viernes, 13 de abril de 2018

POLICRÓNICA

Extinción…La violencia imparable, está llegando al extremo de la extinción de pueblos enteros en Guerrero, por los grupos armados, en la que brilla por su ausencia las medidas cautelares de las autoridades.

Se registran diversas formas de desplazar a los ciudadanos de sus pueblos originarios, pero todos coinciden en que no se puede vivir a punta de cañón de armas, condicionar su estancia en su pueblo que los vio nacer, ahora para vivir, prácticamente tienen que pedirle permiso a los grupos delincuenciales. Uno de los tantos pueblos que hay en Guerrero que viven constantemente la violencia y los ha obligado a dejar su comunidad, se encuentra Quetzalcoatlán de las Palmas, que prácticamente se ha extinguido de 200 habitantes, apenas han quedado unas 54, causado por un grupo armado de  su vecina localidad  de Tlaltempanapa, ambos del municipio de Zitlala, región de la montaña baja, en el centro del estado de Guerrero. De acuerdo a la historia narrada por los habitantes agraviados, en la que no tienen ningún apoyo del gobierno para restablecer la estancia de los que han logrado salvar su vida dejando todo en su pueblo. A dos años y tres meses del ataque armado a pobladores de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, que dejó un saldo de seis personas muertas, el hostigamiento por parte del grupo delincuencial que opera en la comunidad de Tlaltempanapa no ha cesado, agudizando la crisis económica y de seguridad. A pesar de que el Gobierno de Guerrero, brinda desde el 12 de marzo de 2016 medidas cautelares, con la vigilancia de la Policía Estatal, los habitantes de esta localidad no tienen la libertad de transitar por la ruta hacia la cabecera municipal, por las constantes amenazas y agresiones. El 12 de julio, del año pasado, cuando algunas personas acudieron a Zitlala a recibir su apoyo de “Procampo”, don Salomón Lara Tlatempa y otros de sus compañeros fueron agredidos a balazos, uno de ellos perdió la vida, don Salomón sobrevivió a tres impactos de bala. A raíz de ese hecho y tras varias solicitudes de organizaciones defensoras de derechos humanos, las medidas cautelares se extendieron a don Salomón, para darle acompañamiento en sus desplazamientos fuera del pueblo, no así para el resto de la población. Actualmente en la localidad, ubicada en la Montaña Baja de la entidad, quedan alrededor de 54 personas, de más de 200 que conformaban la población total, la mayoría se fueron a los campos agrícolas del norte del país, y los jóvenes emigraron a los Estados Unidos. Los pocos que quedan, se niegan a ser reubicados en otro sitio, como lo ha propuesto el Gobierno del Estado, se rehúsan a abandonar sus hogares y llegar a un lugar desconocido donde no podrán seguir sus vidas normales, sembrar o cuidar animales. Poco a poco, la vida se extingue, cada vez menos habitantes, el abandono total de autoridades municipales y estatales, los tiene sumidos en una crisis alimentaria, no hay agua potable, no pueden salir, ya no cuentan ni siquiera con médico y en el aspecto educativo solo sobrevive la primaria con cinco alumnos. El asedio, es constante, apenas el pasado 24 de marzo, fue retenida la esposa del comisario, quien acudió a Zitlala a vacunar a sus hijos, y a pesar de que iba a bordo de una camioneta del Ayuntamiento, la obligaron a bajar para ser interrogada. Le pidieron información sobre su familia y el nombre del comisario, a quien mandaron decir que los dejarán en paz siempre y cuando se retiren los elementos de la Policía Estatal, que brindan seguridad en la zona, a lo cual no accederán. El bloqueo ha traído una fuerte crisis alimentaria, es poco lo que se produce en la comunidad, y los productos de la canasta básica tienen que encargarlo a los policías que les brindan seguridad cada vez que bajan a sus cambios de turno, es decir cada 15 o 20 días. Sobreviven cortando palma, elaborando cinta, la cual venden a 8 pesos por 20 metros, y al tejer 3 rollos diarios, vienen ganando al día 24 pesos, que son el sustento para toda la familia. Aquí no viene ninguna