PRIMERA PLANA

Pretende PGR dar carpetazo;

exigen castigo para Aguirre R.

Jonathan CuevaS.IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.--Los padres de familia de los 42 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en esta ciudad el 26 y 27 de septiembre pasado, rechazaron la versión otorgada por la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que sus hijos fueron calcinados en Cocula, con lo que advirtieron, “se pretende dar carpetazo” enfilando el caso hacia la impunidad. 

Los padres de familia y su abogado Vidulfo Rosales Sierra, exhibieron las inconsistencias que la Procuraduría de la República ha llevado en las investigaciones por la desaparición y asesinato de estudiantes. Entre otras cosas advirtieron que el asesinato de Julio César Mondragón Fontes no ha sido aclarado, lo que contrapone la versión de que todos los estudiantes levantados por la Policía Municipal, fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues éste normalista fue encontrado con el rostro desollado la mañana del 27 de septiembre, cerca de la Ciudad Industrial en Iguala.

Una representación de los padres de familia acompañados de su abogado, de los estudiantes de Ayotzinapa y del Centro Prodh, ofrecieron una conferencia de prensa a las 21:00 horas en las instalaciones del centro de Derechos Humanos en mención, en la Ciudad de México. Ahí respondieron al anuncio del procurador Jesús Murillo Karam quien prácticamente dio por cerrado el caso y oficializó la versión de que los 43 desaparecidos, fueron incinerados.  

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia explicó 10 puntos que comprueban las inconsistencias cometidas en la investigación de la PGR. También dio a conocer dos incumplimientos que consideran como “graves” del presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que la información vertida a medios de comunicación desde la PGR a través del propio Procurador Murillo, no les fue previamente notificada, además de que no pudo ser verificada al no entregarles las copias de los expedientes consignados, como fue el compromiso firmado por el presidente.    

Entre las diez razones por las cuales consideran que no pueden darse por concluidas las investigaciones, dijeron que no hay una certeza científica de que los restos encontrados en Cocula, correspondan a los normalistas. Además consideraron la necesidad de la aplicación de pruebas científicas independientes ante el largo historial de fabricación de pruebas que pesa en la fiscalía nacional. 

En segundo punto se refirió a que la declaración de “El Cepillo” no es contundente debido a que él mismo confesó no haber presenciado los hechos de principio a fin. El tercer punto tiene que ver con las denuncias públicas de coacción que se ha aplicado a algunos inculpados, por lo que se tendría que investigar a su vez que dichas declaraciones no hayan sido obtenidas por la fuerza.

En cuarto lugar, se refirió a que en su investigación, la PGR no hace mención en el caso de Julio César Mondragón, el joven que fue desollado y su cadáver abandonado en la Ciudad Industrial de Iguala, muy cerca de la calle Álvarez donde fue el ataque y “levantón” de los estudiantes, pero en dirección contraria a Cocula. 

Expuso que ese hecho no mereció una sola mención en la conferencia que ofreció este mismo martes el Procurador, sin embargo su esclarecimiento es fundamental para entender lo que pasó aquella noche. 

Recordó además que continúan prófugas varias personas que, en la propia versión oficial, suponen que serían muy relevantes para entender lo que ocurrió. Mencionó a Felipe Flores Vázquez, Salgado Valladares, Gildardo y Ángel Casarrubias, entre muchos otros. 

“En sexto lugar se ha hablado también de que no hay hoy por hoy, un solo juicio iniciado por desaparición forzada de personas. Contra la Procuraduría ha dicho, el tema no es de penalidad, no es que el secuestro tenga más penalidad y la desaparición menos, el tema es que la desaparición forzada es el delito apropiado para establecer la responsabilidad estatal por graves violaciones a derechos humanos”; resumió las palabras de Vidulfo Rosales, el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre.

