Exigen escuela digna y
autoridades se amparan
Andrea Vega.XOCHIHUEHUETLAN, GRO.--Alumnos y padres de familia de la secundaria “Nicolás Bravo”, del municipio de Xochihuehuetlán, región de la montaña de Guerrero, demandaron de forma colectiva a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la falta de salones, agua, luz y sanitarios que les permitiera tomar clases de manera digna. La dependencia hizo algunos arreglos a la escuela y se amparó, en un proceso que ya lleva tres años.
En enero de 2015, 65 padres, madres y tutores, y 88 alumnos de la escuela secundaria “Nicolás Bravo” ubicada en el municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, presentaron una demanda de acción colectiva en contra de la Secretaría de Educación Pública de la entidad por violar el artículo 3º constitucional y prestar el servicio educativo de manera deficiente.
A pesar de tener más de cien alumnos inscritos, la escuela no contaba con servicio de agua, luz, sanitarios, bardas perimetrales, canchas o plaza cívica. Los salones estaban construidos con horcones de madera, techos de láminas, carrizo, alambre de púas, malla alambrada y sarapes.
La demanda interpuesta por los padres contra las autoridades federales, estatales y municipales se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero con sede en Chilpancingo.
Se le asignó el número de expediente Acción Colectiva en Sentido Estricto 1/2015. Fue la primera tramitada en toda la historia de la entidad bajo esta figura, usada para proteger el derecho de un grupo de personas frente a uno o varios proveedores. En respuesta a la demanda, las autoridades educativas hicieron algunos arreglos en la escuela y luego se ampararon.
En entrevista, el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, informó que se invirtieron tres millones y medio de pesos en el plantel -canalizados por la federación, el gobierno del estado y el municipio- con los cuales se construyeron cuatro aulas, una plaza cívica y baños. Sin embargo, la escuela a la fecha sigue sin agua, drenaje ni luz, informa la defensa legal de los demandantes.
De acuerdo con la ley, el Estado tiene la obligación de hacer que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de México.
La normativa aplicable estipula que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, pertinencia, entre otros. Solo que en la secundaria de Xochihuehuetlán, el Estado no estaba garantizando este derecho.
Así que en septiembre de 2014, autoridades y miembros del Consejo Escolar de la secundaria dirigieron una carta a la organización civil Mexicanos Primero, enfocada en temas educativos, para solicitarle apoyo en la construcción de la infraestructura y equipamiento de la escuela.
El equipo de trabajo de Mexicanos Primero acudió a las instalaciones del plantel y las encontró en condiciones precarias. El brazo jurídico de la organización, Aprender Primero, dio acompañamiento a los padres y alumnos para presentar la demanda contra Secretaría de Educación Pública (federal), el presidente de la República, la Secretaría de Educación de Guerrero, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio de Xochihuehuetlán.
Todas estas autoridades interpusieron recursos legales contra la demanda en algún punto del proceso, informa la abogada de Aprender Primero, Andrea Alcántara, excepto el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio. “La SEP federal, por ejemplo, apela desde que se admite a trámite la demanda. En lugar de que la autoridad acepte que tiene una obligación concurrente de construir una infraestructura adecuada, empieza a usar los recursos legales para que esto no siente precedente”.
El primer revés legal que recibieron los padres llegó el 12 de septiembre de 2016, cuando un juez declaró improcedente la acción colectiva, con el argumento de que los demandantes no eran consumidores, sino que recibían un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada. Los demandantes interpusieron un recurso de apelación, mismo que se resolvió el 9 de marzo de 2017, en el sentido de declarar procedente la vía de la acción colectiva.
Fue entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Guerrero interpuso un amparo directo en contra de la sentencia de apelación, admitido el 18 de abril de 2017. La SEP de la entidad se amparó en el mismo sentido. Ambos procedimientos siguen en litigio.
PRECEDENTES DE ACCIÓN COLECTIVA
El secretario de Educación de Guerrero afirma que el objetivo del amparo interpuesto no es incumplir con la obligación de proveer infraestructura para la escuela, sino impugnar la parte de la demanda que solicitaba indemnizar a los padres de familia y a los alumnos.
Sin embargo, la defensa legal de los demandantes asegura que esto no es así. “Lo que se solicitó fue que se cubrieran los daños de forma individual a los miembros de la colectividad, y que eso se aplicara directamente en un fondo de mejora en beneficio de la escuela. Pero el amparo de las autoridades no va en ese sentido; ellos se amparan en contra de la sentencia de apelación, que le da vía a la acción colectiva”.
De acuerdo con el resumen de los procedimientos del expediente, disponible en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, los amparos de ambas secretarías (Obras y Educación de Guerrero) efectivamente son en contra de la sentencia que admite la acción colectiva.
El director general de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía, considera que la reticencia de las autoridades ante la demanda es por el precedente que sentaría. “Conseguir que las familias se pongan de acuerdo para emprender este litigio en contra del gobierno del estado, y que las familias que van ingresando a la escuela se adhieran al proceso, junto al trabajo pro bono de los abogados involucrados en el caso, es algo poderoso”.
Las autoridades “buscan impedir que haya un pronunciamiento del Poder Judicial respecto a que la acción colectiva es la vía para reclamar que la infraestructura es un elemento que garantiza el derecho a la educación”, enfatiza Alcántara. “Eso sentaría un precedente y empoderaría a otras comunidades para proceder igual”.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció en su tercer informe de gobierno, en septiembre de 2015, lo que calificó como “la mayor inversión en infraestructura educativa realizada en el país”: 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) para apoyar a 33 mil planteles, apenas el 16.7% de las 196 mil 960 escuelas públicas de nivel básico que hay en México. Tan solo de secundarias suman 34 mil 102 públicas. Lo que quiere decir que con la meta propuesta, el gobierno de Peña Nieto no alcanzaría a cubrir ni las escuelas de este nivel.
Las condiciones en la que se encuentran la mayoría de los planteles en México no son favorables. El Panorama de la Educación 2015, del Sistema Educativo Nacional, marca que en ese año 71.4 % de las primarias del país tenía un salón de clase para cada grupo; 66.2 %, agua suficiente; 42.8 % contaba con mesabancos en buen estado y 16.8 % tenía sanitarios para estudiantes con discapacidad.
Respecto a las secundarias, 94.9 % tenía un salón de clase para cada grupo; 65.7 % contaba con agua suficiente, 45.5 % disponía de mesabancos en buen estado y solo 17.9 % tenía sanitarios para estudiantes con discapacidad.
El avance para cumplir la meta de las 33 mil, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) respecto al programa Escuelas al Cien, señala que de los 50 mil millones de pesos destinados para esto se han monetizado el 67.69 % (33 mil 500 millones) y se ha beneficiado a 22 mil 700 planteles (lo que representa un avance de 68.8).
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.(@EAndreaVega/animalpolitico.com).
