POLICRÓNICA

Soplones…Ante la incapacidad del Gobierno de Guerrero para garantizar seguridad pública, ahora ofrece recompensas para quienes sean “soplones” contra los criminales, poco usado en la entidad, pero no define cifras, ni presupuesto, por lo que se considera como una faramalla para salir del paso.

En Guerrero no es común, y nunca hemos conocido algún caso que se haya pagado una recompensa económica para atrapar criminales, además se desconoce la cifra, ni tampoco de la existencia del presupuesto para ese rubro cuando ya está terminando el año fiscal 2017. Ahora surge por el salvajismo y múltiple crimen del sábado pasado cerca de la media noche en Nejapa, municipio de Chilapa de Alvarez al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ranferi Hernández Acevedo, junto con su esposa Lucía Hernández Dircio; su suegra Juana Dircio Acevedo y su chofer Antonio Pineda Dircio. Está bien que el gobierno que preside Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asuma una “nueva” estrategia para combatir a la delincuencia, pero que no solo sea para este caso, porque estaría enviando un mensaje que lo estarían condenando de demagogo, y también estaría clasificando de que hay guerrerenses de primera, segunda y tercera. Estamos de acuerdo que realmente se esclarezca y caigan los responsables no solo de este crimen, si no de los más de mil 540 homicidios dolosos cometidos de enero a agosto del 2017. Entonces estaríamos reconociendo en que Astudillo Flores si tiene interés en hacer justicia a todos y no a unos cuantos guerrerenses, porque son vidas humanas que se han perdido solamente en solo ocho meses del presente año, sin cuantificar en su primer año de ejercicio. De no hacerlo estamos frente a una estrategia del gobierno estatal de que busca que los más de tres millones y medio de guerrerenses se conviertan en “soplones”, es decir que denuncien, acusen o delante a alguien en especial si lo hace de forma secreta. Esta etiqueta que busca imponer el gobierno Astudillista de delatores para la policía, nos parece una estrategia que al menos en Guerrero no se ha utilizado, por lo tanto es algo “nuevo”. Pero realmente es una salida rápida, falsa y una faramalla, porque en primer lugar no se aclara la cantidad para convertir a los guerrerenses en “delatores”, y tampoco existe un presupuesto cuando ya está terminando el año de ejercicio fiscal. Pero además este anuncio lo hace en medio de escasos cuestionamientos en Guerrero, pero duros a nivel internacional, entre ellos el mismos repudiado presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien afirma que con este crimen  hace necesario que su gobierno construya el muro con la frontera de Estados Unidos y como este otros organismos del mundo se han sumado a la repulsa de la inseguridad que prevalece en México y en este caso, Guerrero nuevamente está en el “escándalo nacional e internacional”. La estrategia de ofrecer una recompensa por información es muy poco usada en Guerrero, por lo que existen dudas, en cambio lo hemos leído y escuchado de que lo practican las instancias de impartición de justicia a nivel federal, en el estado muy pocas veces o nunca se ha escuchado por eso insistimos que existen dudas de que funcione. Realmente es una manera de dar con el paradero de los autores materiales del múltiple asesinato y otros más que se han registrado en el corredor Chilpancingo-Tixtla-Chilapa-Ahuacuotzingo como el del ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri quien fuera secuestrado el lunes y apareció el viernes 13 en el barrio de San Juan de Chilapa de Alvarez moribundo degüellado y minutos después perdió la vida en un hospital. Desgraciadamente tratar el múltiple homicidio para resolverlo con recompensas y confundir a los guerrerenses como “soplones” nos parece una agresión gubernamental contra los surianos. No es otra cosa de la incapacidad que ha demostrado en dos años el actual gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores, quien está incumpliendo con su eslogan de campaña de “Orden y Paz”, ahora lo trata de minimizar ofreciendo recompensa para que las autoridades ministeriales reciban información sobre la ejecución del fundador del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, quien fue encontrado este fin de semana incinerado junto a su esposa, suegra y chofer en el municipio de Chilapa de Álvarez.  