse como observador y vigilante del proceso de la gestión del bien público que constituye el agua”.

Por lo anterior, los diputados aliancistas presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción VII del artículo 14 Bis 5 y la fracción III del artículo 21 Bis; y se adicionan dos párrafos al artículo 20 y un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley de Aguas Nacionales.(Agencia ANA).