PRIMERA PLANA

Entrega migajas CEAV a

los agraviados de Iguala 

Jonathan Cuevas.IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.--La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por acuerdo de sus consejeros, destinó la cantidad de 160 pesos semanales para otorgarles como apoyo por familia a los miembros del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de Iguala, lo que representa en pago de 22 pesos con 85 centavos por día. 

Además, los representantes de este organismo se han dirigido con prepotencia y han dado malos tratos a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que, a su vez se convierten en víctimas de acuerdo a la Ley.  

La Ley de Víctimas… 

En su artículo 4, la Ley General de Víctimas en México establece que “Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”.

“Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito”, se lee. Con esto se confirma la calidad de víctimas de las casi 400 familias que se han sumado al Comité “Los otros desaparecidos”, que ha realizado por cuenta propia la búsqueda de sus familiares, en fosas clandestinas. 

El capítulo sexto de la ley se refiere al derecho a la reparación integral. Su artículo 26 indica que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

El 27 establece que para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

En tanto, dice que la compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. “Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos”.

En este mismo artículo se habla de la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; mientras que las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

“Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados”; establece el punto 6 de este mismo artículo.

Agrega que las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la Ley General de Víctimas. 

El título cuarto, en su capítulo dos se habla de las medidas económicas y de desarrollo. El artículo 55 dice que dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

El 56 indica que son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de derechos humanos.

“La Federación, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello”, establece el artícu8lo 57.

El siguiente artículo indica que las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, “sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas”.

Varios de éstos artículos se han violado en la Iglesia de San Gerardo donde las víctimas con familiares desaparecidos se reúnen con autoridades de los tres niveles de gobierno. Principalmente la gente del CEAV ha dado un trato inhumano y ha negado apoyos a las víctimas.   

El CEAV… 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, según establece su portal de internet.

Resalta que “es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”. Es decir, dependiente al final de cuentas del Gobierno Federal.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales. Primera: Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la Ley”.

Segunda: Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Y tercera: Determinar las medidas de Asesoría Jurídica que los tres órdenes de Gobierno brindarán a las víctimas”.

A las familias de “los otros desaparecidos” se les ha negado información respecto a los programas del CEAV y, sobre todo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del que, según personal enviado a Iguala, los propios consejeros del CEAV han determinado enviar la cantidad de 160 pesos por familia como parte de la reparación del daño.  

Los objetivos del CEAV son: Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas en dicha materia.

Así como “realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, y Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables”.

Los propios comisionados y trabajadores del CEAV, han violado, al menos en el caso de “los otros desaparecidos de Iguala”, la Ley General de Víctimas. 

Viacrucis de las víctimas y, una desmayada en San Gerardo… 

Este martes se desarrolló como cada martes, la reunión semanal entre familiares de víctimas de desaparición forzada en Iguala y, autoridades del gobierno federal y representantes del CEAV que, han traído apoyo “a cuenta gotas” para los miembros del Comité. Los propios representantes de la Comisión Ejecutiva, han “regateado” los apoyos a las víctimas. 

Este día los familiares de desaparecidos y representantes del CEAV tuvieron diferencias dentro de la Iglesia de San Gerardo, luego de que los segundos informaron que los comisionados de CEAV habían ordenado que solamente se diera la cantidad de 160 pesos como apoyo semanal a las familias. 

Y es que entre los compromisos de CEAV está el dotar de recursos necesarios a las familias de desaparecidos para traslados desde las ciudades o colonias donde radican hasta el lugar de la reunión; pagos de hospedaje en caso de ser necesario, así como alimentación y otros aspectos. 

La mayoría de las familias viajan diario a la Iglesia de San Gerardo en Iguala pues, hay quienes vienen de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Morelos u otros Estados, así como familias enteras que vienen de ciudades de esta entidad como Chilapa, Chilpancingo, Taxco, Huitzuco, Cocula, Teloloapan, entre otras. 

Los gastos de traslado de cada familia varían. Su permanencia en Iguala también resulta demasiado costosa. Como ejemplo, una familiar de desaparecido explicó que gasta 660 pesos diarios en traslado al venir con su familia de Chilpancingo, por lo que mostró boletos que ha guardado desde el mes de diciembre pasado y que no le han sido pagados. La familia es de bajos recursos y ha tenido que pedir dinero prestado para venir a Iguala y participar en las búsquedas de sus familiares. 

El CEAV determinó otorgar la misma cantidad por familia tan solo los días martes, sin importar que algunas familias gasten mucho más de lo que se les está dando. 

Para recibir el apoyo, adultos enfermos y ancianos tienen que formarse por lapso de una hora aproximadamente para poder recibir su apoyo. Este martes incluso, una mujer que sufre de la presión, de nombre María Inés y aproximadamente 60 años de edad, cayó en crisis luego de que de forma prepotente, representantes del CEAV le informaron que no le pagarían el dinero que ha gastado. 

La fémina tuvo que ser atendida médicamente dentro de las instalaciones de la Iglesia y, luego le aplicaron, en una unidad médica móvil, un electrocardiograma. La mujer sufrió una crisis nerviosa y se le subió la presión según dijeron los médicos, pero cuando cayó al suelo, parecía que convulsionaba. 

La coordinadora del Comité “Los otros desaparecidos” solicitó una explicación a Erick García, encargado de la Unidad de Atención a Víctimas de Primer Contacto, en torno al escaso apoyo que se les está dando a las víctimas, así como el mal trato que se les está dando por parte del personal de CEAV.

Éste se limitó a decir que no estaba facultado para dar información, aún cuando la Ley General de Víctimas habla de que tiene que haber transparencia para las víctimas y un trato humano. 

Erick se negaba incluso a dar su nombre. Cuando Xitlali le preguntó cuál era su nombre y cargo, éste le dijo que no le daría sus datos a pesar de ser un funcionario público. La mujer cuestionó que por qué no le daría su nombre si estaba para atender a la gente, a lo que el representante de CEAV dijo: “porque no quiero”. 

Más aún, se atrevió a indicarle a la coordinadora del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, que sabía dónde trabajaba y, le exigía que le dijera exactamente en qué área estaba. El acto fue totalmente intimidatorio. (API).