jueves, 18 de octubre de 2018

NOTA

Eficaces políticas para
defesores y periodistas

Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran bajo un ataque sistemático a causa de su labor, proveniente de funcionarios públicos y particulares, teniendo que enfrentar el hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminaliz
ación, desplazamiento y hasta el asesinato.
Mediante comunicado de prensa remitido a la redacción de La Crónca, Vespertino de Chilpancingo, se indica que hoy jueves en la Ciudad de México se presentó en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”.
Lo hizo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protección Internacional (PI), el cual intenta indagar qué está fallando en los mecanismos y programas nacionales que varios gobiernos de la región que han puesto en marcha para proteger a las personas defensoras de derechos humanos (en adelante PDDH) y buscar lineamientos mínimos para la construcción de una política pública y la forma de implementarla efectivamente.
Indica que  la publicación cobra vital importancia en México debido a que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran bajo un ataque sistemático a causa de su labor, proveniente de funcionarios públicos y particulares, teniendo que enfrentar el hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, desplazamiento y hasta el asesinato.
En la actualidad no existe una política pública integral de protección para estos colectivos, contando únicamente con un Mecanismo Federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual solo no obedece a las diversas formas de violencia, sino que además no cuenta con recursos económicos, y sus recursos humanos y materiales, son insuficientes.
La conclusión del informe elaborado por CEJIL y PI señala que los actuales mecanimos nacionales de protección para PDDH, entre ellos el mexicano, no logran resultados adecuados porque tienen carencias claves, como el reduccionismo de la Declaración de la ONU al ámbito normativo nacional, no acorde a lo estandares internacionales; ausencia desde un abordaje de políticas públicas más allá de un mecanismo con un enfoque restringido y centrado exclusivamente en la seguridad y el riesgo; y la falta de un abordaje del problema en el marco más amplio de la garantía del derecho a defender los derechos humanos, con participación y gobernanza activa de PDDH y periodistas.
Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una política integral de protección adecuada y efectiva consiste en medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de personas defensoras, así como en pasos positivos para asegurar la construcción de contextos y ambientes libres de violencia y hostigamiento.
En ese sentido, las medidas adoptadas por el Estado mexicano no obedecen a un enfoque amplio y comprensivo, más allá de mecanismos o sistemas de protección física que desconocen la creación de políticas encaminadas a respetar y garantizar sus derechos, en particular, como se ha dicho, el derecho a defender derechos humanos; prevenir las violaciones en su contra; investigar con debida diligencia los actos de violencia; así como, identificar, juzgar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la comisión de los delitos, en un contexto cuya impunidad es del 99.6%.
Ante el contexto de violencia e inseguridad que viven personas defensoras y periodistas en el país y la región de las Américas, y en el marco del XX aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de defender los derechos humanos, o “Declaración sobre Defensores/as”, como normalmente se conoce, las organizaciones participantes ven la necesidad de que sean reconducidas las acciones actuales, hacia enfoques integrales con participación de las y los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, que aborden desde una postura crítica la inseguridad en que estas personas realizan su labor, incluyendo no sólo la violencia física, sino también estructural, que obedezca a la creación de políticas globales de protección para el derecho a defender los derechos humanos.

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