lunes, 22 de agosto de 2016

PRIMERA PLANA

Ordena el ITAIGro a Astudillo F.
transparente gasto de publicidad

Ezequiel Flores Comntreras.-El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (ITAIGro) ordenó al gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores dar a conocer el monto de los recursos destinados a publicidad oficial y los convenios o contratos con empresas de medios de comunicación.

El organismo dio un plazo de 10 días hábiles para que el gobierno estatal haga pública la información que por ley es considerada como pública de oficio, según una resolución oficial emitida el pasado martes 9.
El hecho refleja la presunta opacidad que ha caracterizado a la administración del priista, quien ayer presentó al expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) –actualmente INE– Luis Carlos Ugalde como el coordinador de su programa estelar denominado “Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción”, según informaron fuentes oficiales.
Ugalde fue señalado por presuntos actos de corrupción y actualmente dirige la empresa privada Integralia Consultores, que se promociona públicamente como “especialista en análisis de riesgo político, planeación estratégica, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanta”.
En abril pasado, Apro solicitó vía transparencia a la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal información sobre el presupuesto que ejercerá este año, así como el monto desglosado de los recursos públicos destinados mensualmente a empresas de medios de comunicación y reporteros. La petición incluyó el detalle del concepto y justificación, así como la copia de los contratos o convenios suscritos entre el gobierno estatal y particulares.
Ante la negativa de los funcionarios del gabinete de Astudillo de informar y transparentar el gasto público en publicidad oficial, esta agencia interpuso un recurso de impugnación ante el ITAIGro para obligar a las autoridades estatales a cumplir con la legalidad.
El pasado martes 9, el pleno del Instituto –conformado por los consejeros Elizabeth Patrón Osorio, Roberto Rodríguez Saldaña y Joaquín Morales Sánchez– emitió una resolución donde señala a la titular de la dirección de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, por transgredir el derecho a la información y el principio de simplicidad y rapidez que rige los procedimientos de acceso a la información que marca la Ley.
Por ello, el ITAIGro exhortó a la funcionaria estatal a cumplir con la legalidad para responder en tiempo y forma las solicitudes de información pública. De lo contrario, advirtió, será sancionada con una multa económica.
La resolución oficial también ordenó al gobierno de Guerrero hacer pública la información sobre el gasto en publicidad oficial con el argumento de que se trata de una erogación de recursos públicos.
Además, los datos solicitados por Apro deberán ser difundidos en el portal oficial del gobierno estatal como “una obligación ineludible, debido a que se trata de información catalogada por la ley como pública de oficio”, según el acuerdo del Instituto.
La práctica de ocultar información y el manejo discrecional del gasto de publicidad oficial han sido una constante de los gobiernos guerrerenses en turno. Éstos se han enfocado en distribuir los recursos públicos con criterios políticos e intereses privados para controlar la línea editorial de los medios, práctica definida por organismos no gubernamentales como “censura sutil o indirecta”.
El pasado 30 de mayo, Apro informó que en tres meses del interinato de Rogelio Ortega Martínez, el gobierno estatal gastó de manera discrecional 18 millones de pesos por concepto de publicidad oficial en 80 medios de comunicación –algunos inexistentes–, entre cableras, radiodifusoras, periódicos y revistas locales.
Tan solo cinco empresas –Grupo Radio Fórmula y los diarios El Sol de Acapulco, La Jornada Guerrero, Novedades de Acapulco y El Sur– concentraron la mayor inversión de propaganda gubernamental con la asignación de contratos que van de los 300 mil al millón de pesos mensuales. (proceso.com.mx).

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