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Podrá quitar bienes AGE
en 2018 a deshonestos:DP

Carlos Navarrete Romero.--Chilpancingo, Guerrero.- Con la nueva ley de fiscalización, a partir de 2018 la Auditoría General del Estado (AGE), que para entonces será Auditoría Superior del Estado (ASE), podrá despojar de sus bienes a servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades que se traduzcan en un daño patrimonial.
Entrevistado, el titular de la AGE, Alfonso Damián Peralta, explicó que, además, el funcionario que incurra en acciones como desvío de recursos, estará obligado a reembolsar

el monto de la afectación, independientemente de las sanciones que se apliquen por su actuación.
“Sancionar a los servidores públicos que no entregan su información de acuerdo a los términos de ley y también sancionar de manera resarcitoria, es decir, cobrando a través de sus bienes, de los servidores públicos, o reintegrando el recurso que ellos realicen de irregularidades que se hayan determinado como presunto daño patrimonial”.
Indicó que, entre otras cosas, la nueva ley le da facultades a la AGE para fiscalizar ejercicios anteriores o en turno, lo que le permitirá mejorar los resultados, toda vez que con el marco normativo vigente, que vencerá el último día de este año, no le está permitido.
En cuanto a la entrega del informe financiero semestral 2017, correspondiente al periodo enero-julio, el auditor reveló que de los 153 sujetos obligados, incluidos ayuntamientos y órganos autónomos, hasta la mañana de este lunes sólo 54 habían cumplido.
Sin embargo, dijo que todos tienen hasta el último minuto de mañana para cumplir con esa obligación, y criticó que, en su mayoría, los entes esperen hasta ese momento para hacerlo, lo que refleja su poca organización administrativa.
“Desafortunadamente hay ayuntamientos que se esperan hasta la última hora para cumplir, entiendo que por un tema de falta de control. Normalmente quienes llegan 5 para las 12 no llevan bien integrada la información, pese a que lleguen con tiempo es difícil que se les reciba porque las firmas no coinciden o no traen todas”.
Pese a ello, aceptó que hay avances en comparación con otros años, pues en 2016 a la misma fecha eran solamente 49 los sujetos obligados que habían entregado su informe semestral.
En cuanto a los que no cumplan con esta obligación, Damián Peralta dijo que se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes, que podría ir desde una multa de 80 mil pesos para el alcalde y el tesorero, en el caso de los ayuntamientos, hasta la inhabilitación.(bajopalabra.com.mx).