jueves, 7 de septiembre de 2017

POLICRÓNICA

 Liberación...En Guerrero por lo menos hay  más de cinco mil presos en los 16 Centros de Reinserción Social (CERESO), pero se anticipa que con el nuevo sistema acusatorio podrían poner en libertad al menos unos mil 400, pero también existe riegos y temor por las víctimas.

Luego de que en Acapulco el 6 de julio pasado se registrara una masacre descomunal en un motín al interior del Centro de Reinserción Social  que dejó un saldo de 28 muertos y tres heridos, según la cifra oficial, pero trascendió que había sido más presos.  Cuando han pasado exactamente dos meses, ya no se hablado más del tema, no obstante que está latente el problema de la sobrepoblación carcelaria. Existe la versión de que podrían ser liberados unos mil 400, de una población de más de cinco mil que hay en los 16 CERESOS de Guerrero. También hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 21 delitos dejaron de ser graves. Guerrero como un estado violento y que todo hecho delictivo se lo cargan a la delincuencia organizada, hasta los ajustes de cuentas entre particulares. Después de esta resolución, en Guerrero podrían salir en libertad más de mil 400, pero también se pone en riesgo a las víctimas y la sociedad en general ante la posibilidad, de que puedan volver a reincidir. Esta advertencia la hacen expertos en leyes, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, quien conoce de la litigada. Ante esta posibilidad,  el gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe poner a trabajar su Dirección Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno, como podría ser ese proceso. Además tiene que haber una coordinación  con  el Poder Judicial y otras dependencias como la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de garantizar la seguridad de las víctimas, sin embargo estas en caso de ser vulneradas, podrán proceder legalmente contra el Estado mexicano, por haber fracasado en la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Habría que puntualizar que el Estado mexicano será responsable de haber desclasificado estos (21) delitos que habían sido considerados graves y que ahora ya no lo son, y que pone en riesgo no solamente a las víctimas, sino a la sociedad en general de que puedan volver a reincidir. Hasta el momento ninguna instancia de gobierno ha informado ampliamente cuales son los delitos que ya no son graves para el sistema penal, no solo en Guerrero, sino en todo México. De acuerdo a información de nuestro equipo de investigaciones especiales,  estamos en posibilidades de ofrecer una lista de delitos para que nuestros lectores vayan analizando y compenetrándose de quienes serán beneficiados los que ahora purgan condena, y otros ni siquiera los han sentenciado, precisamente por la pachorra con que trabajan los jueces y magistrados del Poder Judicial en Guerrero. Dentro de los 21 delitos que dejaron de ser considerados graves se encuentran lavado de dinero, portación de arma de uso exclusivo, defraudación fiscal agravada, evasión de presos, sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos, asalto en carretera o caminos, robo calificado y extorsión. Asimismo: tortura, tráfico de indocumentados, falsificación y alteración de moneda, lesiones, delitos contra el ambiente, en materia de derecho de autor, ataques a las vías de comunicación, entre otros. Es un trabajo que tiene que ponerse a trabajar el equipo del gobierno Astudillista, porque debe entender de que si estas personas vuelven a delinquir, sea con las mismas víctimas o con otras, las víctimas de estas personas que vayan a reincidir podrán demandar al Estado mexicano por haber fallado en la aplicación de un sistema penal que ha sido desastroso en términos cualitativos para sociedad. Como se recordará apenas el pasado 18 de julio se cumplió un año en que Guerrero se homologó al nuevo sistema acusatorio, y ahora la resolución de la SCJN que dejó de considerar 21 delitos como graves, en Guerrero hasta mil 400 presos serán beneficiados y podrían salir en libertad. Este dato también está confirmado por el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Alberto López Celis. Desde luego habría que ponderar que nadie de los ciudadanos de Guerrero o de México, no están a favor de que estén o no presos, “el asunto es si hay condiciones sociales para que vuelvan a la convivencia y armonía social, si el gobierno ha generado las condiciones nada más”. La pregunta para el gobernador del estado de Guerrero el priista Héctor Antonio Astudillo Flores ¿Qué garantías, ofrecerá el gobierno del estado a las personas que sean liberadas, qué trabajos les van a ofrecer?, tomando en cuenta que tendrán antecedentes penales, pues estarán libres, pero no absueltos. Los más de mil 400 beneficiados, mientras tanto tendrán que trabajar, si es que les dieron condiciones esperanzadoras adentro de los reclusorios para que no vayan a reincidir. Las condiciones sociales y de violencia no solamente están iguales que cuando entraron a prisión, sino están peor. Entonces