PRIMERA PLANA

Urge CIDH a Peña a  dar

 con el paradero de los 43 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a que “redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las medidas necesarias para determinar el paradero o destino” de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, de acuerdo con la resolución sobre el mecanismo de seguimiento para el caso, como parte de las medidas cautelares emitidas el 3 de octubre de 2014.

Después de tres días de negociaciones en la sede del organismo de la OEA, en Washington, entre padres de familia y sus representantes, así como enviados del gobierno mexicano, este viernes la CIDH determinó crear un mecanismo de seguimiento especial, que será financiado por el Estado mexicano, considerando que hasta ahora “no se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares”.

Una vez aprobado el mecanismo, representantes de los familiares de los desaparecidos consideraron, en un comunicado, que la determinación de la CIDH confirmó la exigencia de los padres de familia de “que la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula”.

De acuerdo con el documento, aprobado por el pleno de la CIDH, presidida por James Cavallaro, resaltó que las investigaciones llevadas a cabo a través de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la Procuraduría General de la República (PGR) no se han tomado en cuenta algunas de las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH para brindar asistencia técnica.

Sostiene el documento: “A pesar de los informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos que permitan su localización”.

En su resolución, la CIDH enumeró algunas líneas de investigación no abordadas: “No se estaría tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto bus y su implicación con el presente asunto; no se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, entre las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 Batallón del Ejército; existirían supuestos obstáculos en las investigaciones relacionados con alegados casos de torturas encontrados y aquellos temas relacionados con presunta obstrucción de la justicia; existirían serios desafíos en la implementación de pruebas científicas y periciales, entre otros temas relacionados”.

Ante “la falta de información sobre el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares, las circunstancias excepcionales el presente asunto y el contexto en el que se presenta”, el pleno de la CIDH determinó emitir un mecanismo de seguimiento especial.

Las características del mecanismo fueron definidas en ocho puntos por seis comisionados de la CIDH, presididos por Cavallaro, Francisco José Eguiguren Praeli, Margarette May Macaulay, Paulo Vannuchi, Esmeralda Arosamenta de Toitiño y Enrique Gil Botero.

En lo general, el mecanismo cumplió con la mayoría de las condiciones establecidas por los padres de familia y sus representantes en las negociaciones previas en México, sin embargo, el gobierno mexicano mantuvo su postura de coordinar cada una de las visitas que realizaría el presidente de la CIDH al país, fijándose tres visitas, y una más eventualmente.

De acuerdo con el documento divulgado por los representantes de los padres de familia, los objetivos del mecanismo serán dar seguimiento a las medidas cautelares MC/409/14, así como a las recomendaciones formuladas por el GIEI en dos informes; la CIDH “nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso quienes, en coordinación con el Estado, podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sea necesario, para su labor”, además de que dicho equipo técnico tendrá “acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente, los estándares internacionales aplicables, con base en los principios de interpretación establecidos en el artículo 1o Constitucional”.

En cuanto a las visitas del relator de país, James Cavallaro, y uno más que designe la CIDH, de cuatro visitas a México solicitadas por los padres, se acordó la realización de tres, en tanto que, “en consulta con el Estado, podrá realizar una cuarta visita para dar seguimiento a las medidas cautelares”.

Al señalarse que las visitas se coordinarán entre Estado y CIDH, entre las medidas de seguimiento se prevé la publicación de comunicados de prensa “para informar sobre el seguimiento y los avances que se hayan registrado”, si lo consideran conveniente el relator de país y el comisionado que lo acompañe.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Estado mexicano “dará apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mecanismo de seguimiento”, además de que en el primer periodo de sesiones de la CIDH de cada año “las partes analizarán, y en su caso acordarán, programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del mecanismo de seguimiento”, mientras que el organismo “realizará el monitoreo de las medidas cautelares de acuerdo a su reglamento”.

En las medidas aprobadas, la CIDH resaltó que “mantendrá competencias derivadas de la Convención Americana y de otros instrumentos aplicables en materia de derechos humanos aplicables para México”, en tanto que “las actividades previstas en el presente mecanismo se realizarán en el marco de las medidas cautelares y no podrá ser interpretado para limitar otros mecanismos”.

El documento fue turnado a las partes por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed.

En un comunicado firmado por las organizaciones que representan a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios y Asesoría de Paz (Serapaz), consideraron que el Mecanismo de Seguimiento Especial aprobado por la CIDH “abre la puerta para que, siguiendo una ruta marcada por las recomendaciones del GIEI, se alcance la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa”.

Las organizaciones resaltaron las menciones que hizo el CIDH “sobre el deficiente trabajo pericial”, lo que “muestra que la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula y abarcar los aspectos señalados por la propia Comisión sobre delincuencia trasnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de la tortura”.

Al señalar que la consideración de la CIDH sobre la falta de resultados para la localización de los jóvenes “da la razón a la lucha que durante más de un año y diez meses han mantenido las familias”, los representantes destacaron que las características del Mecanismo Especial de Seguimiento pueden contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos, ya que “sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación”.

Las organizaciones exhortaron al Estado mexicano a “acatar la resolución de la CIDH y facilitar el inicio inmediato de las labores del Mecanismo Especial de Seguimiento”.

Los padres de familia y sus representantes hicieron un reconocimiento a la CIDH por “el compromiso por la justicia y la verdad frente a la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país, no sólo en el caso Ayotzinapa sino frente a muchos otros más”.

Por último, consideraron que el mecanismo “abre la puerta para que, siguiendo la ruta marcada por las recomendaciones del GIEI, se alcance la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa”, que es “la esperanza de las familias”.