martes, 17 de julio de 2018

NOTA CON FOTO

Entre hombres civiles armados
elección por usos y costumbres
Ezequiel Flores Contreras.--Miembros de la asamblea general representativa del municipio de Ayutla de los Libres eligieron, mediante usos y costumbres, a seis integrantes de un nuevo órgano de gobierno denominado Concejo Municipal Comunitario.
Dicho Consejo está formado por integrantes de la organización político armada, conocida como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y la Policía Comunita
ria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC).
Ambas agrupaciones forman parte de los 20 “grupos civiles armados” que, de acuerdo con el gobierno estatal, operan en 50% del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios-, donde 18 bandas criminales controlan y mantienen una abierta disputa por el mando de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad.
De esta forma, la autodeterminación de los pueblos indígenas y los grupos de autodefensa desplazaron de forma legal a representantes de partidos políticos y autoridades gubernamentales para dar paso al primer municipio en Guerrero que se rige por usos y costumbres, modelo que pretenden replicar en otros territorios donde se encuentran asentados pueblos originarios.
El nuevo Concejo Comunitario de Ayutla está integrado por cuatro hombres y dos mujeres. Dos de ellos son los indígenas del pueblo Na savi (mixteco), Longino Julio Hernández y su suplente Juan Ceballos Morales, vinculados a la CRAC.
También participan dos Me’phaa (Tlapanecos), Isidro Remigio Cantú, y su suplente Raymundo Nava Ventura, de la UPOEG; así como dos mestizas: Patricia Ramírez Bazán y su suplente Sara Olivera Tomás, quienes entrarán en funciones el próximo 30 de septiembre en sustitución de la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, quien heredó el cargo de su esposo, el exalcalde priista, Severo Castro Godínez.
Así, el representante del pueblo Na savi asumirá el control del área de Gobierno; la mujer mestiza coordinará el área de Seguridad y Justicia, y el representante del pueblo Me’phaa se encargarán del área de finanzas, según acordaron ayer los 275 integrantes de la asamblea general de representantes de las 108 localidades y 28 colonias del municipio de Ayutla. Ellos son el máximo órgano de gobierno, por encima de los concejales comunitarios.
Los grupos armados
La asamblea electiva estuvo resguardada por decenas de policías estatales, debido a que en este municipio operan al menos tres organizaciones armadas: el grupo de autodefensa de la UPOEG, la Policía Comunitaria de la CRAC y la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM).
El grupo de autodefensa dirigido por Bruno Plácido Valerio, surgió en enero de 2013, en Ayutla, como escisión de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC). Se ha expandido en la mayor parte de la entidad, donde controla territorios completos en las regiones de Costa Chica y Centro; tiene presencia en la Sierra y el puerto de Acapulco, según reportes del gobierno estatal.
El gobernador, Héctor Astudillo Flores, acusó públicamente a la UPOEG de ser una extensión armada del narco que disputa a sangre y fuego con otras organizaciones armadas la hegemonía en zonas productoras y trasiego de heroína y mariguana en la entidad.
Estrategia contrainsurgente
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, describe Ayutla de los Libres como un lugar de alta marginación y atrapado en las redes de la exclusión social, habitado por 60 mil personas, de las cuales, 70% son indígenas Na savi (mixtecos), y Me´phaa (tlapanecos), donde los gobiernos mestizos han impuesto un modelo caciquil que lo ha colocado entre los 20 municipios más pobres de la entidad.
“Es un enclave eminentemente rural que ha sufrido los estragos de la militarización y una política de contrainsurgencia, por considerar a esta región como un foco de la guerrilla”, indica un reporte del organismo no gubernamental dirigido por el antropólogo Abel Barrera Hernández.
Como ejemplo, recordó la masacre del Charco, el 7 de junio de 1998, donde 11 personas fueron ejecutadas por militares cuando estaban al interior de la escuela primaria “Caritino Maldonado”, donde pernoctaban varias autoridades comunitarias, luego de asistir a una reunión con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Ayutla también es conocida por el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, originarias de Ayutla y Acatepec, respectivamente, quienes fueron víctimas de tortura sexual perpetrada por soldados. Décadas después, el caso derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano y el Ejército.
“Estas atrocidades no han sido investigadas por las autoridades civiles, por el contrario, sigue vigente el modelo de seguridad impuesto por el Ejército a través de una guerra de baja intensidad”, indica Tlachinollan y remata:
“Deliberadamente, se ha mantenido a las comunidades en el abandono porque consideran que con esta estrategia debilitarán su organización y diezman su fuerza como sujetos colectivos para que no ejerzan su derecho a la libre determinación”. (proceso.com.mx).

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