aprovechando el ambiente de violencia,  esos  presos que se vayan a poner en libertad, pudieran cometer otro delito, porque hasta este día lamentablemente la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio está resultando un fracaso, porque en Guerrero no estaban dadas las condiciones para echarlo andar, no había capacitación ni coordinación entre ministerios públicos. Ahora es necesario que  los legisladores, el gobierno y todas las instituciones que tengan que ver con la Seguridad Pública y de impartición de Justicia tendrán que responder ante las víctimas en caso de que las personas que sean liberadas vuelvan a reincidir. Por ahora solo se ha dado como un anuncio, además muy poco se sabe de los alcances para el estado suriano la resolución de la SCJN, no se ha sabido más que la cifra a medias que dio el presidente del TSJ, pues no indicó qué delitos se van a beneficiar. Hasta el momento, el recién nombrado Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas (Luis Camacho Mancilla), ya debieron de haber iniciado el trabajo para ver de qué manera se va a proteger a las víctimas y qué efecto va a producir esa resolución de la Suprema Corte en Guerrero. Hasta el momento ninguna instancia de gobierno asumen su responsabilidad para garantizar seguridad a las víctimas, inclusive estas ni siquiera están enteradas de que hay una resolución del órganos superior y que ya hay 21 delitos que ya no necesitan estar en la cárcel los infractores de la ley. Sería saludable de que las instancias gubernamentales involucradas en el tema se pusieran a trabajar con seriedad en beneficio de la sociedad, principalmente la agraviada y que de alguna manera están satisfechas de que el malhechor estaba cumpliendo una condena en alguna de las cárceles de Guerrero. La preocupación y decepción de las víctimas es cuando conozcan de que sus victimarios ya podrán salir pronto de alguna de las cárceles en donde estaban confinados.…Chapulín…De legislador local, a diputado federal y volvió a una curul del Congreso de Guerrero, y ahora no termina, ya solicitó y le aprobaron la licencia al chapulín amarillo, más conocido como “El Zorrillo”. El Congreso del Estado ayer por la tarde aprobó por unanimidad la solicitud de licencia del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sebastián de la Rosa Peláez para separarse de su cargo y buscar su postulación como candidato al Senado de la República en el próximo proceso electoral de 2018. Luego de dos años de legislar en el Congreso del Estado, Sebastián de la Rosa de Peláez pidió licencia indefinida ayer miércoles por la tarde a la Comisión Permanente de la 61 Legislatura. La solicitud fue leída durante la sesión de este miércoles donde acudieron 10 diputados y fue dirigida a la presidenta de dicha Comisión Magdalena Camacho Díaz, en la cual se estableció que la separación del cargo del legislador será a partir del próximo 13 de septiembre. Sebastián de la Rosa Peláez fue coordinador del PRD en el Congreso del Estado y renunció a dicho cargo el pasado 15 de marzo de 2016 debido a que acusó “corrupción e intereses particulares que prevalecen en algunos diputados perredistas”. En ese mismo año, fue uno de los diputados que acumuló el mayor número de faltas a las sesiones del Congreso, con 14 inasistencias. Aclaró que, en caso de que su partido no lo elija como abanderado, no regresará a su curul. Su lugar será ocupado por su suplente, Perfecto Rosas Martínez, ex secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD. Fuentes internas del partido confirmaron que en el proceso electoral de 2015, De la Rosa Peláez acordó con Rosas Martínez que le permitiría ejercer el cargo el último año de la legislatura, independientemente de su obtenía o no una candidatura para 2018. En su participación, antes de concluir la sesión, el legislador manifestó que dejaba el cargo para buscar la candidatura a senador del PRD. “Compañeras y compañeros, he solicitado licencia para buscar la candidatura al Senado de la República y sumarme a un movimiento que reclama urgente e ineludiblemente rescatar el federalismo”. Presumió también las iniciativas que ha promovido al interior del Congreso y el respaldo que ofreció a propuestas de otros partidos, cuando éstas significaban un beneficio para los guerrerenses, sin embargo, denunció que esto no servirá si el gobierno federal no permite a las entidades ejercer su autonomía. Se confirmó que De la Rosa Peláez, uno de los principales opositores al Frente Amplio Democrático (FAD), que se consolidó el martes con el PAN, podría abandonar las filas del sol azteca si el partido le niega la candidatura a senador; además de que con toda la estructura de su expresión política, NI-CODUC, respaldaría al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en la contienda presidencial. Cuando sostenemos que es un chapulín amarillo, porque no ha dejado de estar pegado a la ubre presupuestal con cargos de representación proporcional, excepto, ganó un distrito de la Costa Chica.

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