miércoles, 5 de junio de 2019

POLICRÓNICA

Oples…“Si hay una elección cada tres años, ¿por qué mantener Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)?, no tienen razón de ser en un nuevo régimen de la Cuarta Transformación que impulsa la austeridad republicana, además ese trabajo lo puede desarrollar el Instituto Nacional Electoral (INE) con más capacidad y profesionalismo pues cuenta con toda la estructura nacional, en Guerrero han incumplido con su misión.

En Guerrero se cuenta con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral  del estado de Guerrero (TEEGro), lamentablemente ambos organismos no ha cumplido con su misión, su trabajo ha quedado entredicho, no obstante que disponen de presupuestos millonarios. Muchos conflictos han sido resueltos por el Instituto Nacional Electoral y las controversias por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes han emitido sentencias que les han dado la razón a cada una de las partes en conflicto cuando se han presentado en los comicios. Entonces, si es necesario que se centralice el trabajo en un solo órgano como es el Instituto Nacional Electoral (INE) y el el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambas instancias en México, cuentan con toda la estructura y personal profesional totalmente capacitado.Los verdaderos mexicanos que tienen conciencia y aspiran vivir un nuevo escenario de la política en México con más democracia, estarán a favor en todo momento la propuesta que hace desde un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de reemplazar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los Tribunales Electorales de cada entidad federativa, en un solo sistema federal. La opción, iría de acuerdo con la política de austeridad impulsada por la administración federal desde el 1 de diciembre del 2018. Unificar todo el trabajo electoral  de cada tres años debe estar acorde con la homologación de los comicios federales y locales, en la que se eligen diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Con los pasados comicios del 2 de junio en seis estados y con la elección de dos gobernadores (Baja California y Puebla)  paulatinamente se va cerrando la ruta de homologación comicial, llegará el momento que en todo México, habrá dos periodos elecciones uno cada tres años, en el segundo, en seis años para renovar presidencia de la república y senadores de un periodo de seis años, en ese mismo día será para elegir diputados federales que duran en el cargo tres años. Entonces vienen nuevos tiempos y con otro escenario, por ello es necesario que los actuales diputados federales y senadores del país, se ponga de acuerdo y a trabajar para federalizar el sistema electoral, y sea un solo organismo nacional que se encargue de las elecciones y también de las calificaciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que desaparezcan los Tribunales Electorales de cada estado del país. Todo enmarcado en la política de la austeridad que impulsa López Obrador, para que no se siga gastando el presupuesto, que es dinero de los ciudadanos mexicanos, sin justificación. Se debe entender perfectamente que se destina “mucho gasto” para estos aparatos electorales locales, consejos y tribunales locales, pues se buscaba “guardar las apariencias” y seguir cometiendo fraudes electorales. Seguir manteniendo en cada estado los llamados Institutos Electorales y de Participación Ciudadana (IEPC) y Tribunales Electorales del estado, es como aceptar que siga imperando la corrupción, sin garantía de democracia, y seguir gastando mucho y  guardando las apariencias para que se legalizara el fraude. Es criticable que se mantengan ese tipo de organismos cuando se realizan elecciones cada tres años, por ello surge la pregunta “Si hay una elección cada tres años, ¿por qué mantener un aparato administrativo los tres años?” Entonces la iniciativa no está descabellada en suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y concentrar sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), igual desaparecer los Tribunales Electorales  de los estados, funciones que  ya en la práctica realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que resuelve, lo tienen que acatar los tribunales de los estados, y normalmente así ha sucedido. Con la desaparición de los Oples, se dejarían de erogar más de nueve mil millones de pesos. Entonces es urgente tener procesos electorales más austeros. Para lograrlo, los 500 diputados federales, en donde es mayoría Morena, están obligados desde ya comenzar su análisis y plantear  las modificaciones de los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución para eliminar a los órganos locales electorales. Es viable la desaparición de los Oples, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha demostrado capacidad para poder instalar casillas electorales en cualquier parte de México, además de que en la actualidad es la máxima autoridad en esa materia. Es mucho dinero que se ahorrarán los mexicanos al desaparecer los Oples, por ejemplo el Estado de México, donde si no existiera el Ople, este año se ahorrarían mil 100 millones de pesos; o el estado de Veracruz donde dejaría de gastar 600 millones de pesos y en el caso de Guerrero más de 500 millones de presupuesto incluyendo el Tribunal Electoral del estado. Son cantidades muy importantes, tomando en cuenta las necesidades que tienen cada entidad en materia de salud, seguridad, educación, asistencia social. La iniciativa está presentada desde el 7 de marzo en el Congreso de la Unión, y