PRIMERA PLANA

EPR:Tretas del Estado para

prolongar el dolor y reprimir

Javier Francisco Reyes.--El Ejército Popular Revolucionario (EPR), deslinda la protesta social de exigencia de justicia y aparición de los 43 normalistas con la guerrilla, pues el gobierno antipopular y represivo intentará cuantas tretas sean necesarias para prolongar de manera indefinida el dolor que genera la ausencia de los detenidos-desaparecidos de manera forzada como parte del terrorismo de Estado.

Mediante comunicado hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la comandancia general del EPR (CG-EPR), denuncia que los terroristas están y operan desde el Estado, en ellos recae la responsabilidad de los más de 80 mil detenidos-desaparecidos que existen en el país, así que no son sólo 43, son miles de víctimas del terrorismo de Estado.

El grupo guerrillero enfatiza que el intento por querer vincular al crimen organizado a los normalistas de Ayotzinapa y a los 43 detenidos-desaparecidos de manera forzada cae por su propio peso, el intento por dar por muertos a los mismos también ha sido desenmascarado por su falsedad y lo mismo ocurrirá con el grotesco implante de provocación de la violencia desde el Estado en las manifestaciones populares. 

Añade, el gobierno antipopular y represivo intentará cuantas tretas sean necesarias para prolongar de manera indefinida el dolor que genera la ausencia de los detenidos-desaparecidos de manera forzada como parte del terrorismo de Estado.

Una maniobra más de este gobierno antipopular y represivo está en curso para diluir la responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad del Estado mexicano. 

Explica el EPR, Primero se vertieron “informes” incriminatorios desde el Cisen contra organizaciones populares y luchadores sociales de estar vinculados ya con el narcotráfico u organizaciones criminales; cuando eso no funcionó esos mismos “informes” ahora los vinculan a la guerrilla; después vinieron los sesudos “análisis” de las plumas mercenarias que en nombre del oficio periodístico se autoasumen como ministerio de la voz y el pensamiento pidiendo se aplique la ley a los “violentos”; posteriormente viene la exigencia de la oligarquía en voz de una abstracta “sociedad civil” que pide se aplique el estado de derecho.

En ese marco de linchamiento político contra las manifestaciones de solidaridad con las víctimas del crimen de Estado cometido en Iguala, Guerrero el representante de la actual junta administrativa de los intereses oligárquicos amenaza con generalizar la represión y acto seguido se desata la exigencia de la aplicación de la ley, del estado de derecho por todo el séquito de representantes del Estado mexicano.

En ese contexto está la amenaza del general Cienfuegos de enfilar la acción militar represiva contra todo aquel que denuncie el papel que juega el ejército federal en el cometido de crímenes de lesa humanidad. Y para cerrar, desde los monopolios de la comunicación, la dictadura de opinión constituye cuña política para la defensa del régimen, contando con la participación del ministerio de la opinión, que desde el oficio de periodismo se toma partido para defender al régimen represivo y antipopular.

Resulta que el violento desde el Estado despotrica contra la violencia; el provocador grita ¡detengan a los violentos!; el asesino de Estado dice defender los derechos humanos y proteger a la ciudadanía; los represores claman paz y están de acuerdo con la “movilización pacífica”; y los provocadores llaman a una nebulosa acción de golpe a golpe. ¡Qué farsantes! En cada una de sus declaraciones hablan como si de veras fueran víctimas cuando el Estado mexicano es el victimario permanente. Los terroristas están y operan desde el Estado, en ellos recae la responsabilidad de los más de 80 mil detenidos-desaparecidos que existen en el país, así que no son sólo 43, son miles de víctimas del terrorismo de Estado.

El 20 de noviembre nuevamente se reprimió al pueblo, utilizando la misma táctica que en diciembre de 2012;  día en el cual quedó manifiesto el carácter represivo del gobierno  de EPN en mancuerna con la administración del DF. La violencia irracional no viene de las fuerzas populares que exigen justicia ante los crímenes de lesa humanidad, no, surge de la provocación realizada por las fuerzas represivas desde la concepción contrainsurgente en el intento de contener la condena multisectorial a un gobierno que se sostiene sólo con el puntal de los cuerpos represivos.

Se provoca la “violencia” con grupos supuestamente anarquistas para justificar la represión, desde el supuesto mundo del anarquismo se monta la provocación para poder ejercer “la aplicación de la ley”, “todo el peso del estado de derecho”; se reprime “sutilmente” para infundir el terror del Estado y tratar una vez más de diluir la responsabilidad del Estado mexicano en los delitos de lesa humanidad. “Los infiltrados” y los “provocadores” –como el 1 de diciembre– en realidad son parte de los cuerpos represivos, ¡Son elementos activos del ejército y las fuerzas represivas!, las pruebas en cada ocasión son del conocimiento público.