lunes, 26 de octubre de 2015

COLUMNA

Resquicio
Hipólito Marbán

 JUSTICIABLES DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN ESTADO DE INDEFENSION EN CUANTO A PROCURACION DE JUSTICIA
  Cursos, diplomados y postgrados de actualización en el nuevo sistema procesal acusatorio que empezó desde el dos mil ocho hasta junio del próximo año en que todo el país sin excepción de entidades federativas deberán estar trabajando con el sistema penal acusatorio adversaria que con lleva al juicio oral, la región de la Costa Chica cuya juzgado oral, se llevará a cabo en la cabecera
Municipal de Ometepec, Guerrero, primero ya empezó a causar gastos superfluos de traslado tanto de las comunidades como de municipios que comprenden esa región, solo por ejemplificar trasladarse desde el municipio de Tecoanapa  hasta Ometepec, resulta más caro tanto para el agraviado como para el imputado (acusado), en delitos que posiblemente pudiesen ser intermediados en la misma agencias del ministerio público, estás últimas demuestran un total desconocimiento del nuevo sistema penal, actuando todavía como el sistema inquisitivo mixto, en segunda el municipio de Tecoanapa carece de una agencia del ministerio público receptora de las querellas, por lo que el querellante deberá trasladarse hasta Ayutla de los Libres, de los cuales se niegan a iniciar carpeta de investigación cuando el demandado es un comunitario por privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y lesiones dolosas, según ellos que no es de su competencia, cuando es de sobra sabido que  las policías comunitarias no son reconocidas excepto como policías rurales, mismos que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se niegan a integrarse bajo el argumento de que el gobierno los quiere someter, la misma Constitución del Estado de Guerrero señala con claridad el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas y mestizos, pero señala también con claridad en su artículo noveno, que sus actuaciones y formas de gobierno, no deberán estar por encima de la ley, ni la constitución federal,  ni de los tratados internacionales que vigilan el decoro y la dignidad humana, mismo que el ministerio público de Ayutla de los libres, da la perspectiva de que desconoce sus obligaciones y alcances legales como órgano encargado de procurar justicia al agraviado, inclusive estos funcionarios veladores de la dignidad humana, se hacen acreedores a lo que señala la ley de responsabilidad de los servidores públicos y de la ley penal en cuanto a la omisión de auxilio y la aplicación de medidas cautelares, en la agencia del ministerio público nunca se encuentra el titular cuyos trabajadores justifican reuniones constantes en la capital con el fiscal estatal, lo cierto que acudir a esa agencia a demandar a integrantes de los autodenominados policías comunitarios, es encontrarse con otra pared que solo demuestran ignorancia jurídica y temor a los comunitarios que en sus propias narices de los fiscales procuradores de justicia se han llevado detenidos a los mismos agraviados que acuden a denunciarlos, la teoría del delito no es una disciplina rectora para los que integran la agencia del ministerio público de Ayutla de los Libres, pues su desconocimiento hace que se le reste sustancia penal, a los que comenten delitos que amerita ser estudiados e investigados para la formación e integración de la carpeta de investigación, siguen trabajando con formatos sin la debida capacidad legal de procurar justicia, es importante que los querellantes formalicen sus denuncias no solamente a los abusadores de la ley, que bajo el amparo de la actuación de usos y costumbres violen constante y flagrantemente la ley establecida a complacencia callada e ignorante de los que deben velar por el agraviado como el ministerio público, también estos últimos son merecedores de sanciones privativas de libertad y separación del cargo, por no estar a lo que dicta el 17 de la Constitución Federal, convirtiéndose en cómplices activos en ser omisos de auxilio legal, responsabilidad profesional, porque de no tener esa cultura de demandar a quienes tienen la obligación legal de defender los intereses de la víctima, seguirán practicando la corrupción que a flagelado a las instituciones legales, y obligando cada vez más a que la víctima se haga justicia por propia mano.. veremos.

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