SEGUNDA PRINCIPAL DE NOTA ROJA

Responda la PGR sobre crimen
del líder igualteco, ordena INAI

Javier Francisco Reyes.--El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) deberá asumir competencia y pronunciarse sobre todos los documentos que obren en su poder, y que solicitó una particular, relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defe

nsor de Derechos Humanos de Iguala de la Independencia, Guerrero.
De acuerdo con un comunicado entregado a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, indica que al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular de Iguala de la Independencia, que se declaró en franca oposición a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, de enero 2012 a octubre 2014.
Recordó, “Diversas piezas periodísticas mencionan que al ex alcalde José Luis Abarca, también se le relaciona con los desafortunados hechos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se le acusa de ser quien ordenó a la policía municipal de Iguala detenerlos y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. Es decir, pudo estar relacionado con la desaparición de estos 43 jóvenes”.
Destacó Salas Suárez que de acuerdo con una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa, entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte de Arturo Hernández Cardona fue perpetrado por agentes del Estado, los cuales actualmente son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
“Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa o la organización Open Society Foundations en su informe Atrocidades Innegables de 2016, apuntó.
En dicho informe, señaló el comisionado del INAI, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno generalizado. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos sistemáticos”.
“Entre 2015 y 2016, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) registraron 16 mil 821 violaciones relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Algunos de estos sucesos han llegado a cortes nacionales e internacionales. En 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 819 peticiones por presuntas violaciones a los derechos humanos en México”, resaltó.
En este contexto, Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”.
“La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.