jueves, 27 de junio de 2019

POLICRÓNICA

Desverdad…Ya no hay duda la “verdad histórica” peñanietista se convirtió en una “desverdad histórica” al estarse cumpliendo largos 57 meses  de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante el fracasado gobierno de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora evidenciado por el nuevo régimen de la cuarta transformación al reinstalarse la Comisión para la Verdad y la Justicia.

Como se recordará la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia del estado de Guerrero, se registró un hecho que hasta el día de hoy no se ha esclarecido el caso que motivaron el asesinato de seis estudiantes y  la desaparición de los 43 de la rural “Raúl Isidro Burgos”. Eso generó indignación estatal, nacional e internacional, porque se habla de la intervención de elementos policiacos y militares del Estado mexicano, coludidos con la delincuencia organizada. Por ello han estado interviniendo organismos internacionales, porque lamentablemente las instituciones de México, están corrompidas, que no garantizan seguridad, mucho menos investigaciones científicas. Al estarse cumpliendo 57 meses de la “escena trágica”, los padres  de los jóvenes, no han cesado en su lucha, durante este tiempo, se conoce que han fallecido dos padres de familia sin que supieran en donde quedaron sus hijos. Pero su incansable persistencia por encontrar la verdad de los hechos y de sus hijos, no ha mermado, sigue ahí los familiares entre la impotencia y la rabia por ese crimen de Estado. Eso está obligando al nuevo régimen de la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prácticamente reabriendo el caso, ante infinidad de irregularidades y complicidades de los gobernantes que ya se fueron. Hasta  el día de hoy, por lo menos existe la viva esperanza de los 43 padres de familia de que encontrarán una explicación más certera, porque la llamada “verdad histórica” armada en su momento por el entonces cuestionado Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y su banda de delincuentes, lidereada por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien a manera de burla en voz baja, nunca con la cara en alto y en algunos eventos oficiales aprovechaba para deslizar en voz baja “ya están muertos”. Nunca tuvo los suficientes pantalones Peña Nieto para declarar oficialmente “muertos” a los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, pero tampoco informó, mucho menos entregó los cuerpos de los muchachos a sus afligidos padres. Esa fue la condenable postura del gobierno Peñista, que llevó al país al despeñadero, y ahora que llegó el nuevo régimen de la cuarta transformación pareciera que los medio atienden, los medio escuchan, se entiende de que es demasiadamente poco tiempo para que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrezca resultados, cuando el anterior se encargó de enterrar todas las evidencias y hoy en día, la actual administración la está desenterrando después de 57 meses de los hechos sangrientos en Iguala de la Independencia. Al estarse cumpliendo exactamente hoy cuatro años y nueves meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.Los padres de los normalistas siguen exigiendo investigación, ahora a todos los funcionarios involucrados en la construcción de la “verdad histórica”, incluidos a los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A la distancia de 57 se convirtió en la “desverdad histórica” en el caso de Ayotzinapa, por ello tienen razón en su demanda de los padres de los 43 para que se vuelva hacer la investigación desde el principio y se castigue a todos los responsables que sirvieron de tapaderas y cómplices para que no esclareciera nunca de lo sucedido. Sin duda, “Hoy esa verdad histórica del gobierno Peñista se fue abajo, ya no existe y no hay elementos para mantenerla”. Esto se cayó estrepitosamente al darse a conocer de manera “extraoficial” el video difundido la semana pasada en el que se observa a uno de los implicados siendo torturado por el entonces encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arieta. El día de ayer, desde el templete colocado en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, Meliton Ortega, tío de Mauricio Ortega, señaló que todas las instituciones involucradas en la investigación firmaron un “pacto de silencio” para proteger su investidura, desde la Procuraduría General de la República hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien se encargó de encubrir las prácticas de tortura implementadas para obtener las confesiones y dos días antes de terminar la pasada administración salieron a defender la llamada “verdad histórica”. Cierto, con total cinismo, insistieron en su porquería, pero afortunadamente ahora es la “desverdad histórica” para los 43 normalistas de Ayotzinapa  