la única finalidad que tiene es de  generar austeridad en materia electoral; incluso al desaparecer los Oples, los estados tendrían muchos más recursos para poder realizar obras o destinarlos a la gente que realmente lo necesita. Es más trasciende que en esta primera quincena de este mes de junio, el Grupo de Trabajo para la reforma en la Cámara de diputados federal, llevará a cabo foros de parlamento abierto para estudiar los temas relativos a la reforma Electoral y del Estado. En esos foros se planteará la asistencia de representantes de instituciones electorales, partidos políticos, tribunales, académicos, especialistas, quienes podrán exponer sus posturas en torno a los retos del país en esta materia. Sobre esta excelente iniciativa del nuevo régimen de la Cuarta Transformación, en Guerrero hay total oposición por el consejero presidente del Instituto  Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), J. Nazarín Vargas Armenta quien definitivamente no está de acuerdo en la desaparición al sostener que en caso de concretarse la desaparición de las entidades electorales locales, el INE se vería rebasado para organizar procesos en los estados, sin una estructura suficiente. Sin embargo es contradictorio, porque quien organiza en todo México las elecciones presidenciales, senadores y diputaciones federales, es precisamente el INE, entonces añadirle dos o tres boletas más, de gobernador, presidentes municipales y diputados, será las mismas casillas, y será un poco de papeletas. Esa es la única diferencia, y la otra es que se gastaría menos dinero, y ya no se mantendrían ese par de “elefantes blancos” IEPC y TEEGro, que nada más se gasta mucho dinero, sin ofrecer realmente resultados democráticos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Ramón Ramos Piedra el lunes pasado expresó en una ceremonia que antes de pensar en el cambio en la estructura electoral en aras de economizar recursos se debe considerar su contribución política, social y hasta humana. Esto ocurrió, lo que nunca antes en 27 años de vida y de su fundación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, ante el preludio del funeral, como nunca antes, se entregaron reconocimientos a ex magistrados en medio de una ceremonia  de quema de bandera a cargo del Ejército Mexicano, ante la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, en la explanada del Tribunal. En ese evento y casi a nombre del IEPC y TEEGro, el magistrado Ramos Piedra ratificó que es necesario reflexionar que en sus casi tres décadas se ha pasado de un régimen de partido hegemónico a ser ejemplo de modelo de libertad democrática para muchos países. Dijo que en Guerrero no existe un rincón electoral en donde la alternancia política no sea una realidad tangible lo cual, consideró, habla del grado de conciencia social, de las voluntades ciudadanas y de políticos comprometidos con la democracia. Recordó que hace años se erradicaron los enfrentamientos sociales para dar paso a las contiendas jurídicas, lo cual da sentido y razón a la existencia del Tribunal. “Si las razones legales, políticas, sociales e históricas no justifican la presencia y permanencia de este Tribunal, me vuelvo ahora a la parte humanista (…) la nobleza de esta institución radica principalmente en el empeño, el profesionalismo, dedicación y de su parte humana, es decir la eficiencia de su personal. Estamos involucrados casi un centenar de ciudadanas y ciudadanos dignos y comprometidos con las actividades de este tribunal y son ejemplo para la sociedad en la que se desenvuelven; contribuyendo así a la sustentabilidad económica de sus familias”. En su mensaje utilizando la demagogia, y para no quedarse rezagado, el gobernador del estado, el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, mencionó que en 27 años, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero se ha convertido en un pilar de la vida democrática de nuestro estado. Ante consejeros y representantes de partidos políticos, el ejecutivo guerrerense hizo votos para que esta institución siga sirviendo de la mejor manera a los guerrerenses con transparencia, con oportunidad, sapiencia, honestidad y con apego a la ley.  Como Astudillo Flores sabe que viene Morena empujando fuerte la reforma electoral, alcanzó a decir a manera de despedida antes de que desaparezca los Oples, “Deseó que esta institución siga trabajando comprometida con los mayores intereses de este estado y comprometidos con este proceso democrático que se vive todos los días en el país”.  Se está demostrado que los Oples, ya no están haciendo su trabajo, sino que es una carga y obesa burocracia que les sale caro a los mexicanos seguirlos sosteniendo. La última pifia cometida del órgano electoral local, es el caso del candidato a gobernador  de Baja California,  Jaime Bonilla Valdez, quien ganó, de acuerdo a los primeros reportes de los resultados preliminares, pero está siendo impugnado, por su más contrincante competidor y si el caso lo lleva a los tribunales federales, no hay duda que le van a dar la razón y lo tumbará. Bonilla Valdez,  está impedido por la Constitución Política de Baja California para ser gobernador del Estado, es inelegible porque incumple dos requisitos fundamentales: ser ciudadano mexicano y tener vecindad en la entidad con residencia efectiva, de por lo menos quince años inmediatos anteriores al día de la elección. En tanto el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, quien impugnará los comicios a la gubernatura de este 2 de junio que favorecen