autoridad, ya tiene un año que se presentó el presidente municipal, Roberto Zapoteco Castro, cargado de promesas, que a la fecha no ha cumplido; rehabilitar la red de agua potable, otorgar despensas y maíz de manera mensual. La exigencia principal de los pobladores, es que se restablezca el servicio de agua potable, las clases en las escuelas, y sobre todo que las medidas cautelares se extiendan a todos los pobladores cuando salgan de la comunidad y se evite a toda costa el paso por la localidad de Tlaltempanapa. La delincuencia organizada, los homicidios de familiares, les han quitado a algunos de los habitantes que aún permanecen en Quetzalcoatlán, hasta las ganas de vivir, tal es el caso de la señora Silvestra Tlatempa, quien a raíz de los hechos de violencia, se encuentra sumida en una profunda depresión, que la tienen al borde de la muerte. El 06 de enero de 2016, cuando se dio el ataque más sangriento, donde murieron seis personas, fue asesinado su hermano, Beningo Tlatempa Solano, él regresaba de trabajar del campo, cuando se topó con el grupo armado que había irrumpido en el poblado horas antes, y fue atacado a balazos.Tras este hecho, su madre, la señora Cirila Tlatempa Solano, cayó en una fuerte depresión, tras la muerte de su hijo, relatan los pobladores que perdió las ganas de vivir, estuvieron dos meses desplazados fuera de la comunidad, y al regreso se le fue la vida llorando la muerte de su hijo. A los pocos días de regresar a Quetzalcoatlán, perdió la vida, y fue sepultada a la entrada del pueblo junto a la tumba de su hijo Benigno.Desde entonces Cirila no ha podido regresara su vida cotidiana, vivió encerrada desde entonces, y el año pasado, cuando su esposo, Julián Lara, fue a cobrar su apoyo de Procampo, fue asesinado en Zitlala, lo que agudizó su situación, y ahora se ha quedado sin ganas de vivir. Personal del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, que acuden periódicamente a documentar la situación de dicha comunidad, y a llevar el poco apoyo que se puede recolectar por voluntarios, expusieron que los habitantes se encuentran en la total indefensión. Los desplazados, no entran a los apoyos que debería brindar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y tampoco tienen acceso a los beneficios de la Ley de desplazados, debido a que no está reglamentada y por lo tanto no tiene recursos asignados. Quetzalcoatlán, sigue bajo el bloqueo, los pobladores se rehúsan a huir, pero las opciones se agotan, mientras las autoridades permanecen omisas a su situación. Esa es la verdadera realidad de los pueblos de Guerrero, que en verdad es triste y apenas hace 72 horas, por lo menos cinco pueblos de San Miguel Totolapan, prácticamente quedaron solos, porque la delincuencia los obligó a emigrar, ahora andan pidiendo posada en la cabecera municipal de Atoyac de Alvarez, región de la Costa Grande. Cerca de 100 personas salieron de su pueblo resguardados por Policías Estatales, y con todo el dolor de su corazón y de la familia, se vieron obligados a salir de San Bartolo, Jimotla, Laguna de Guayanalco y están en esa misma postura los que habitan en Rancho Viejo y Linda Vista del mismo municipio de San Miguel Totolapan. Los tres ordenes de gobierno en lugar de garantizar seguridad y tranquilidad en esas comunidades alejadas de la capital del estado de Guerrero, permiten que se vayan los ciudadanos a sufrir a otros lados, tanto que les mandan policías para que los escolten, cuando debería ser al revés buscar medidas para arraigar a las familias para que no les vaya mal en la vida, pues tienen hijos pequeños, y vivir la vida de desplazados, la verdad que es una tristeza que no hay manera detenerlos. Los ciudadanos se van de sus comunidades abandonando todo su patrimonio que lograron hacer toda su vida y lo único que se llevan  es hasta la ropa que traen puesta en el momento que parte de su pueblo, con tristeza y hasta llorando, porque no pueden llevarse a otro lado su burro, sus pollos, gallinas y otros animales de corral. Todo eso, no está tomando en cuenta el Gobierno, simplemente