POLICRÓNICA

 1062…Los avances de la investigación es a cuenta gotas para dar con la verdad “histórica”, sobre el paradero con vida o muertos de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, pues han pasado 1062 días y nada se sabe.

Han transcurrido 35 meses, los padres de familia siguen clamando justicia, la respuesta prácticamente es nula de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno de este país, México. Los paterfamilias no han cesado desde el primer momento en su incansable lucha, lo mismo han estado en las diversas ciudades de Guerrero, del país y hasta en el extranjero ofreciendo su testimonio de que en México, no hay justicia  para sus hijos, pues han transcurrido mil 62 días y sigue como al principio, sin resultados que les permita saber el paradero de sus hijos. Cuando ya se van a cumplir los tres años de los hechos ocurridos en la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia, si se pudieran cuantificar, los avances en la investigación se ha registrado a cuentas gotas en las diversas peticiones que han planteado al gobierno federal. Entre ellas: investigación sobre la participación de los militares del 27 batallón de Infantería de Iguala de la Independencia; la detención de elementos de la Policía Federal y municipal de Huitzuco; la investigación de la telefonía celular de los detenidos y de los estudiantes desaparecidos, y considerar el factor del trasiego de droga de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, a Chicago, en Estados Unidos. Hasta este día el único avance es una consignación fallida de un elemento policial de Huitzuco de los Figueroa en donde se sabe una de las tantas versiones que se habrían llevado una parte de los 43 estudiantes. En reducidas cuentas para los padres de familia que sigue en su incansable búsqueda,  no hay más. No entendemos porqué es tan difícil procesar a policías municipales y federales, si están ubicados con nombres y apellidos, saben dónde están. Esto es una evidencia clara de que las instituciones de justicia y el Estado mexicano son ineficaces para realizar investigaciones eficaces. Nos habla de un encubrimiento grave. No obstante, también es lamentable que con los tiempos electorales a punto de arrancar el 8 de septiembre se prevé un estancamiento mayor de la justicia para los familiares, se va ensombrecer de manera considerable el tema de justicia de Ayotzinapa. Además se podría estimar que era una estrategia del gobierno del presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto de retrasar las investigaciones y los plazos para que coincida con el cambio de gobierno. Razón por la que no rechazó incrementar las movilizaciones. Respecto al Mecanismo Especial de Seguimiento, este se agotará en noviembre. Éste llegará a México el 28 de agosto y directamente se trasladarán a Ayotzinapa para que padres y estudiantes hablen con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora país para México, además de coordinadora desde marzo pasado del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa. Además, el 29 de agosto se llevará a cabo una reunión en la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer los avances de la institución; y el 30 de agosto, el Mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rendirá un informe de sus actividades en México. De esta última se desconoce si será pública o privada. Lo único que se sabe es que los padres de familia no han cesado por dar con el paradero de sus vástagos, en tanto los funcionarios de los tres niveles de gobierno le han dado largas al caso y hasta este lunes solo han sido declaraciones y más declaraciones, pero nada extraordinario, las cuentas del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, es la detención de más 100 personas que supuestamente están tras la rejas, pero ninguno de ellos ha ofrecido información fidedigna del paradero de los 43 estudiantes normalistas. Los padres de familia quieren saber si están vivos o muertos, pero ninguna de las dos versiones se conoce, más que la “verdad histórica” que inventó aquel procurador José Murillo Karam, y hasta la fecha sigue igual, como al principio, pues había afirmado de que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, pero investigadores extranjeros los desmintieron científicamente y hasta el día así continúa el caso de Ayotzinapa.…Chiste…Ahora nos receta un chiste de mal gusto, el indígena que mueve las aguas en Guerrero con su grupo armado que está al margen de la ley y con la complicidad de los tres niveles de gobierno sigue causando estragos entre la sociedad. En las últimas 24 horas, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero  (UPOEG) Bruno Plácido Valerio informó que la organización que actualmente representa designó a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Autoridades, y los cuales serán presentados en su próxima reunión en el municipio de Tecoanapa, el 9 de septiembre.  