martes, 20 de junio de 2017

NOTA

Frenar abusos en la
SSP, vea federación

Ex elementos de la Policía del Estado de Guerrero, despedido el pasado 31 de mayo, luego de haber participado en un paro, solicitaron ante un juzgado federal la intervención de la federación en el proceso de liquidación o su reinstalación en el cargo.
Ante esta instancia federal, solicitaron que se inicien procedimientos administrativos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el General, Pedro Almazán Cervantes y otros mandos de esta corporación, por supuestos abusos de autoridad.
Los ex policías, refirieron, llegar hasta las instancias federales,
luego de que en el estado, les fueron cerradas todas las puertas, fueron suspendidas las mesas de diálogo con la secretaría y el propio gobernador, incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les dio la espalda.
En Conferencia de prensa, señalaron que ya está la demanda ante el juzgado, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, a fin de que no se permita al estado, cometer este tipo de abusos en contra de la clase trabajadora, y que en este caso ha dejado sin sustento a más de 200 familias.
Expusieron que el pasado 16 de junio, ya fue notificado a las instancias estatales, de cesar de manera inmediata el hostigamiento y actos de represión en contra de los ex policías y que sean liquidados conforme a derecho.
Según los manifestantes, la notificación iba en el sentido de que en un periodo no mayor de 48 horas, las autoridades deberían haber informado de manera transparente, los términos jurídicos y laborales en que fueron separados del cargo los 176 policías estatales.
“Ponemos en conocimiento a la ciudadanía que aún las autoridades estatales siguen haciendo actos represivos en nuestro agravio, nos han negado la entrada a las instituciones públicas, nos han negado nuestro salario, viáticos, constancias de servicio y el bono del Día del Padre”, señalaron.
Contrario a lo que dispuso el presidente de la república, Enrique Peña Nieto en su reforma de 2013, de no consentir abusos de poder por parte de los servidores públicos en ningún estado, lo cual dijeron, no se está cumpliendo en Guerrero, y siguen las violaciones a los derechos humanos. (API).

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