viernes, 23 de junio de 2017

POLICRÓNICA

 Desplazados…En medio de la presencia policiaca y militar, más de 800 familias han sido desplazadas de tres comunidades del municipio de Chilapa de Alvarez, montaña baja, en la que los tres órdenes de gobierno todo lo minimizan.

Los tres niveles de gobierno, no solo minimizan el desplazamiento de más 800 familias de al menos tres comunidades de Chilapa de Alvarez, sino que ni siquiera se ocupan, ni se preocupan, tanto que generan hasta desconfianza que no aceptan ayuda las personas en desgracia por la violencia, además se registra esto en medio de la exagerada presencia de policías federales, estatales y militares. El municipio de Chilapa de Alvarez que está distante a 50 kilómetros de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en donde la violencia ha llegado a extremos que hasta el día de hoy han sido minimizados el desplazamiento de familias. La violencia en esta municipalidad apareció siendo presidente municipal Sergio Dolores Flores, luego siguió Francisco Javier García González y se ha agudizado ahora con la llegada de Jesús Parra García, todos ellos son distinguidos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lamentablemente no han sido capaces de detener, ya no la violencia, sino que ésta no cause desplazamiento de familias de escasos recursos económicos, además de que no generan confianza entre sus gobernados. Hasta este día se han cuantificado, porque han llegado a esos lugares reporteros de algunos medios de información y han dado cuenta de cómo al menos tres comunidades del municipio de Chilapa de Alvarez, son verdaderamente fantasmas, en la que no han regresado las familias, sin embargo el gobierno estatal, trata de minimizar el problema, y afirma que ya están retornando parte de las 800 desplazadas. Hace un par de días, comunicadores estuvieron en la zona de Tepozcuauhtla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, en donde se habla que más de 800 familias siguen fuera del municipio, incluso del estado, pues la presencia del Ejército y Policía del Estado no es garantía de seguridad.Algunas organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y “Siempre Vivos” quienes han estado luchado porque se pare la violencia y se eviten desplazamientos de familias y las más afectadas son precisamente de escasos recursos económicos. En medio de todo esto, hay exagerada presencia de policías federales, estatales y militares, pese a ello, no hay protección, ni  tampoco impiden que los grupos delincuenciales causen estragos entre la sociedad civil. Las familias no confían ni en el Gobierno Estatal y mucho menos en el Gobierno Municipal, desconfianza que han manifestado en reiteradas ocasiones junto con la negativa de regresar a sus comunidades. Cuando mucho 80 familias regresaron, según el Grupo de Coordinación Guerrero, pero es cantidad es falsa, según, se debió más a la desesperación por estar fuera de sus hogares, por la preocupación de haber dejado sus granjas de animales y sus cosechas, más allá de que se sientan seguros. Esta versión es totalmente incongruente, porque nuestros colegas periodistas hace un par de días constataron que no hay tal regreso, por el contrario las casas y los escasos animales de corral, siguen en completo abandono en esos pueblos fantasmas. Por ello sostenemos que el gobierno en sus tres órdenes minimizan lo que está sucediendo en las comunidades del medio rural de Chilapa de Alvarez, en donde hay dos grupos delincuenciales que se disputan el control “Los Rojos” y “Los Ardillos”. Está comprobado que “toda la gente son campesinos y de alguna forma, su sobrevivencia depende de la siembra del maíz, alentados por eso y por el gobierno han regresado algunas familias a sus hogares”, según el Grupo de Coordinación Guerrero. El director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos”, dijo que efectivamente, hay presencia del Ejército y de la Policía del Estado en las comunidades y la ha habido desde antes que huyeran, lo que demuestra que su presencia, no es ninguna garantía de seguridad. Reveló que las más de 600 familias desplazadas recientemente, no son solamente de Tepozcuahutla, Ahuihuiyuco o Tetitlán, también hay familias desplazadas en Lodo Grande, en Tepehuizco y otras comunidades, que dan un total de más de 800 familias que siguen fuera del municipio. Eso significa que hay otras localidades que están viviendo la pesadilla del desplazamiento a consecuencia de las acciones violentas de las organizaciones criminales que se disputan la zona chilapense. No existe de parte de los tres niveles de gobierno una estrategia para atender a los desplazados igual como sucede en otras regiones del estado, y en este caso tampoco lo hubo para atender a los desplazados por la violencia, no hubo apoyo, “mucha gente no quisiera regresar, pero cuando no encuentran ningún apoyo, empleo, educación y otros programas, no tienen opción. La mayor parte de estas 800 familias que siguen fuera de sus comunidades, se encuentran dispersas en diferentes ciudades del estado, con parientes, amigos, o incluso muchos de ellos se van a otros estados del país, principalmente para trabajar como jornaleros en estados del norte. En el mes de junio, el alcalde de extracción priista del municipio de Chilapa de Alvarez, Jesús Parra García, había declarado que los desplazados de las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, por el crimen organizado, no quisieron estar en un refugio temporal del Ayuntamiento, por miedo. Supuestamente el edil del PRI, los había visitado y brindado “todo el apoyo”, desde que comenzaron a salir de sus poblaciones, pero “ellos decidieron acomodarse con sus familiares aquí en barrios, colonias, otros municipios e incluso otros estados de la república”. Esta es una muestra clara que ni sus gobernados le tienen confianza al presidente municipal chilapeño, porque se supone que deberían aceptar el ofrecimiento cuando las familias desplazadas sintieran que efectivamente apoyo y protección, pero como presumen que  Parra García pudiera tener algunos vínculos con el crimen organizado, por ello no aceptan, porque teniendo la presencia de elementos de la 35 zona militar, que están integrados en las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) para que den seguridad, simplemente su presencia de hacer bulto, pero no ofrecen seguridad, por ello el desplazamiento de los pueblos que se ha convertido en una situación “muy delicada”, pero la desatención está a la orden del día. Se conoce preliminarmente de las familias desplazadas de algunas comunidades, entre ellas Tetitlán de la Lima, de 40 familias se fueron 30. De Ahuihuiyuco, de 400 familias huyeron 350 y, finalmente Tepozcuautla que tiene unas 250, salieron por la violencia unas 200. Existe el riesgo que este problema de desplazamiento se extienda a más comunidades que conforman el municipio de Chilapa de Alvarez....