NOTA

No confían reporteros en
mecanismo de protección

Bernardo Torres.--Durante la presentación del Mecanismo de Protección a Periodistas en Chilpancingo, representantes del gremio manifestaron su desconfianza en dichos estrategias, toda vez que los problemas que se atraviesan en Guerrero, son propiciados y tolerados por el mismo estado.
A más de ocho días de que siete periodistas de Guerrero y la Ciudad de México fueron agredidos y robados sobre la carretera Iguala-Altamirano, a la altura del municipio de Acapetlahuaya, representantes del mecanismo dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acudieron a Chilpancingo, para reunirse con los afectados.
Jorge Ruíz del Ángel, titular de la Unidad de Recepción de

Casos y Reacción Rápida del Mecanismo, y Hugo Moreno, subdirector de esta área, pusieron estas medidas de protección a disposición de los comunicadores, para que puedan acceder a dichos beneficios.
Esta medida se tomó a raíz del asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán Sinaloa, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien instruyó a los gobiernos estatales, la implementación de protocolos de seguridad, principalmente en los estados con mayor incidencia delictiva.
De acuerdo con datos proporcionados por los representantes de la federación, los estados con mayor número de casos de personas dentro del mecanismo, son Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, coincidentemente, con los más altos índices de violencia.
Revelaron que dicha medida fue instruida por el presidente, toda vez que el Mecanismo no tenía recursos asignados para el ejercicio fiscal 2017, y tendría que subsistir hasta el mes de septiembre con excedentes de anteriores ejercicios.
A la cita acudieron al menos 20 comunicadores de Chilpancingo, entre ellos, tres de los que fueron agredidos al regreso de la cobertura en Tierra Caliente, el pasado 13 de mayo, donde fueron despojados de equipo fotográfico, cámaras de video, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de una camioneta.
Sergio Ocampo, a nombre de los presentes, externó la desconfianza que hay en el gremio de acceder a los mecanismos que ofrece el Gobierno Federal, toda vez que es el mismo “Estado”, quien propicia las agresiones, y en muchas ocasiones quien está detrás de la persecución de los periodistas.
Detalló que en su experiencia, ha sido testigo de los abusos y violaciones a derechos humanos, en el que se han visto involucradas, autoridades municipales, estatales y federales, a través de sus corporaciones policiacas, como el asesinato de campesinos en Ayutla, y las reiteradas agresiones en contra de normalistas de Ayotzinapa.
Sin dejar de reconocer las “buenas intenciones”, de los representantes de la federación de acercar los protocolos a las víctimas. Insistió que mientras el Gobierno Federal no reconozca que está fomentando la impunidad, respecto a los homicidios de periodistas, no se puede confiar en sus promesas.
Tampoco, dijo, se puede confiar en un presidente de la república, que formado parte de una red de agresores a campesinos, como San Salvador Atenco, y que está siendo investigado por instancias internacionales por violaciones a derechos humanos, a su paso por la gubernatura del Estado de México.
Finalmente, los representantes de la federación, se reunieron en privado con los tres periodistas que fueron agredidos en Acapetlahuaya. (API).