se hace occiso y la gente tiene que salvar su vida. Así como estos pueblos, definitivamente se repite la misma historia en otras latitudes del estado de Guerrero....Agresión...Hasta nuestra redacción nos hicieron llegar una denuncia por personas discapacitadas de la agresión de que han sido objeto de las autoridades del Ayuntamiento de Atoyac de Alvarez, región de la Costa Grande. Para que no haya duda, nos han hecho el favor de mandar un video como testimonio de cómo actúan los que se dicen representantes populares. Por esas actitudes, ahora los ciudadanos tendrán que definir en las venideras elecciones del 1 de julio y votaran por otras opciones y no por el partido que hoy en día gobierna en Atoyac de Alvarez. Textualmente reproducimos la denuncia de agresión: “La organización de discapacitados “Leonardo Bravo” nos encontramos indignados por la actitud déspota y prepotente con la que fuimos tratados por funcionarios de H. ayuntamiento del municipio de Atoyac de Alvarez, a cargo del presidente municipal Damaso Pérez Organes a mediodía del jueves 12 de este mes, el  secretario municipal nos reafirmaba su apoyo para nuestra organización y un par de horas después nos enviaron al hijo del regidor de obras públicas  Bladimir Pino (trabajador del ayuntamiento) para que agrediera fisicamente a un coordinador de nuestra organización y por si fuera poco un par de horas más tarde se presenta el regidor de obras públicas Simón Pino. Amenazando de muerte a su servidor Manuel García Navarrete, coordinador de la Organización de Discapacitados “Leonardo Bravo” (ODRILBRA) y su esposa del regidor María Isabel Gómez Sánchez, agredió  a nuestra compañera comisaria suplente de la “Y” griega argumentando que nosotros habíamos agredido a su hijo Bladimir Pino (Anexamos video) cabe mencionar que todo esto es a raíz de la exigencia de que se cumpla una minuta de acuerdos que venimos arrastrando desde el año pasado y que no se ha cumplido, donde se acordó nos donarían un terreno para un mercado rural donde nuestros compañeros puedan ser autosuficientes (discapasitados, madres solteras, tercera edad y extrema pobreza) por último quiero dejar una pregunta ¿Pedir ayuda es un delito? Ese es el comportamiento de las autoridades municipales costeñas quienes tendrá que pagar las costos de  sus  condenable comportamiento en contra de los ciudadanos, que no hacen otra cosas que hacer gestoría o solicitar ayuda para salir adelante, más en personas con capacidades diferentes y encima de todo esto, todavía reciben agresiones, pues en verdad que si tienen razón los inconformes.…Inclusión…Ante la confirmación de tres debates entre los candidatos presidenciables que hasta el momento solo se habla de cuatro, tres por coaliciones, una independiente, pero en las últimas horas  se sumó otro más. El primer debate será el 22 de abril  en la Ciudad de México, en Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México. A menos 12 días, diversas organizaciones sociales adheridos a los Colectivo #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, están planteando a los medios de comunicación: Las candidatas y candidatos deberán responder en el próximo debate sobre temas cruciales para acabar con la violencia y la impunidad en México. Decenas de organizaciones de la sociedad civil, académicas/os e intelectuales entregarán una carta al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en la que solicitan incluir en el primer debate presidencial cinco preguntas que son clave para terminar con el pacto de impunidad y comenzar a tener las bases de un sistema de justicia confiable. Quién: Colectivo #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra. Están solicitando al INE en una carta 5 preguntas para incluirse en el primer debate presidencial el 22 de abril a fin de que las respondan a ahora los cinco candidatos presidenciables, es  más ya el INE probó la reglas para que haya equidad durante el debate.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por leer La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, Realice su comentario.