jueves, 29 de agosto de 2019

SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA CON FOTO

Tiene Acapulco 1504 laudos
laborales y Chilpanicngo 115

Luis Jijón León.--Con mil 504 demandas de extrabajadores, el municipio de Acapulco encabeza la lista de laudos laborales en Guerrero, seguido de Zihuatanejo con 368 y en un tercer lugar Taxco de Alarcón con 346, de acuerdo con información del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Le sigue el ayuntamiento de Atoyac de Álvarez con 302 laudos; Iguala  de la Independencia 192; Ometepec 178; Petatlán 161; Chilapa de Álvarez 146; Coyuca de Benítez 114; Tix
tla 133 y Chilpancingo 115.
En la lista se encuentra también el municipio de Pungarabato con 114 laudos y Tecpan de Galeana 112, sumando un total de 3 mil 815 demandas contra ayuntamientos de extrabajadores por despidos injustificado, con una deuda de tres mil millones de pesos.
En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles diputado Alfredo Sánchez Esquivel dio a conocer los datos durante la propuesta de exhorto a los ayuntamientos para que asumen su responsabilidad en pago de los laudos, punto de acuerdo que fue rechazado por diputados del PRI y PRD.
El diputado dijo que la falta de coordinación entre las áreas jurídicas y administrativas de los ayuntamientos y no cumplir adecuadamente con los procesos administrativos de cese de plantillas enteras de empleados de una administración a otra provoca la ola de laudos por despidos injustificados.
Advirtió también sobre la intervención de despachos jurídicos de “dudosa reputación” que se encargan de darle seguimiento a las demandas laborales, derivándose que en el transcurso de los años de los procesos legales se incrementan “los montos de indemnización”.
De igual forma hay casos de laudos millonarios individuales y colectivos, la mayoría de ellos sin una información fidedigna de su legalidad.
Las últimas disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de solo considerar un año de salarios caídos en cada juicio y en la resolución de contemplar la destitución de funcionarios públicos con responsabilidad en el no pago de una sentencia condenatoria, son de alguna forma, de acuerdo con el diputado, una gran medida de contención de la problemática.(bajopalabra.com.mx).

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