PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Guerrero: impunidad 95%
y ranking lugar 134 en JPA

Javier Francisco Reyes/Animal Político.—En los dos años en que ha estado funcionando el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (JPA), el estado de Guerrero cuenta con un nivel del 95 por ciento de impunidad y en su evaluación en 2016 y 2017, alcanzó un ranking de apenas 134, cuando lo ideal es de mil puntos, pero las cifras más conservadoras  anda entre 500 y 600 en otros estad

os del país.
La organización “México Evalúa”, ayer jueves presentó el informe “Hallazgos 2017”, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016
En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades.
Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87  por ciento de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 por ciento.
Los estados que superaron el 90 por ciento de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 por ciento de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60 por ciento.
La organización presentó ayer jueves el informe “Hallazgos 2017”, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016.
En esta ocasión agregó un ranking de las entidades por el índice de impunidad que reportaron durante ese año, donde el promedio nacional fue de 87.3 por ciento sin considerar ocho entidades que no entregaron la información que México Evalúa les solicitó vía transparencia: Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de no poder contar con toda la información de cada estado, también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 por ciento.
“Existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que sólo una pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las autoridades”, sentencia el reporte.
Una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.
IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA
El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más información sobre el caso,  obtener mejores elementos probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa a Animal Político.
Sin embargo, este “comodín” –como ella lo llama- ha sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de los asuntos pendientes por resolver.
A nivel nacional, este recurso es utilizado hasta en 30 por ciento de las carpetas de investigación, lo cual a decir de los evaluadores, es un abuso que les ha permitido mejorar sus cifras de resolución de casos en las evaluaciones; además de que puede llevar a los expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.
“Están más preocupados por cumplir con los números que por resolver los casos, es la institucionalización de la impunidad. Lo que evidencia son procuradurías debilitadas, y esto demerita al Sistema Acusatorio aunque el problema no es la herramienta sino su aplicación”, puntualizó la coordinadora del Informe.
Aunque el Sistema Acusatorio tiene como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.
Además del archivo temporal, las procuradurías de justicia han preferido dar cauce a las investigaciones por otras vías: la no competencia de la autoridad; el no ejercicio de la acción penal; la investigación complementaria o los criterios de oportunidad.
AVANCES A “CUENTAGOTAS”
Además de los altos índices de impunidad, en el informe se reconoció que ningún estado ha alcanzado la meta establecida de avances en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), aunque tuvieron ocho años para prepararse.
El reporte señala las etapas de este nuevo Sistema de Justicia, basado en la presunción de inocencia y caracterizado por la búsqueda de alternativas de solución a los conflictos antes de optar por la prisión. La Reforma Penal de 2008 otorgó un plazo de ocho años a las instituciones involucradas a nivel federal y estatal, a fin de que hicieran las adecuaciones necesarias para operar con el nuevo Sistema Acusatorio.
En 2016 venció ese plazo e inició la etapa de consolidación, para la cual todos dijeron estar listos aunque los expertos advirtieron que les tomaría otros 11 años contar con todos los elementos para llevarlo a cabo.
En su evaluación, los investigadores establecieron otro ranking para evaluar el avance que en 2016 y 2017 se tuvo en cada estado para consolidar el sistema de justicia penal. Para ello establecieron   un estándar ideal de mil puntos. Para el primer año de operación, 2016, se estableció en 500 puntos y para 2017 en 600.
Básicamente lo que se calificó en este ranking fue: el avance y la calidad de las acciones de política pública en 2016 y 1017 y los avances logrados respecto a las demás entidades federativas.
El estado con mayores avances hasta la fecha apenas alcanzó 483 puntos (Querétaro) y ocho entidades no superan siquiera los 200, donde Guerrero es el más bajo con 134.
DILACIÓN EN LOS PROCESOS
El riesgo de abusar del archivo temporal es que los casos tomen tanto tiempo en investigarse, que el delito acabe prescribiendo o la víctima abandonando su caso, advierte Novoa.
Y la operación del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio no se ha salvado de los conocidos limbos en la justicia mexicana: el Informe detectó que la dilación en las audiencias –uno de los pilares del SJPA- está aumentando a un nivel alarmante.
“Uno de los retos a vencer es el índice de diferimiento de las audiencias, que se elevó de 7 por ciento en 2016 a 21 por ciento para 2017 a nivel nacional”, advierte el reporte, en el que destacan los estados de Guanajuato (alrededor de 48%) y de Chiapas (44) que aumentaron dramáticamente el diferimiento en las audiencias.
POLICÍAS, TALÓN DE AQUILES
En la edición 2016 de “Hallazgos” los investigadores advirtieron que la Policía es el punto más débil de la cadena de deficiencias que presenta el sistema judicial mexicano. En este nuevo informe refuerzan este dato: la fuerza de seguridad en México es de 128,067 policías, es decir, 1.1 policías por cada mil habitantes.
“Si consideramos a los elementos que serán dados de baja por no acreditar los controles de confianza, el promedio quedaría en 0.8 policías por cada mil habitantes”, señala el texto presentado este jueves.
La Ciudad de México cuenta con el promedio de estado de fuerza más alto (4.3 policías por cada mil habitantes) y Baja California el más bajo, con 0.3.
Respecto a la capacitación a las policías en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el reporte afirma que el 100 por ciento del estado de fuerza fue capacitado en al menos uno de los talleres, pero únicamente el 26.8 por ciento tomó el Taller de la función del primer respondiente: justo el eslabón más importante en la cadena de investigación de un delito.
“Más que capacitación se necesita profesionalización de los cuerpos de seguridad en un servicio profesional de carrera”, agrega María Novoa.
La investigadora apunta que la nueva administración federal (a cargo del candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador) debe retomar como prioridad el Sistema Acusatorio, ya que ningún plan de pacificación dará resultados si prevalecen las viejas prácticas en el poder judicial, que entre otras fallas, siguen invisibilizando a las víctimas.
“Le están dando prioridad a este pacto de paz pero no están contemplando la procuración de justicia, así se seguirán repitiendo los casos. Ningún proceso de construcción de paz tendrá viabilidad en el tiempo si no se refuerza el Sistema Acusatorio, es necesario subirle la prioridad en el nuevo gobierno”, expresó.( animalpolitico.com).