PRINCIPAL DE PRIEMERA PLANA

Ezequiel Flores Contreras.--El gobierno guerrerense que preside Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), descontará el Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a los 70 días de aguinaldo, a empleados de los poderes Ejecutivo y Legislativo que perciben salarios superiores a 29 mil pesos mensuales.
El director de Administración y Personal, Jaime Ramírez Solís, firmó un comunicado donde específica que el gravamen seguirá siendo subsidiado por la

administración estatal en el caso de los trabajadores con sueldos inferiores a la cantidad arriba señalada.
La medida, que impacta a la alta burocracia del gobierno y del Congreso local, obedece al descuento de las participaciones federales por presuntos actos de corrupción en las administraciones anteriores.
En julio pasado, Apro dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) recortó 200 millones de pesos de las partidas federales destinadas a la entidad, para solventar un presunto desvío de 3 mil 945 millones de pesos detectado en los gobiernos de Rogelio Ortega Martínez y Ángel Aguirre Rivero.
El viernes 1, el gobierno de Héctor Astudillo emitió el oficio SFA/SA/DGAyDP/NOM/2322/2017 para informar sobre “ajustes para determinar el aguinaldo” de los trabajadores del gobierno estatal, y advirtió que determinó aplicar criterios legales para el pago de la prestación laboral conforme al artículo 87 de la ley Federal del Trabajo.
Por ello, indicó, para las categorías de directores generales, subsecretarios, secretarios y gobernador, cuyo salario bruto es superior a los 100 mil pesos, serán gravados los 70 días que reciben por concepto de aguinaldo.
La retención del ISR también aplica para el aguinaldo de 70 días que percibe el personal que tiene un sueldo mensual bruto igual o mayor a 29 mil 143.80 pesos, incluidos trabajadores de confianza, supernumerario y de base.
“Para los casos no considerados en los puntos anteriores, el ISR será subsidiado por el gobierno estatal”, puntualiza el comunicado oficial dirigido a delegados administrativos, directores de recursos humanos y coordinadores del sector central del Ejecutivo y Legislativo.
Según el documento, la medida forma parte del acuerdo que establece “los compromisos para la estabilidad y desarrollo estatal”, bajo el argumento de lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.(proceso.com.mx).