COLUMNA

DH-1-07-18
Tino Gatica

En esta nueva administración federal los delitos y crímenes deben ser sancionados y castigados con encierros y cárcel
La situación de violencia que campea en nuestro estado de Guerrero, ha ocasionado distintos efectos colaterales, en donde las mismas personas se han puesto una autocensura de no abordar ese asunto, ni en familia, tanto como en algunos municipios se conoce de voz a voz que hasta periodistas han sido amagados de no dar a conocer sucesos alusivos a ese enorme problema que se nos fue dejando como “herencia” paulatinamente de parte de las administraciones federales que no combatieron la corrupción ni la impunidad. Al contrario, prefirieron formar parte de esta delincuencia. Y com

o en toda sociedad, los engranajes se van formando con las personas, en sus variadas funciones, es que, ya es de dominio público o como se dice también que eran temas comunes pero sin mencionarse nombres ni apellidos, al menos no de manera abierta, que “desde hace muchos años, había tienditas con venta de mariguana”, que “el vecino salía por las noches de su casa y llegaba de madrugada, con huellas de haber estado peleando con alguien”, que “en la casa contigüa se escuchaban gritos como si le pegaran a alguien”, que “los tiraderos con más demanda están las secundarias y en las prepas”, que “en aquella lonchería o pozolería no venden nada de lonches ni pozole, pura carne de mujeres y ahí se drogan”, en fin, comentarios sueltos que trascendían no solamente el ámbito de la camaradería o de las invitaciones a los destrampes o ligues fugaces, o que alguien se dedicara a cometer fechorías, como robar autos o meterse a robar en casas-habitación pero que no se le hacía nada  porque “estaba bien parado con los de arriba”. Como decía previamente, en toda charla con nuestras amistades e incluso con nuestra propia familia siempre se llegaron a comentar el camino errado (dentro del contexto de la violencia) que tomó aquél vecino o aquella mujer, cometiendo delitos que ameritaban cárcel como los asaltos con violencia (además con probidad), pero que no se les podía sancionar, mucho menos castigar debido a que las personas afectadas en su patrimonio o en su integridad no se presentaban a declarar; cuando lo hacían en los juzgados o tribunales no siempre aguantaban un careo. Bien, son infinidad de detalles que causaban esa mala o nula aplicación de las leyes en nuestro afamado Estado de derecho. También porque los sancionadores o encargados de la impartición de justicia no se apegaron a los criterios éticos, morales y neutrales que indican las leyes y su misión de buscar armonizar al ciudadano. Al contrario, aceptaron el soborno para dejar en libertad al infractor de la ley, en ocasiones asesorando de cómo actuar en caso de ser capturados o detenidos en flagrancia. En suma, esta impunidad y corrupción que mucho nos causó daños incluso irreversibles en nuestro tejido social ahora tienen que ser atacadas en el contexto del nuevo gobierno que apenas va en recorrido, por lo que ahora cuando se deshicieron esas cadenas de mando en donde estos flagelos eran una constante, ahora se tienen que atacar en otras perspectivas. Y si bien es cierto que quien acusa anteriormente estaba obligado a probar, ahora tiene que ser el Estado el que demuestre la culpabilidad de la persona imputada o bien a  la que se capturó en la comisión de un delito, pese a que haya sido detenida en flagrancia. Estas acciones de sanción, coerción o aplicación de las leyes a quienes cometen infracciones, delitos no graves e incluso crímenes (incluyendo los de lesa humanidad) deben ser considerados ahora con esta nueva perspectiva que detona en relación a un cambio de gobierno federal, que admite en su ser e identidad de una Cuarta Transformación, y considero que en el ámbito de las leyes, esto mismo debe evaluarse con esta nueva mirada, considerando que así estas mordazas a que obligan al individuo a callar o autocensurarse tienen que ser acotadas y eliminadas.