PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Acéfala justicia, por

soberbia de Galeana

--Urge resolver las demandas justas de los paristas desde hace 36 días:Barra de Abogados

--Urgen crear juzgados civil y familiar en el Distrito Judicial de Bravos, los actuales son insuficientes

Javier Francisco Reyes.—La impartición  de justicia en Guerrero, se encuentra acéfala, por la soberbia de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, quien tiene la complacencia y omisión del ejecutivo del estado y del propio Congreso del Estado, al vulnerar derechos de los Servidores Públicos al Servicio del Tribunal Superior de Justicia, además urgen crear por lo menos dos juzgados civil y familiar en Chilpancingo.

Mediante un manifiesto hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por miembros de la Barra Estatal de Abogados “Nullum Crimen Sine Lege”, Asociación Civil, demandan a los titulares de los tres poderes del estado de Guerrero, asuman su papel de actores y no de simples espectadores ante el conflicto laboral de más de mil trabajadores que este miércoles cumplen 35 días de parálisis del Poder Judicial.

Entre los firmantes se encuentra, Rubén Neri González, Presidente;  Carlos Pinzón Evangelista, Vicepresidente; Fermín Rivera Mellín, Secretario General; Azucena Pérez Juárez,  Secretaria General Adjunto y Lizbeth Martínez Soto, Secretaria de Organización, quienes demandan que los tres poderes del estado les corresponde asumir para que resuelvan una demanda añeja, de mejorar las condiciones laborales así como incrementar el salario justo que demandan los trabajadores en paro indefinido desde hace 36 días, para eficientar la impartición de justicia y evitar corrupción y dadivas.

Los también firmantes del manifiesto, están: Mario Alberto Barragán Márquez, Subsecretario de Organización; Daniel Zaragoza Ramos,  Secretario de Finanzas;  Norma Edith Arcos Muñoz, Secretaria de gestión social; Alfonso Dionisio Muñoz, Subsecretario de Gestión Social; Hipólito Marbán Gerónimo, Secretario de Divulgación Ideológica; Jesús Hernández Navarrete, Subsecretario de Divulgación Ideológica; Roberto Arroyo  Hernández, Secretario de Voz y Propaganda; José A. Mendoza Laureano, Secretario de Actividades Deportivas; Antonio Cazares García, Subsecretario de Actividades Deportivas; Lucardo Cortes Hernández, Secretario de Relaciones Públicas; Emiliano Albarrán Barrera, Subsecretario de Relaciones Públicas y  Erasmo Salvador Carrillo, Secretario de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

Sostienen los barristas que  la impartición de justicia en el estado de Guerrero, se encuentra acéfala, provocada por la insensibilidad y soberbia de la titular del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura en la entidad, y por los magistrados integrantes del pleno.

Denunciaron los abogados  que los magistrados  a través de  Galeana Marín en su momento asumieron el año pasado, el acuerdo institucional, de mejorar las condiciones laborales, tanto de secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas y personal administrativo, al servicio del poder judicial, trabajadores, así como de incrementar al 35 por ciento su salario quincenal, para principios de este año 2015, incremente que se considera justo y digno, sobre todo si consideramos que todo el personal en paro, labora más de 13 horas al día.

Añaden a la denuncia los también litigantes: Severiano Sánchez Vicente, Subsecretario de Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Gladis Balanzar Gutiérrez, Secretaria de Asuntos Femeniles; Saúl Mosso Guzmán, Delegado de la Zona De La  Montaña; Cupertino  Carrasco  Oropeza, Delegado Zona Tierra Caliente; Jorge Nazario Bautista, delegado Zona Centro; Mauro García Vargas, Delegado Zona Costa Chica; Antonio Olivan Salas, Delegado Zona Costa Grande.

Sostienen que Constitucionalmente el Artículo 123,  impone una jornada de 8 horas, y sin embargo prestan sus servicios de jornadas extras, sin percibir salario alguno, violentando su libertad de trabajo, en razón de que se les obliga  prestar sus servicios profesionales en los juzgados de su adscripción, sin la retribución por las horas extraordinarias que desempeñan.

Además los trabajadores son amenazados con despedirlos, acto de intimidación ejercida por jueces de primera instancia y magistrados, y del propio Consejo de Judicatura, y ahora se les pretende obligar a laborar ante la ferviente amenaza de integrarles averiguaciones previas, si no levantan el paro que actualmente mantienen, obligándolos a prestar sus servicios como profesionales del derecho a favor del Poder Judicial en la entidad.