desaparecidos. También hay que recordar que durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el principal obstáculo y se encargó de descalificar las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de montar una estrategia de espionaje en la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, municipio de Tixtla, región centro de Guerrero, al igual que la organización de la comisión de padres. Pese a todo ello,  esos investigadores dejaron muchas dudas de ese trabajo que hiciera el Gobierno Peñanietista, más que verdades, fueron mentiras, y ahora eso se confirma, aunque oficialmente no se ha reconocido de esas torturas, pero  el estudio documento por lo menos más de una docena de personas detenidas en torno a los 43 y les fabricaron confesiones a base de tortura. En tanto se informó oficialmente de la detención de más de 120 personas, principalmente del crimen organizado, pero la mayoría no tiene nada que ver con la desaparición, son chivos expiatorios. Porque si realmente fueran los autores intelectuales, materiales y cómplices, a este tiempo, ya estuviera todo aclarado. Lo peor de todo esto,  es que  fue cómplice la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, con estas recientes evidencias pierde también credibilidad y respeto. Por ello ahora los padres están demandando con justa razón, “no queremos que la CNDH meta sus manos en la nueva investigación”. El día de ayer en la Ciudad de México, los padres de familia, en sus manifestaciones públicas,  y a  su paso por el antimonumento de los 43, los padres de familia realizaron un pase de lista y exigieron la presentación con vida de sus hijos. En ese lugar, externaron “Nuevamente nos encontramos en este lugar donde se encuentra el número + 43, que representa la vigencia de la exigencia por la presentación con vida y el castigo de todos los responsables”. El día de hoy jueves 27 de junio, cuando se están cumpliendo 57 meses de la escena trágica en Iguala de la Independencia, Guerrero, lo que ahora se tiene es la “desverdad histórica” y se rememorará en la ciudad tamarindera con varios eventos y reiterar su exigencia de la presentación convida de los 43 y justicia, además de ratificar el castigo para todos los responsables. Ahora al final del túnel, los padres de los 43 tiene una esperanza, confiaron en que con el acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación “muy pronto sabremos la verdad” sobre lo sucedido con los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Ahora que se ha reinstalado la Comisión para la Verdad y la Justicia, está llamando actores políticos, entre ellos el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero y el entonces Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quienes también por vez primera se reunieron con los de la comisión y con un grupo de  padres de familia, confirmó, Felipe de la Cruz Flores, quien afirmó que se espera la información de las distintas comisiones de padres se reúnan en Ayotzinapa para conocer los avances en la investigación, que podría ocurrir hoy jueves  al estar cumpliendo exactamente 57 meses. Los padres, sostienen que por lo pronto, “nuestra exigencia es que se nombrará al fiscal general, pero para nosotros el anuncio donde se crea una oficina especial para el caso Ayotzinapa nos da la tranquilidad en cierto momento porque eso quiere decir que va a empezar a trabajar nuestra comisión y avanzar hacia el paradero de nuestros jóvenes”. En medio de todos estos trabajos del nuevo gobierno federal, desde ayer ya se tiene a Omar Sánchez Trejo, nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, quien desde un principio se opuso a la teoría de la “verdad histórica” y ahora tiene la  gran oportunidad histórica de que sus percepciones las documente y muestre que nunca estuvo equivocado y ayude en realidad el esclarecimiento del paradero de los jóvenes normalistas, sin ningún ápice de duda. Sin duda, los padres de familia estarán fincando una esperanza en este nuevo servidor público federal, quien está convencido de que aquella farsa indagatoria que hasta ahora ha cobrado más víctimas, entre ellos la muerte de dos padres de familia que nunca supieron del paradero de sus hijos. Ahora, los padres de los estudiantes declararon que no renuncian a la esperanza de que la nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, les diga dónde están sus hijos. Y ratifican, “Si pensaron que con el tiempo nos iban a cansar y dejar esto en la impunidad hoy podemos decirles que se equivocaron, (…) ya se está viendo el fruto del trabajo de los padres, pero también del pueblo de México y les decimos que vamos hasta el final”. Más vale pasos firmes, que fincar falsas esperanzas para los padres de familia de los desaparecidos normalistas guerrerenses.

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