martes, 27 de febrero de 2018

ARTÍCULO

Mexico, más corrupto que Venezuela
Apolinar Castrejón Marino
Según la organización “Transparencia Internacional”, la corrupción en México es cada vez peor. En el año 2017 que concluyó rientemente, que acaba de ser evaluado, México se ubicó en el lugar 135, entre 180 países calificados.
En una escala del 0 al 100, ocupa el lugar 69, entre los más corruptos. Brasil y Colombia, se ubicaron en el lugar 63, y Argentina en el lugar 61. Aquí hay que mencionar, que Venezuela se encuentra en un lugar distante, más abajo.
El año anterior 2016, México se encontraba en el lugar 129, entre países como Republica Dominicana, Honduras, Kazajistán y Rusia. Hoy ha subido 6 puntos, porque hay más
corrupción ¿Por qué?
El gobierno ha difundido ampliamente la idea de haber tomado la iniciativa, para que los legisladores procedan a la elaboración de leyes, y mecanismos, para combatir la corrupción.
¡Pero la picardía de los mexicanos requiere algo más! que el gobierno los convenza de que realmente QUIERE combatir la corrupción.
Tomemos en cuenta que hay varios casos de corrupción que son del dominio público, principalmente los relativos a la desviación de recursos por parte de los gobernadores, como quien dice, “tenemos mucha tela de donde cortar”.
¿Por qué no aplicar la ley “monda y lironda” en los casos en que los gobernadores ya han sido denunciados? ¿Por qué hacer como que “la virgen le habla” al presidente, y no se da por enterado de los trinquetes que se realizan en las dependencias de su gobierno?
Durante todo este sexenio, ciudadanos independientes, periodistas y organizaciones sociales, se han encargado de denunciar en todos los tonos posibles el abuso de los funcionarios, y en respuesta, el gobierno ha echado a andar mecanismos legaloides, que en lugar de castigar, han servido para exonerar a los imputados ¿Nombres?
Javidú, el exgobernador de Veracruz, acusado de desviación de cantidades millonarias de dinero, que se escapó de las autoridades mexicanas, y que luego lo capturaron “para salvar el honor”. Goza de cabal salud, y ve con alegría como, uno a uno, van desapareciendo los cargos que le atribuían. Seguramente, pronto saldrá de la cárcel, y hasta podrá disfrutar el producto de sus latrocinios. 
Otro caso más es el del exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, acusado de responsabilidad en la planeación, organización e instrucción, de la desviación y disposición indebida, de más de mil millones de pesos.
La Fiscalía General de Chihuahua inició las investigaciones: armó una carpeta con 10 órdenes de aprehensión contra César Duarte por los delitos de peculado agravado y delitos electorales. Hasta que llegó al punto en que debió requerir a la PGR que realizara las gestiones para que el gobierno de Estados Unidos ordenara la detención, con fines de extradición del exgobernador.
Como en todo este caso, surgieron indicios de la presunta desviación de 250 millones de pesos para las campañas del PRI, cuando Enrique Peña Nieto era candidato, de inmediato se echaran a andar los mecanismos de defensa a la corrupción: Por principio de cuentas, había que quitarle el control al gobernador de Chihuahua Javier Corral ¿Cómo?
Un juez de control de la Cd. de México, decidió asumir la instrucción del juicio, ordenándole al gobierno de Chihuahua, entregar el expediente, y la carpeta de investigación, con las copias de la causa penal 780/217, para que el juicio se desarrolle bajo la competencia federal.
¿Quién es ese juez de control? Gerardo Moreno García, el mismo que lleva el caso de Javier Duarte. Este abogado del diablo, argumenta que el gobierno estatal y su fuero común nunca debieron tocar este asunto, por tratarse de delitos que se cometieron con recursos públicos de carácter federal. Al fin y al cabo, en el infierno caben otros mil corruptos, siempre y cuando sean del PRI.
También tenemos a la vista el caso de la denuncia que hizo el Periódico Reforma, basada en documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al practicar seis auditorías a la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, encontraron convenios firmados con una red de empresas, que a su vez, hicieron subcontrataciones de servicios.
En la superficie, eso parece legal, pero luego descubrieron que por medio de este mecanismo, las dependencias mencionadas pudieron desviar 2 mil 131 millones de pesos. Pues resulta que la mayoría de esas empresas, son inexistentes, las conocidas como “empresas fantasma”.
Destaca el caso de la empresa Comercializadora “Devolviendo Confianza” que obtuvo 223 millones de pesos, que es la mayor cantidad que se manejó, sin que haya entregado ningún bien, ni prestado ningún  servicio.
La secretaria Rosario Robles, que fue titular de las dependencias referidas, muy indignada, se presentó el día miércoles 21 de febrero a la Procuraduría General de la República (PJR) para declararse inocente de cualquier cosa que se le acuse.
Muy bien asesorada la doña, reclamó que en su caso, “Se esté personalizando” y que, ella está enterada que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) carece de facultades para imputar a personas y determinar culpables.
Otro caso que recordamos es el del socavón de la autopista de Cuernavaca, y la muerte de 2 ciudadanos. Luego de la maraña de declaraciones y deslindes de funcionarios de cualquier nivel, los periodistas llegaron hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, a todas luces, responsable del sector.
Le preguntaron si se sentía responsable de los acontecimientos. Con el mayor cinismo, respondió que él era responsable de que se descubriera a los culpables y se les aplicara la ley ¿Cómo la vé? Según tales palabras, los funcionarios solo están para pronunciar discursos, y tomarse fotografías en los actos públicos, y no son responsables de lo que suceda en su jurisdicción.
¡No señores! Según las leyes, de cualquier parte del mundo, los titulares son responsables de lo que suceda en el ámbito de su competencia. Y entonces, no hay ninguna razón válida para que la secretaria Rosario Robles quiera “escurrir el bulto” argumentando que “No he participado en ningún proceso ilegal en el uso de recursos públicos”.
Y cuando declara que “Para constatarlo hace meses pedí a la SHCP y la SFP que realizaran una investigación de mi situación financiera y patrimonial”. Está tratando de desviar la atención hacia un asunto que no está a discusión.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por leer La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, Realice su comentario.