POLICRÓNICA

   ¿Enfrentamiento?...Existe un escenario peligroso que podría vivir el municipio de Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica, primero porque ya existe una policía comunitaria y segundo se anuncia crear otra con el compromiso de disminuir los índices delictivos.

El 5 de enero de este año, en su segundo día de aniversario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), su dirigente Bruno Plácido Valerio, anunció la adhesión de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica de Guerrero a su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC). Añadió,  “Nuestros pueblos y comunidades exigen justicia, vida digna y libertad. Estamos cansados de la inseguridad, la impunidad y la corrupción que corroen al gobierno y destruyen al país”, se leyó en la introducción del Plan de Tecoanapa, el cual consta de 12 puntos. En las mesas de debate sobre el sistema --que funciona desde hace dos años en el estado--, el dirigente de la UPOEG anunció la adhesión de ese municipio de afroguerrerenses, quienes se dieron cita en Tecoanapa, municipio también de la Costa Chica, y se comprometieron a disminuir los índices delictivos del lugar. En esa fecha Placido Valerio, presumió que ha demostrado con resultados que su sistema es más efectivo que las corporaciones policiacas convencionales, y por esa razón consolidan desde hace más de un mes las guardias comunitarias de Cuajinicuilapa; además, indicó que harán asambleas en ese lugar para elegir a elementos que integrarán las guardias ciudadanas, que en unos 15 días podrán operar. El argumento para crear  el SSYJC de la UPOEG, supuestamente que a finales de 2014 el alcalde de Cuajinicuilapa, Irineo Loya Flores, confirmó que varios pobladores decidieron desincorporarse de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que dirige Eliseo Villar Castillo, porque ese sistema se contaminó y pidieron su adhesión a otro verdadero sistema de justicia, sin embargo  habría que señalar que el año pasado había un total aproximado de 7 mil comunitarios; este año la cifra es de apenas 5 mil elementos. Eso significa que tanto la UPOEG y como la CRAC tienen problemas para mantenerse en crecimiento como sistema comunitario. Cuando un movimiento de autodefensa es genuino y no está contaminado, es saludable para que los pueblos cuenten con seguridad tanto física como de su patrimonio, pero cuando se vuelven mercenarios, es muy peligroso, es decir cuando se comienzan a corromper al recibir dinero del gobierno. En dos años que lleva la UPOEG, con nacimiento en Tecoanapa y Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica no le ha ido muy bien, ha tenido altibajos, además han recibido dinero del gobierno, por ello hay divisionismo. En casi 20 años de haberse creado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), igualmente pero en San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, de los cuales en más de 16 años, había funcionado perfectamente, sin divisionismos, pero ahora hay dos CRAC, una que dirige Eliseo Villar Castillo y la otra que encabeza Abad García, ambos se pelearon por la disputa de un millón de pesos que el corruptor el ahora gobernador con licencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angel Heladio Aguirre Rivero les entrega cada mes, es decir una empresa que ingresaba 12 millones de pesos anuales. Por la ambición del dinero, llegaron al extremo hasta de balacearse, mutuamente se acusaron y detuvieron a sus policías comunitarios. Cuando escribimos y preguntamos ¿Enfrentamiento?, tras el anuncio de Bruno Plácido  Valerio de crear  SSYJC en Cuajinicuilapa, nos preocupa, ya que nuestro equipo de investigaciones especiales el fin de año e inicio del 2015, constató que en varios pueblos de esa municipalidad ya existe la Policía Comunitaria, dependiente de la CRAC que dirige  Eliseo Villar Castillo. Por ejemplo, se los vio a los comunitarios en los pueblos de El Vaivén, Buenos Aires, Maldonado y Tierra Colorada. Inclusive el primero de este enero, los comunitarios ofrecieron seguridad a los paseantes y bañistas que llegaron a la playa de mar abierto de ésta última comunidad, tal como lo revelan algunas gráficas tomadas  ese día por la lente de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, tal como se publican hoy 15 de enero. También nuestro equipo conoció  en que los elementos de Villar Castillo han caído en excesos al tratar de detener a los parroquianos cuando son acusados por un delito menor, por ende hay inconformidad, pero como no tienen en donde exponer su queja se quedan callados. Sin embargo ante la eventualidad de crear el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC) dependiente de la UPOEG, entonces las personas podrían irse a quejar con estos y a la vez también estos pudieran  atender la denuncia  y hacer justicia. Este es un escenario peligroso, porque ambos grupos están armados tratando de justificar su acción, y defender a los agraviados.  