jueves, 23 de febrero de 2017

PRIMERA PLANA



 Alrededor de 26 comunidades del municipio de Ometepec, defendemos el río Santa Catarina, ha sido explotado desde el 2008 por los caciques Juan Sandoval y Alberto Román Guillén,y estos no respetan la minuta firmada en 2010 para que ya no siguieran sacando 80 carros diarios de grava y arena, con todo ello, a la fecha somos amenazados de muerte por este par de saqueadores de la naturaleza y si el gobierno federal y estatal, no pone orden, no armaremos, sentenciaron hoy en Chilpancingo en conferencia, Misael Damián de la Cruz, Félix Vázquez Santiago, Juan Antonio de la Cruz Baltazar y Tranquilino Rogelio Sandoval Guzmán. (Foto: Teodomiro Ortega de la Cruz).

Saquean un río los caciques
obradoristas y aguirristas

Bernardo Torres.--Pobladores de 26 comunidades de cuatro municipios de la zona Amuzga de la Costa Chica de Guerrero, denunciaron un saqueo “indiscriminado” de materiales pétreos del Río Santa Catarina, por parte de políticos allegados a Ángel Heladio Aguirre Rivero y del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En conferencia de prensa, un grupo de pobladores, relataron que este río se ha venido explotando desde hace varios años, y desde 2008 y 2009 las comunidades organizadas han pedido, que se ponga un alto al saqueo desmedido de materiales pétreos, por parte de empresas y particulares.
Desde entonces, se han girado documentos y denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por tratarse de una zona amuzga, pero todas las dependencias han hecho caso omiso.
Ese mismo año, ante la indiferencia de las autoridades 26 pueblos de los municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa y Ometepec, se organizaron y bloquearon los accesos al río, lo que derivó una mesa de diálogo en el que participaron varias dependencias.
El 26 de mayo de 2009 en la comunidad de Huixtepec, se firmó una minuta entre representantes de cada uno de los pueblos, el delegado de la Semarnat, Alberto Marroquín; el inspector de la Conagua, Felipe Vega de Jesús; el subdelegado de la Profepa, Andrés Velásquez Urióstegui y Julio Sánchez Hernández, representante de la CDI.
El compromiso, fue que a partir de esa fecha, ninguna dependencia emitiría permisos para la extracción de materiales del río, sin que antes se consultara a las comunidades.
En 2012, los empresarios Raúl Nolasco Velásquez y Rey Hernández, ingresaron de nueva cuenta para extraer grava y arena del río con permisos de la Semarnat, constituyendo una violación a la minuta de acuerdos firmados con anterioridad, por lo que nuevamente volvieron a cerrar los accesos.
Durante este periodo, dos jóvenes amuzgos, perdieron la vida ahogados, luego de las maquinarias dejaran hoyos profundos en el río, “los jóvenes se confiaron de que el río no estaba hondo y se metieron a nadar, y ahí murieron”.
Sobre estos dos casos, se interpusieron las denuncias correspondientes, y las autoridades se habían comprometido a hacerles justicia, incluso indemnizar a los familiares de las víctimas, pero nada ocurrió al respecto.
Para el 2013, fueron los empresarios Jorge Sandoval Melo y Alberto Román Guillén, quienes con vehículos pesados y maquinaria, comenzaron la extracción de materiales esta zona y hasta la fecha se han mantenido, utilizando el hostigamiento y las amenazas en contra de la población.
Jorge Sandoval, fue secretario del Ayuntamiento de Ometepec y actualmente milita en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y constantemente en actos públicos, se asume como amigo de Andrés Manuel López Obrador
Alberto Román Guillén, es hijo del Teniente retirado, Marcos Román Bahena, y es hermano de la actual regidora del PRI en Ometepec, ambos identificados como seguidores de Ángel Aguirre Rivero, razón por la que consideran que ninguna autoridad ha querido intervenir en el problema.
Los pueblos, exigen se respete la minuta firmada en 2009, toda vez que la explotación del río ha disminuido considerablemente los niveles del río, acabando con la pesca, una actividad que por muchos años, había sido la forma de vida de las comunidades.
Representantes de las comunidades acudieron a Chilpancingo, para hacer del conocimiento nuevamente a las autoridades, y denunciar las amenazas de las que están siendo víctimas por parte del empresario Alberto Román “nos ha dicho que nos va agarrar a balazos si bloqueamos los accesos, que ahí mismo íbamos a valer madre”.
Responsabilizan al gobierno del estado, de cualquier agresión en contra de los miembros del comité en defensa del río, o de los ciudadanos; a la vez que se dijeron dispuestos a tomar las armas para asumir la defensa de su territorio. (API).

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