Los miembros de la Comisión de Honor y Justicia de Barra Estatal de Abogados “Nullum Crimen Sine Lege”, Asociación Civil, José Alberto Alarcón Alonso, Jesús Carreto Robles, Gabriel L. Guerrero Gómez, puntualizan que los miembros del Poder Judicial cometen en agravio de los trabajadores ahora parista, una flagrante violación a sus más elementales derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, contemplada en los artículos, 1, 5, 123 de la Constitución Política de los estados Unidos mexicanos, y del artículo 6 fracción 2 (de la convención americana de los derechos humanos Suscrito en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos), Tratado Internacional que el estado mexicano adopto, y que se comprometió a respetar, como miembro de la Organización De Los Estados Americanos.

Los abogados, afirman que  los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado, así como a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona  sujeta a su jurisdicción, esto sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Sin embargo sostienen los denunciantes que la titular del Poder Judicial, bajo la complacencia y omisión del ejecutivo, al igual que del propio Congreso del Estado, vulneran en Agravio de los Servidores Públicos al Servicio del Tribunal Superior de Justicia, ya que hasta el momento no proponen un incremento digno y razonable, a estos mismos, lo que ha provocado que a casi 36 días  de paro,  exista una parálisis en la administración de justicia en el estado de Guerrero, en perjuicio también de actores, demandados, agraviados y víctimas del delito, así como también de procesados.

Añaden en su manifiesto, que motivo por el cual, como miembros de la barra estatal de abogados “Nullum Crimen Sine Lege”, Asociación Civil demandamos a los titulares de los tres poderes en el estado de Guerrero, asuman el papel de actores y no de simples espectadores, que Legalmente les corresponde asumir, y resolver una demanda añeja, de mejorar las condiciones laborales así como incrementar el salario justo que demandan, para eficientar la impartición de justicia y evitar corrupción y dádivas.

Para los barritas litigantes, resulta patético que la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, Lambertina Galeana Marín, pretenda  obligarlos a ejecutar un trabajo, bajo la amenaza de consignar indagatorias,  esto desde luego que afecta la dignidad de los profesionales del derecho; aglutinados al interior del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE) que en su conjunto conforman la columna vertebral del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero.

Como miembros de la barra estatal de abogados “Nullum Crimen Sine Lege”, Asociación Civil,  se solidarizan con las demandas del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, por considerarlas apegadas a los postulados del derecho positivo mexicano.

Añaden, “Así como también nos pronunciamos, para que se plasme en los hechos el ejercicio pleno de la Carrera Judicial, pues nadie podrá negar que existen secretarios de acuerdos, jueces de paz, actuarios y Proyectistas, con más de 15 años de servicio desempeñando dicho cargo y no han ascendido al  de juez de primera instancia”.

Denunciaron que los 22 magistrados someten a los trabajadores a extenuantes jornadas y cargas de trabajo, que nunca se les retribuye,  lo que provoca grandes rezagos históricos en la impartición de justicia, de igual manera para combatir dichas dilaciones procesales, se hace imperativo la instauración de nuevos Juzgados, esto por cuanto corresponde al Distrito Judicial de los Bravo.

Al respecto, los litigantes sostienen que existen dos Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia del ramo civil, al igual que de lo Familiar, y que ante la gran cantidad de juicios, resultan incapaces absorber gran cantidad de expedientes, impidiendo con ello contar con un proceso ágil y pronto.

De tal manera que la actual magistrada presidente, Lambertina Galeana Marín, debe de proponer al pleno del Tribunal Superior de Justicia,  la creación de un nuevo juzgado civil y familiar de primera instancia en este distrito judicial de los Bravos, con sus respectivas secretarias de acuerdos y actuarios, para eficientar la impartición de justicia.

También indicaron que actualmente se siguen  mutilando las leyes procesales, en razón de que en todos los distrito judiciales del estado de Guerrero, aun no se lleva la contratación de los conciliadores en los juicios ordinarios civiles, para que intervengan en la audiencia previa y de conciliación, pues es este quien debe proponer a las partes alternativas de solución al litigio, lo que alarga juicios ante la carencia de conciliadores.

Los barritas, señalan que por esta razón demandamos a Lambertina Galeana Marín  vele por que esta figura jurídica contemplada desde la reforma procesal civil publicada en el periódico oficial del estado de Guerrero el 26 de marzo de 1993, el conciliador  se convierta en una realidad.

Antes de concluir su manifiesto, los abogados reclaman a la actual representante del Poder Judicial no puede ignorar, los causas que motivaron la inactividad de los órganos jurisdiccionales, reclamo justo de servidores públicos al servicio del Poder Judicial,  que han vivido alejados en contar con mejores prestaciones y condiciones  laborales, ya no podemos darnos el lujo de retroceder a ese pasado primitivo de negación a los derechos naturales del hombre y tener un estado de venganza.