martes, 2 de julio de 2019

NOTA

40 mil desaparecidos y 2 mil fosas, ya
se nombre fiscal de derechos humanos
Más de 40 mil desaparecidos y más de 2 mil fosas clandestinas son sólo la punta del iceberg de la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país. Nuestros desaparecidos no tienen justicia y nosotros, sus familiares no tenemos paz, señaló  el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Mediante un comunicado  compartido a La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, explican que por esta razón, seguimos elevando nuestra voz para que se atienda a nuestras demandas con un
a seria voluntad política que le ponga fin a la impunidad y proteja los derechos humanos tanto de nuestros desaparecidos como de los que aún clamamos por justicia.
En este sentido y ante el vencimiento del plazo de la designación del Fiscal especializado de Derechos Humanos a nivel federal el próximo 18 de julio,  vemos la oportunidad de que el Gobierno federal cambie la historia de administración de justicia de este país en casos de graves violaciones a derechos humanos.
Su cargo es fundamental para el país porque atenderá los casos de personas que están colocadas por el Estado en un situación de vulnerabilidad, como migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes; atenderá también fenómenos y delitos que son los que más dañan a la sociedad como la desaparición forzada, la trata de personas, feminicidios,  tortura y los delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Debido a la importancia de su competencia en un contexto de crisis de violaciones a los derechos humanos que sufre el país, la persona designada tendrá la oportunidad de hacer las cosas de distinta forma y cumplir el rol que le corresponde en el curso de la administración de justicia y protección de los derechos humanos de la población en general y  particularmente a quienes hemos visto vulnerados nuestros  derechos  consecutivamente a través de los años durante la búsqueda de nuestros seres queridos.
La designación del Fiscal especializado de Derechos Humanos es crucial para cambiar la historia en relación a los derechos humanos en este país.
Por esta razón, nosotros los familiares de personas desparecidas exigimos que el proceso de  designación tenga máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación como lo marca el artículo 14 de la Ley orgánica de la Fiscalía. También solicitamos que la persona designada como titular, cumpla con el perfil que se requiere para frenar la impunidad en que se han visto envueltos los casos de desaparición forzada, así como los cometidos contra mujeres, niñas, periodistas, migrantes, entre otros.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía en sus artículos 22 al 26 señala que el fiscal deberá realizar un perfil, hacerlo público, lanzar una convocatoria y escuchar a las víctimas y a las ciudadanas y ciudadanos. Cualquier nombramiento que no cumpla con estos pasos implica una violación a la Ley.
Consideramos que dada la importancia de este cargo, el perfil que elaborará el Fiscal General para el cargo del Fiscal de Derechos Humanos, deberá contener los siguientes requisitos: ser una persona independiente, no vinculada con ningún poder político o económico, con reconocida honorabilidad y prestigio profesional, amplio conocimiento, alta calidad técnica y trayectoria en el campo de los derechos humanos, conocimiento en la procuración y administración de justicia y combate a la corrupción.
Por varios sexenios la Fiscalía General de la República (antes PGR) ha tenido una deuda con familiares de personas desaparecidas. El cargo de Fiscal de DH es fundamental porque será la vía de coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para que se pueda cumplir la ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y será punta de lanza para la actuación de los Fiscalías Locales de Desaparición Forzada. Poner un titular que no tiene la experiencia, trayectoria, ni el reconocimiento de las familias y una honorabilidad probada, alejará a las víctimas de la procuración de justicia y por el contrario hará su camino mucho más difícil. Es obligación del Fiscal y del Senado escuchar a las familias en este nombramiento y hacer una elección transparente que le de legitimidad a quien ocupará este cargo.

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