Esto ya lo había anticipado en meses anteriores, una forma de engañar al pueblo, al gobierno, no, porque sabe que ninguna ley  avala su presencia de las disque policías comunitarias de la UPOEG, pues no tienen ninguna relación con Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, como lo es con la Coordinador Regional de Autoridades Regionales (CRAC) que se han regido desde hace casi 22 años, cuando iniciaron sus actividades y que paulatinamente fue creada esta legislación, precisamente para darle legalidad a las policías comunitarias. Ahora Bruno Plácido Valerio, que viene precisamente de la CRAC, porque no se le cumplieron sus caprichos la abandonó y creó la controvertida y fuera de esta ley a su UPOEG. Según su explicación, y su justificación es que   los integrantes del Consejo “pasan a representar a esta organización” y él dejará de ser el vocero, con lo que se busca dar “un paso más” y “normar y vigilar todas las actuaciones de cada una de las autoridades de los municipios y democratizar la organización a través de la asamblea comunitaria”. Con este chiste de mal gusto, Plácido Valerio, lo explica de la siguiente manera, de que en esta nueva etapa en los 10 municipios donde tienen presencia la UPOEG, llevaron a cabo una asamblea y se designó a cuatro representantes que ahora forman parte del Consejo Estatal. No obstante, reconoció que aún no hay un plazo definido de sus cargos, “ahora viene precisar el funcionamiento y plan de acción que van a trabajar”. Cuando escribimos que es un chiste de mal gusto del indígena, pues afirma que con la integración de este Consejo se busca regular las actividades, la vida cotidiana de su sistema de seguridad, así como la mediación de los conflictos que se viven en cada comunidad o municipio. Pero va más allá, al afirmar que también buscarán resolver los conflictos mediante el esquema de diálogo y mediar conflictos de toda índole, con el objetivo de tener estabilidad en los municipios donde tienen presencia, los cuales son: Ometepec, Marquelia, Cuautepec,  Copala, Cruz Grande, Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Chilpancingo y Acapulco. Todo esto es falso, porque el principio de la ley, quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de cada uno de los pueblos, es precisamente  el gobierno en sus tres órdenes, en tanto los que surjan con ese falso argumento, están fuera de al legalidad.…Indemnización…Ante las constantes afectaciones que ha sufrido la defectuosa construcción de la Autopista del Sol, con su interminable reconstrucción, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de empresas constructoras concesionaras en los trabajos, ya están causando problemas a los campesinos del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada). Al menos veintidós campesinos del municipio Juan R. Escudero (Tierra Colorada), cuyas tierras fueron afectadas por la construcción de la Autopista del Sol, amagaron con bloquear la vía carretera si no son indemnizados. Los afectados denunciaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha cumplido con los pagos de indemnización estipulados en un contrato. Los ejidatarios y titulares de las parcelas que se encuentran a un costado de la Autopista del Sol, a la altura de ese municipio, denunciaron que sus predios han sido afectados por la construcción de muros y caminos de acceso, así como depósitos de escombros, piedras y la construcción de bases de concreto, lo que hace imposible que puedan cultivar. Los agraviados, sostienen “No podemos cultivar en nuestras tierras, por los desagües existen unas barrancas y parcelas, así como rellenos en otras las cuales se han secado y los árboles se han muerto. Se han secado árboles de diversas frutas como mangos, ciruelos, limones y algunos árboles forestales como Palo Morado”. Mencionaron que desde el año 2013, los afectados solicitaron al Gobierno Federal por conducto del director del Centro SCT-Guerrero, el pago correspondiente a los daños en sus parcelas; petición que formularon con el ánimo de no propiciar mayores conflictos en el poblado de Tierra Colorada, pero no se les pagó. “Solicitamos la intervención del Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, con el fin de que actuara como mediador entre ambas partes como en efecto lo ha hecho, aunque debemos constatar que el Gobierno Federal por conducto de la SCT ha requerido y constatado las afectaciones por daños en nuestras parcelas”, añadió Pedro Carrera Robles, representante del ejido. Ante esto se reunieron con funcionarios del Gobierno del Estado, quienes les comunicaron que existen acuerdos entre el Gobierno de Guerrero y la SCT para generar un crédito, en el que el Gobierno del Estado otorgará en préstamo a la SCT de los recursos económicos que permitan a su vez pagar a los afectados, los daños existentes en sus parcelas y así, culminar el conflicto. Los pagos serían entregados a más tarde el 30 de abril del presente año, sin embargo, no les han cumplido cuatro meses después, por lo que amagaron con bloquear la Autopista del Sol en los próximos días, hasta que les resuelvan sus demandas. Es un conflicto que está latente, y si no se le ofrece solución, estaremos viendo estrangulada la Autopista del Sol, porque han pasado los años y sigue sin solución, aunado a que también afectan terrenos para depositar los escombros que salen en las reparaciones de esa vía terrestre. Ahora quienes deben responder por esos daños al patrimonio de los campesinos, son las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por ahora ahí está la sentencia de que podrían bloquear la Autopista del Sol por los labriegos quienes han sido ignorados por las autoridades y lo peor, que incumplen con lo que se comprometen.