COLUMNA

LECTURA POLÍTICA

Noé Mondragón Norato

La muerte de las instituciones

Lo que admitió el presidente del senado, el perredista Miguel Barbosa Huerta, es una confesión de parte de los desacuerdos y zancadillas políticas internas perredistas, y acelera el desgaste natural de la tribu perredista Nueva Izquierda (NI) o los chuchos. Y las pugnas no solo se reducen a eso. Dimensiona además, el tamaño de la crisis política por la que atraviesan los partidos políticos y la estructura del poder misma: “no existen las condiciones para realizar la elección en Guerrero”, señaló tajante dicho legislador. De ahí se abren algunas inquietantes lecturas.

COLAPSO, ANARQUÍA Y CAOS.- El llamado de los normalistas de Ayotzinapa y los belicosos integrantes de la Ceteg, se enfocó ahora en la próxima elección de gobernador. Es su nuevo instrumento de presión para demandar la presentación de los 42 estudiantes desaparecidos. Aunque todos los indicios apuntan a que ya están muertos. Y la protesta comienza a radicalizarse. Se lee así: 1.- Al interior del movimiento de protesta por los hechos de Iguala, una cosa quedó despejada: si los representantes populares fallaron en su gestión para brindar seguridad y justicia, entonces el punto más vulnerable para atacarlos es justamente, la próxima elección del 7 de junio. Por eso ya le metieron todo el acelerador en ese sentido. Y comenzaron con la toma simbólica del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias de sus delegaciones. Y al parecen, ahí se van a mantener. 2.- A pesar de que el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, convocó ayer a tres aspirantes a gobernador por ese partido – Socorro Sofío Ramírez Ramírez, Beatriz Mojica Morga y Armando Ríos Piter-, con el fin de acordar el mecanismo de selección del candidato, finalmente el PRD es el partido más desgastado y cuestionado en la actual coyuntura. Y en esta vertiente, el grito desesperado de Barbosa no se inscribe en el hecho de que no existan las condiciones para realizar la elección de junio, sino que en realidad no existe ninguna garantía para que el PRD retenga el gobierno estatal. Eso es lo que está anticipando. 3.- La renuncia al PRD de los dirigentes históricos del ese partido se sumaría a los escenarios de desastre electoral. Porque de la tribu NI no se ha visto en marchas contra el fraude electoral, ni la reforma educativa y hacendaria, a ninguno de sus dirigentes. Tampoco a los de las otras tres que lo tienen secuestrado –UIG, NM y GG-. Y sin embargo, Eloy Cisneros Guillen, Saúl López Sollano, Ranferi Hernández Acevedo y Félix Salgado Macedonio, han sido forjados al calor de la lucha combativa en el PRD. Son verdaderos íconos de ese partido. Al renunciar, le dejan a las tribus de los cuatro fantásticos o malignos –Sebastián de la Rosa Peláez, David Jiménez Rumbo, Evodio Velázquez  Aguirre y Víctor Aguirre Alcaide- el pastel completo para que se indigesten con él. Si es que lo ganan en la próxima elección. Y si los normalistas de Ayotzinapa y la Ceteg, permiten la realización de este proceso electoral. Porque ahora, las autoridades federales y estatales al parecer, les tienen que pedir permiso. 4.- Si la elección de junio se colapsa, lo que sigue es la aparición de la anarquía. En términos estrictos, la muerte de las instituciones. Porque de pronto, los ciudadanos comunes se encontraran sin diputados locales que legislen, sin magistrados y jueces que impartan justicia y sin un gobernador que aplique los presupuestos públicos y combate la inseguridad, aquella que le abrió paso justamente, al fortalecimiento de la delincuencia organizada. De ahí que el llamado del movimiento Ayotzinapa, se instale ya, más allá de los reclamos de justicia y ataques a la corrupción en la función pública. Y se encamine progresivamente, a los de la insurrección. Lo cual es también una frontera peligrosa. Porque ¿cuántos individuos se necesitan para retar a las instituciones y demandar su desaparición tácita, apelando de soslayo, a otra etapa de lucha como la de las armas? Una revolución no se arma con cientos, sino con miles. Y más miles. Además, el soporte ideológico es inexistente. Es cierto que existe una profunda crisis en las instituciones. Y lo que el movimiento social de Ayotzinapa está obligado a construir, son propuestas concretas para que los partidos políticos y los gobiernos, modifiquen rumbos, corrijan estrategias, descontaminen lo podrido socialmente, y suplanten personajes. Y obligarlos legalmente a que lo hagan, no en el discurso, sino en los hechos. A estas alturas, los ciudadanos ya se cansaron de la farsa recurrente que recicla rostros de personajes en los cargos de elección popular y en la función pública, esos que adquieren vicios y viven para sostenerlos y prolongarlos. También de las complicidades que permiten el arribo al poder, de muchos delincuentes. Porque la muerte de las instituciones no es posible, sin el nacimiento de un nuevo orden. Y para lograrlo, el camino no debe ser la violencia. De eso ya estamos todos, agotados.

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