lunes, 3 de julio de 2017

NOTA

Espía criminales El Perro :AF;
sin sancionar a funcionarios
Ezequiel Flores Contreras.--El gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional, admitió que el equipo de espionaje conocido como “El Perro”, comprado a la empresa Neolinx en 2014, está enfocado en la intervención de llamadas telefónicas “con propósitos únicos de investigación criminal”.
Sin embargo, a tres años de la adquisición irregular del software interceptor de comunicaciones destinado a la FGE –con un costo de 17.5 millones de pesos–, el gobierno estatal dice que “no lo encuentra”, pero hasta ahora no ha sancionado a uno solo de los servidores públicos que desde
2015 fueron señalados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de malversar fondos federales destinados a seguridad.
El vocero de Seguridad de Astudillo Flores, Roberto Álvarez Heredia, informó a Apro que el equipo de espionaje “no ha sido localizado”, a pesar de que fuentes oficiales informaron que “El Perro” se sigue utilizando en la unidad Antisecuestros de la FGE.
Álvarez Heredia aseguró que existe una investigación abierta desde el 3 de marzo de 2016 contra cuatro funcionarios de las administraciones de los exgobernadores Ángel Heladio Aguirre Rivero y Salvador Rogelio Ortega Martínez, para determinar la “desaparición” de “El Perro” y las causas de la “compra irregular”, porque se trató de una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, como marca la normatividad, que además fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en noviembre de 2015.
La investigación, dijo, la realiza la Contraloría General del estado que dirige Mario Ramos del Carmen, en lugar de la propia FGE, que se supone es un organismo autónomo.
Señaló que a más de un año de que presuntamente investigan el caso, los funcionarios y exservidores públicos aún no han sido citados a comparecer para deslindar responsabilidades.
Pero Álvarez Heredia omitió señalar que en 2014 la responsable de la adquisición del equipo de espionaje fue la exsecretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Gabriela Xitlalli Román Mota, posteriormente designada por el gobernador Astudillo como directora de Planeación del Centro de Justicia para la Mujer de la FGE, según documentos oficiales en poder de Apro.
Los informes indican que en ese entonces Román Mota también fue responsable de la adquisición irregular de armas, así como del equipamiento para corporaciones policiacas y la contratación de una empresa para realizar exámenes de control de confianza con recursos federales destinados a seguridad pública.
El pasado 11 de marzo, Apro dio a conocer que a finales de noviembre de 2016 la ASF emitió un informe en el que advirtió sobre “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014 –último año de gestión del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero– y 2015, cuando gobernaron Salvador Rogelio Ortega Martínez (interino) y, a partir de octubre, Héctor Antonio Astudillo Flores.
Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
En la revisión, la ASF detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la FGE, entre otras irregularidades.
Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
El organismo concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Al respecto, el vocero del gobierno de Astudillo dijo que el 3 de diciembre de 2015 la ASF envió al gobierno estatal la observación directa sobre la compra irregular del equipo de espionaje conocido como “El Perro”, que fue adquirido a la empresa Leonix, filial de Haking Team en México, “para intervenir llamadas telefónicas con propósitos únicamente de investigación criminal”. (proceso.com.mx).

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