Ahí es donde radica nuestra incertidumbre de que se podría generar un enfrentamiento entre policías comunitarios, tomando en cuenta que entre las dos CRAC y la UPOEG, principalmente con su dirigente Bruno Plácido Valerio, no tiene buenas relaciones, con Eliseo Villar Castillo, ya que él viene de ese sistema y abandonó sus filas precisamente por no compartir en los excesos en que comenzaron a incurrir los comunitarios contra la población, perdiéndose el verdadero espíritu con que se creó hace casi 20 años la más conocida como Policía Comunitaria. Existe el riesgo de que entre los dos grupos armados se enfrenten ante posibles diferencias de cómo conducirse en el momento de aplicar la justicia comunitaria, como es la detención de personas. Se conoció que los comunitarios de la CRAC han detenido a personas acusados de cometer delitos menores, como el robo de alguna gallina, los han ido a sacar de sus casas con lujo de violencia allanando y destruyendo sus viviendas. Si la UPOEG, no hace ese tipo de acciones, y que si algún agraviado les presenta alguna queja, entonces podría haber una reacción en contra de esos policías civiles y existe la hipótesis que habría un enfrentamiento entre CRAC y UPOEG. Antes de que Placido Valerio avance en esta pretensión, debiera analizar este escenario que desde ahora estamos anticipando, pues en lugar de beneficiar a los habitantes de Cuajinicuilapa, pudiera complicarles su existencia. Para evitar alguna confrontación, forzosamente tendrían que pactar entre Eliseo Villa Castillo y Bruno Plácido Valerio, no a la agresión, que cada quien respete su territorio, su forma de administrar justicia, que eso sería lo ideal, y evitar que se exacerbaran los ánimos, ya  que ambos grupos portan armas de bajo calibre. En lugar de que la UPOEG se ampliara al municipio de Cuajinicuilapa,  en donde ya tiene presencia un parte de la CRAC, debiera analizar seriamente tener presencia en otros municipios de la región de la Costa Chica, en donde no existiera Policía Ciudadana y con ello efectivamente se cumpliera el objetivo de ofrecer seguridad y bajar los índice delictivos que existieran. También es cierto que los comunitarios de la UPOEG, hasta hoy en día prestan un servicio social, realizan un trabajo de la policía constitucionalmente constituida y reconocida, pero ante su ausencia, los mismos pueblos se organizan para autodefenderse de la delincuencia. Lo que deseamos que es que haya una buena convivencia entre los pueblos costachiquenses y los policías comunitarias, y lo que estamos escribiendo es que se reflexione antes de que el dirigente de la UPOEG concretice el establecimiento de un grupo de seguridad ciudadana en aquel municipio ubicado a más de 400 kilómetros tomando como punto de partida Chilpancingo, capital del estado de Guerrero...Informe...A dos meses de la llegada de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernaron sustituto, hoy jueves se presentó ante la comisión de gobierno del Congreso del Estado para hacer entrega de lo que sería el cuarto informe de la administración que encabeza el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre Rivero. La documentación  entregada se comenzó a recabar desde el mes de octubre y noviembre momentos en que la crisis gubernamental llegó a puntos críticos con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala de la Independencia. Fue cuando iniciaron los incendios en varias oficinas de gobierno principalmente en áreas importantes como la secretaria de Finanzas, Desarrollo Social y otras de menor importancia como la contraloría, y hoy mismo nuevamente fue quemado el palacio de Gobierno, quienes tenían el pulso real del grabe desvió de recursos públicos en el que se encontraba la administración  de Ángel Heladio Aguirre Rivero. Volvemos a insistir que el incendio en palacio de gobierno en las oficinas del programa Pensión Guerrero, no fueron actos desesperados de los maestros de la CETEG o de estudiantes de la normal de Ayotzinapa para encontrar a sus compañeros desaparecidos. Sino una estrategia oportuna y excepta que hoy Rogelio Ortega Martínez, abra de culminar con un informe de labores inconcluso, donde falten miles de millones de pesos que no podrán ser comprobados porque no existe documentación oficial porque nunca existió documentos que respaldaran el uso correcto de los recursos públicos. La gravedad de los hechos es que Guerrero fue saqueado por Jorge Salgado Leyva, Carlos Mateo Aguirre Rivero, Abel Echeverría Pineda y una banda de delincuentes que se enriquecieron con recursos públicos y que ahora Salvador Rogelio Ortega Martínez respaldando con el hecho de estar entregando este cuarto informe de labores en el cual atestigua que es parte ya de una corrupción de gobierno. En su mensaje desgastado del gobernador dirigido a sus comadres y compadres el tema de la reconstrucción de Guerrero y la paz social en un discurso inoportuno, todo el pueblo le hubiera gustado escuchar el inicio de una investigación por el manejo de los recursos públicos, una investigación sobre la relación de Aguirre Rivero y los grupos de la delincuencia organizada, pero sobre todo palpar que el gobernador es parte de la inconformidad de muchos Guerrerenses diciendo  ahí mismo que el gobierno federal para detener a los narco-políticos y que su gobierno está abierto a eso. Sin embargo nunca escuchamos ninguna frase de justicia. Muy por el contrario vimos una comisión de Gobierno que recibió un cuarto informe de labores que sin duda habrá de aprobar en el próximo periodo de sesiones y con ello ser parte de esa delincuencia organizada que bajo el manto de la democracia se dicen ser representantes populares. Basta ya de actos mediocres, el pueblo puede olvidar algunas acciones buenas, pero los errores se cobraran en las elecciones de este año. Y Salvador Rogelio Ortega debería abrir el abanico de la justicia para sacudirse a todos aquellos que se encubren en el gobierno del estado. Nos hubiera gustado escuchar consignas contra el mal gobierno que hizo Aguirre Rivero y no aplausos zalameros a quien le quedan ya nueves meses como gobernador sustituto.