al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia. No hay dudas de que  Martínez Veloz  con su impugnación de “elegibilidad” de Bonilla Valdez, con un recurso que interpondrá entre hoy 5 y 17 de junio, periodo en que el Instituto Estatal Electoral (IEE) entrega la constancia de mayoría al candidato que obtuvo más votos. El perredista sentencia de que tiene las pruebas irrefutables para demostrar que Jaime Bonilla Valdez es ciudadano estadunidense, con residencia oficial en San Diego, California y que hace apenas tres años, en 2016, se registró una vez más como candidato para contender por el cargo de director del Distrito de Agua de Otay, elección en la que sólo participan ciudadanos estadunidenses. Este trabajo sin duda debió haberlo hecho el Instituto Electora de Baja California, y haberle negado el registro el mexicano-americano. Ahora Martínez Veloz y sus abogados, pretenden demostrar que Jaime Bonilla Valdez, quien de acuerdo con cifras preliminares ganó la elección este domingo 2 de junio, está imposibilitado legalmente para asumir la gubernatura del estado. El candidato perredista, afirma contundentemente “Contamos con las pruebas documentales, certificadas por el Registro de Votantes de San Diego, por un notario público de California, apostilladas por el gobierno de California, traducidas al español por un perito oficial y un notario público mexicano, que acreditan que durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 Jaime Bonilla Valdez seguía  apareciendo como votante en ese país y, a la vez, realizaba trámites oficiales para acreditarse como responsable de un Comité Político Electoral, a fin de participar como candidato al cargo de Director del Distrito de Agua de Otay en la Ciudad de San Diego”, Conforme a la normatividad vigente en Estados Unidos, para poder realizar esos trámites como representante de un Comité Político Electoral y candidato a director del Distrito de Agua de Otay, obligatoriamente se requiere, “ser reconocido como ciudadano norteamericano y residente de ese distrito”. Este solo hecho, subrayó Martínez Veloz, inhabilita a Bonilla Valdez para ser reconocido como ciudadano elegible en nuestro país, en donde para la gubernatura de Baja California, se establece como condición una residencia efectiva de 15 años, en el artículo 41, fracciones I y III de la Constitución Política del Estado. El legajo de documentos que sustentan la impugnación, incluye el formato 37 BD 614091 firmado por L. Miche Vu, titular del Registro de Votantes del Condado de San Diego, con el formulario “Es Usted un Ciudadano de Estados Unidos”, que certifica la ciudadanía estadunidense de Bonilla Valdez. Destaca también la declaración del Comité de Campaña de Jaime Bonilla Valdez, como aspirante al cargo de director de la Junta de Aguas de Otay (Jaime Bonilla for Otay Water Board), presentada ante el Secretario de Estado de California, suscrita por la tesorera María Stere y por el propio candidato el 3 de marzo de 2016. En esa declaración –la más reciente de que se tiene registro en documentos cuyas copias obran en poder de 4 Vientos y Agemcoa de Proceso, Bonilla Valdez declara como domicilio oficial 296 H Street 2do Piso, código postal 91910 en Chula Vista, California, e informa haber recibido 41 mil 033.53 dólares en efectivo para su campaña por la dirección del Distrito de Agua de Otay. Las aportaciones monetarias, según consigna Bonilla en varias declaraciones del formato 460 del estado de California, provienen de la empresa Quetzal Bilingual Communications, a partir de un crédito de Seacoast Commerce Bank, manejado en la cuenta bancaria 01500-1250. Como se puede leer los órganos electorales locales, no cumple cabalmente con su  trabajo, simplemente están ocupando un espacio y cobrando mucho dinero, sin ser realmente garantes de la democracia de cada uno de los 32 estados del país y el caso Guerrero, está en la misma situación, en las elecciones  pasadas en que se eligieron 81 presidentes municipales y diputados locales, hubvo varias denuncias, en la que los consejeros del IEPC y magistrados del TEEGro, avalaron, pero finalmente les enmendaron la plana los magistrados  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces está comprobado de que no son garantes de nada, ni estáni preocupados por la democracia, sino por los altos salarios que reciben tanto consejeros como magistrados. El caso de Baja California, será un caso inédito de que se le caiga la gubernatura a Morena, porque el órgano electoral hizo mal su trabajo.  Este será un elemento fundamental, para que los diputados federales y senadores aceleren la Reforma Electoral para desaparecer los Oples y todas las elecciones las organice el INE, instancia que es dueño del padrón electoral de todo México y también está probado de que tienen capacidad para organizar y desarrollar las elecciones en todo el país....Libro....La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a cargo de Patricio Medina Andrade, presidente estatal y Antonio Alcocer Salazar, presidente de la región centro, están invitando para mañana 6 de junio a  las 11:00 de la mañana a la presentación del libro “La Política en el Pensamiento en la Acción de Alejandro Cervantes Delgado” de la autoría del escritor Juan Sánchez Andraca. El evento será en el vestíbulo del auditorio estatal “Sentimientos de la Nación”. Los presentadores serán Margarita Nava Muñoz y Alvaro Urreta Fernández, y se tendrá la intervención artística de Berza Azabay.

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