Este aberrante múltiple crimen se registró a menos de un kilómetro del retén militar que está en el entronque a la comunidad de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Alvarez, se registró en medio de los supuestos operativos que llevan a cabo autoridades federales y estatales quienes han afirmado públicamente que la ola de violencia en Chilapa de Alvarez, tiene su origen en la confrontación que mantienen las bandas de Los Jefes, que dirige Zenén El Chaparro Nava Sánchez, y Los Ardillos, que liderean los hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, por el control de las zonas de producción y trasiego de marihuana y heroína, así como el monopolio del secuestro y extorsión.  Se olvida Astudillo Flores, que la batalla por Chilapa de Alvarez, municipio que conecta la Montaña y la región Centro de la entidad, no solo ha dejado una estela de muerte y terror, también ha exhibido presuntos nexos de autoridades con el narco. En mayo de 2015, durante el gobierno interino de Rogelio Salvador Ortega Martínez, integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, irrumpieron y sitiaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa de Alvarez, donde realizaron cateos y privaron de su libertad a una treintena de personas que siguen desaparecidos. Desde esa fecha, la violencia se ha agudizado en esta franja de la región Centro, donde prácticamente a diario son reportados asesinatos, secuestros y extorsiones, situación que ha colapsado la economía local y vulnerado el derecho de libre tránsito de la sociedad. La barbarie no solo ha desgarrado a los sectores más desprotegidos, también ha alcanzado a la clase política. En marzo de 2015, fue encontrado el cuerpo decapitado y con un narcomensaje de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo por el PRD, Aidé Nava González, esposa del exalcalde del mismo municipio, Francisco Quiñónez Ramírez, ejecutado en junio de 2014. El hijo de ambos, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado en 2012 y sigue sin aparecer. En mayo de 2015, en pleno proceso electoral local, fue ejecutado el excandidato del PRI a la alcaldía de Chilapa de Alvarez, Ulises Fabián Quiroz. Luego, en 2016, la ola de ejecuciones contra políticos se enfocó contra funcionarios de la administración del actual presidente municipal de Chilapa de Alvarez, Jesús Parra García, conocido en el pueblo como Chuparra. En mayo, un grupo armado ejecutó al director de Gobernación municipal del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Miguel Andraca Eligio y un mes después, fue asesinado el director de reglamentos, Roberto Francisco, ambos colaboradores del actual alcalde priista Jesús Parra García. En julio del mismo año, un comando ejecutó al regidor priista del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Miguel Ángel Salmerón Nava, sobre la carretera federal que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense. Posteriormente, en septiembre fue ejecutado el secretario de Obras Públicas de municipio de Chilapa, José Luis Giménez Parra, junto a su chofer y un elemento de la policía municipal, quienes habían sido secuestrados previamente. Luego, en octubre, el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, Apolinar García Palatzin y su tío, el comisario del poblado Zizicazapa, Bartolo García Tlamalteco, también fueron asesinados. Todos estos crímenes no han sido esclarecidos y la impunidad sigue provocando más violencia. La semana pasada, nuevamente el escenario político se sacudió tras la ejecución del exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, quien fue secuestrado y posteriormente encontrado en Chilapa el viernes 13, degollado y junto a un narcomensaje. Al siguiente día, sábado 14, el fundador del PRD en Guerrero y actual promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Ranferi Hernández Acevedo fue encontrado muerto junto con su esposa, suegra y chofer, al interior de su camioneta, la cual incendiaron. En respuesta a la imparable ola de