En séptimo lugar, dijeron que existen en el expediente dos versiones sobre los hechos contradictorias entre sí, que no han sido esclarecidas. En este punto consideraron que la PGR tendría que contraponer las dos versiones para llegar al punto medular de los hechos, esto debido a que hay personas que confesaron inicialmente que los estudiantes habían sido llevados a los rumbos de Pueblo Viejo y Cerro Gordo, en Iguala. 

También afirmaron que no hay certeza legal de la muerte de los estudiantes ya que hay solamente una identificación ósea, con lo que no puede establecerse una certeza legal para consignarse como homicidio. Es decir, mientras no exista el cuerpo del delito (los 42 cadáveres), no podría tener peso una versión como la que da la PGR, y menos consignar a los inculpados por homicidio. 

Como décimo punto advirtieron que no existe una averiguación sobre la participación del Ejército Mexicano, puesto que existe una declaración rendida por el policía Salvador Bravo Bárcenas ante la PGR de que el Ejército tenía conocimiento al menos desde el 2013, sobre el control que el grupo criminal de Los Guerreros Unidos, ejercía sobre la Policía de Iguala y Cocula.

“No hay una línea de investigación sobre el posible encubrimiento que brindó el Ejército a este grupo (Guerreros Unidos)”, dijo Santiago Aguirre.

También afirmó que dentro de este mismo punto, no existe una investigación que permita llegar al extremo delincuencial que permitió el ataque a los estudiantes. Vidulfo Rosales aseveró que se tendrían que esclarecer y castigar la relación de los alcaldes de Cocula, Taxco y otros municipios, con el grupo de los Guerreros Unidos. 

“Lo hemos dicho una y otra vez, es absurdo pensar que la complicidad político-delincuencial que existe en Guerrero con los Guerreros Unidos, se acote y concluya en el municipio de Iguala”; abundó Santiago Aguirre.  

Vidulfo alegó que se tiene que incluir en la investigación y se debe fincar la responsabilidad del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero. 

Destacó que el caso tendrá que ser revisado por organismos internacionales de Derechos Humanos, tanto en las Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana, por lo que el presidente Peña tendrá que responder ante éstos organismos. Colocarán –aseguró-, el caso en las instancias internacionales.    

En la conferencia, los padres de familia coincidieron en que no dejarán la lucha y, por el contrario la habrán de fortalecer. Advirtieron que continuarán las marchas y el bloqueo del proceso electoral, por lo que llamaron a la ciudadanía a solidarizarse en este intento de frenar las próximas elecciones en Guerrero.    

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los desaparecidos apuntó: “los padres de familia repudiamos la forma en cómo hoy, el Procurador de Justicia pretende cerrar de manera descarada lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, violentando los acuerdos que signó Enrique Peña Nieto en la reunión que se tuvo en los Pinos, donde el compromiso fue que cualquier situación de la investigación, primero tendría que darse a conocer a los padres de familia”.

Agregó que las prisas políticas del actual gobierno, están dejando ver que no les importa el daño causado a los padres de familia y las víctimas de los hechos del 26 de septiembre. Esto, en referencia al proceso electoral venidero. 

“No vamos a permitir que concluya o que cierre las investigaciones que hoy dieron a conocer, con la sola declaración de los asesinos”, aclaró. 

También afirmó que los padres no creerán la “teoría” de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, esto, mientras no se compruebe de manera científica. 

Dijo que los padres de familia continúan firme en la lucha y, no descansarán hasta recibir a sus hijos con vida.      

“Luchemos para que no haya elecciones hasta que se presenten los 43 compañeros”, solicitó una de las madres de familia mientras que otra pidió la renuncia de los gobernantes de este país, al no poder resolver el caso de la desaparición de sus hijos.  

Los padres de familia se dijeron lastimados y ofendidos por el gobierno mexicano, mientras que uno de ellos advirtió: “Vamos a entrar a la lucha con más fuerza. Los padres de los 43 normalistas serán una sombra para Peña Nieto donde quiera que ande”. (API).