¿Anticorrupción?...Todavía en Guerrero se sigue navegando con el problema de la anticorrupción, pero existe la versión de que pronto habrá ese órgano en beneficio de los surianos. Por lo pronto, ayer jueves integrantes del Comité Consultivo del Programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, solicitaron al Congreso de Guerrero que las iniciativas anticorrupción que envió el gobernador del Estado, cumplan con los requisitos necesarios y sean tomados en cuenta los errores que se han cometido en otras entendidas.  Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Día, se reunieron en privado en la sala José Francisco Ruiz Massieu  con los integrantes del Comité, quienes hicieron una serie de observaciones de los errores que se han tenido en otras entidades con las iniciativas anticorrupción, y que han sido objeto de impugnación. Pidieron a los diputados se tomen en cuenta, para evitar que esto suceda en Guerrero. Entre los puntos que presentaron los Integrantes del Comité Consultivo del Programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, se encuentran que no puede caracterizarse de la opacidad, la toma de decisiones no puede guiarse de tintes partidistas, ni el proceso debe estar alejado al escrutinio social. Piden que sea indispensable que las discusiones para la Construcción del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado cumpla en concluir cuanto antes las reformas a las Constituciones Políticas. Indicaron que a la fecha solo 31 de 81 municipios en Guerrero, es decir solo el 42 por ciento, han aprobado en sus actas de cabildo los cambios constitucionales para promulgar la reforma constitucional. Son ocho iniciativas que envió el gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores, para armonizar las leyes locales con las del Sistema Nacional Anticorrupción. Las iniciativas entregadas son la Ley de Responsabilidad Administrativa, del Sistema Estatal Anticorrupción, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código penal, número 499, ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y, decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El Congreso local ya tiene un trabajo inicial, pero hay instituciones como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que solicitó que se agregaran algunos artículos y normas, lo cual dijo, está en revisión. La realidad de las cosas, hablar de corrupción, estamos frente a un verdadero problema, porque todo mundo habla de corrupción, pero en Guerrero nada y  nadie se castiga, por ello preguntamos ¿anticorrupción?, pues no hay nada de eso, es más ni las actuales autoridades han procedido contra sus antecesores, pese a que hay un descomunal saqueo, inclusive hasta el borde de la quiebra de las finanzas, tanto que se dejó endeudado, que ni en 25 o más años podrán cubrir toda esa deuda. ¿Anticcorrupción?, es solo un tema que se habla, pero no se practica para nada en su combate. …Antilaboral… El personal que integra la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPD),  están inconformes con sus autoridades, porque los tienen en pésimas condiciones laborales. Exigen al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, la legalización de su dependencia del CESPD, dentro de la estructura orgánica de la SEG, con el fin de evitar cualquier tipo de represalias. Solo ha tenido ofrecimientos de las autoridades pero les han incumplido, incluso les han dicho que el subsecretario de Administración y Finanzas los atendería, a quien han estado buscando para reunirse pero se oculta y no les da la cara.Una sus peticiones es tener mejores condiciones laborales, ya que no cuentan con las herramientas para realizar sus actividades correspondientes. Los trabajad ores del Servicio Profesional Docente, aseguran estar hartos de tener que ocupar sus computadoras y otros equipos personales, así como tener que pagar cosas de su trabajo con su propio dinero. “Tenemos planteadas las peticiones desde el pasado 7 de abril, ya han pasado varias semanas, nosotros estamos en la disposición de dialogar, pero lamentablemente las autoridades educativas no se han prestado para atendernos de manera inmediata”, denunció uno de los trabajadores. Pero parece que a González de la Vega Otero eso no le interesa, por ello mantiene una actitud de indiferencia contra estos trabajadores que se han visto hasta obligados a salir a la calle y tomar algunas oficinas, como el de la subsecretaría de finanzas de la SEG y mientras no les resuelvan sus demandas los veremos protestando en las calles y avenidas de Chilpancingo, hasta que les haga caso el funcionario estatal, quien por cierto ya debería ser relevado, porque definitivamente estamos frente a un servidor público cada vez más peor en la atención de las demandas de la educación en Guerrero y por consecuencia los planteamientos de la base trabajadora, que hasta tiene que poner al servicio de la SEG sus objetos personales para cumplir su encomienda a cada uno de los inconformes, quienes sostienen que desarrollan su labor en pésimas condiciones, por ello exigen sean escuchados y atendidos con una solución digna y que satisfaga cada uno de los empleados a fin de ofrecer un buen servicio a la sociedad que lo demanda.

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