violencia e impunidad que se vive en Chilapa de Alvarez, el gobernador Astudillo Flores emitió el domingo un comunicado donde anunció el ofrecimiento de una recompensa para obtener información que permita localizar y capturar a los responsables del brutal crimen de Hernández Acevedo y su familia. Luego de condenar el múltiple asesinato, el mandatario estatal informó que instruyó a la Secretaría de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón para que entregue fondos adicionales a la Fiscalía General del Estado, “con el fin de otorgar recompensas a quienes colaboren para llevar ante la justicia a los responsables”. Se escucha y se lee muy demagógico.…43…Después de la renuncia y que se hizo efectiva a partir del 30 de septiembre pasado como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, Maricela Reyes Reyes, tras salir publicada la convocatoria, aparecieron 43 aspirantes a ocupar el cargo, no porque tengan muchas ganas de trabajar y servir a los guerrerenses, sino por la ambición por el jugoso salario que se ventiló ante la opinión pública de que era superior a los 200 mil pesos, aunque otros afirman que eran cerca de los 300 mil pesos mensuales. También es cierto que es un solo cargo, pero también queda claro que es más por la ambición del dinero, que por el compromiso de servir. La cifra de 43 aspirantes fue revelada por el secretario ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Gregorio Aranda quien informó que 43 personas se registraron formalmente para concursar por el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero. El cargo quedó vacante luego de la renuncia de Marisela Reyes Reyes ante las denuncias por haber promovido laboralmente a su esposo a una posición dentro del IEPC. El plazo para registrarse en Internet y entregar los documentos en la Junta Local o en las nueve Juntas Distritales del estado venció el viernes a las 18:00 horas. Los aspirantes son: Carlos García Santiago, Domingo Martínez Altamirano, Hipólito García Rubio, Francisco Cabrera Rojas, Francisco Salgad Brito, David Sandoval Nava, Fray Esteban Galindo Pastrana, Marcelo Gatica Lorenzo, Yolanda Leticia Medina Aguilar, Omar Said Tapia Cruz, José Castrejón de la Cruz, José Antonio Chávez Juárez, Evelyn del Carmen Puente Flores, Diana Fajardo Zaragoza, Francisco Fernando Ruiz Catalán, Abraham Jiménez Rendón, Evelyn Rodríguez Xinol y María Amparo León Carbajal. Elionei Nelxon Baranda Altamirano, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, José Emmanuel Salazar Ibarra, Jorge Alberto Carbajal Bello, Martín Pérez González, Víctor de la Paz Adame, Adalberto Valenzo Martínez, Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta, José Enrique Solís Ríos, Jorge Martínez Carbajal, Roberto Guadalupe Vera Vielma, Daniel Castillo de la Rosa, Oscar Basave Hernández, José Nazarín Vargas Armenta, José Alejandro Meneses Juárez, Francisco Jacinto Hernández y Perla Marina Galindo Conde. También presentaron sus documentos Azucena Cayetano Solano, Adriana Miranda Bello, Alfredo Castro Santiago, Jennifer Valdovinos Berber y Osvelia Beltrán Villalva. De éstos, Evelyn Puente, Leticia Medina Aguilar, Evelyn Rodríguez, Elionei Nelson Baranda, Nazarín Vargas Armenta, David Sandoval y Carlos García Santiago, participaron en la pasada convocatoria para sustituir a tres consejeros electorales, pero no fueron seleccionados. Francisco Cabrera Rojas y Francisco Salgado Brito son consejeros distritales del IEPC y Alejandro Paul Hernández Naranjo es el director de Prerrogativas del instituto. Oscar Basave Hernández es periodista y académico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ellos presentarán examen el próximo 28 de octubre, los resultados se publicarán el 3 de noviembre y sólo 20, 10 hombres y 10 mujeres pasarán a la siguiente etapa que es la presentación de un ensayo presencial el día 18 de noviembre, para posteriormente, quienes hayan sido calificados idóneos, ser entrevistados y a designación tiene como límite el 13 de diciembre. Quien resulte seleccionado se sumará a los trabajos de organización del proceso electoral 2017-2018 en curso y estará en el cargo hasta el 30 de septiembre de 2021. Un cargo y 43 aspirantes.