NOTA ROJA

Sin medidas cautelares

a Sofía Lorena y Mendoza

A 18 meses del asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular (UP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que brinde protección a la viuda del líder campesino, Sofía Lorena Mendoza Martínez, y al sobreviviente de los hechos, Nicolás Mendoza Villa.

De acuerdo con la resolución MC185/13, el organismo informó que a partir del 1 de diciembre se liberaron las medidas cautelares a favor de Mendoza Martínez, Mendoza Villa y sus respectivas familias, toda vez que “los derechos a la vida e integridad de estas personas están en riesgo, debido a la denuncia presentada por la presunta desaparición forzada y posterior ejecución” de Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2013.

En el contexto de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en entrevista con Mendoza Martínez y sus representantes, Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo –integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC)–, quieres denunciaron como autor material e intelectual del crimen de Hernández Cardona al exalcalde de Igualade la Independencia. José Luis Abarca Velázquez.

Los entrevistados resaltaron que el 24 de septiembre, dos días antes del ataque armado a los jóvenes, el obispo Raúl Vera, fundador de la RSDCIAC, acudió a Washington para aportar mayores elementos a la CIDH con el fin de que se otorgaran las medidas cautelares.

En el documento, la CIDH señala que hay elementos que demuestran que “los beneficiarios se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”.

La resolución da un plazo de 15 días al  gobierno de Peña Nieto para que informe sobre las medidas de protección adoptadas a favor de Sofía Mendoza, Nicolás Mendoza y sus familias, y “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su posible repetición”.

De acuerdo con el análisis realizado por el organismo, se determinó otorgar las medidas cautelares a partir del constante hostigamiento del que han sido objeto Mendoza Martínez y Mendoza Villa, sobre todo después de la  desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

La viuda del líder campesino declaró a la CIDH que después de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre “se percató de la presencia afuera de su casa de una camioneta roja sin placas y con varios hombres en su interior, armados y con cabello corto”.

En el caso de Nicolás Mendoza, se informó que luego de declarar ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) sobre el homicidio de Hernández Cardona, del que fue testigo, “su situación de riesgo presuntamente se incrementó teniendo que cambiarse de domicilio hasta en ocho ocasiones”.

Según el documento, el 28 de septiembre él y su familia salieron de su domicilio en Morelos, “debido a que presuntamente se produjo una nueva incursión en su casa por al menos ocho personas armadas”.

Pese a que Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CIDH consideró que “no se ha acreditado la posible efectividad de las medidas implementadas a la fecha (…) tomando en consideración sus roles como denunciante y testigo, así como la naturaleza de los procesos judiciales en los que intervienen y el contexto en el cual habrían ocurrido los presuntos hechos”.

Luego de considerar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Iguala, los comisionados de la CIDH, Tracy Robinson, Rose-Maire Belle Antoine, Rosa María Ortiz, James Cavallaro y Paul Vannuchi, determinaron otorgar las medidas cautelares a Sofía Lorena Mendoza y sus dos hijos, y a Nicolás Mendoza, su esposa y sus dos hijos.